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“El gerente no da la cara porque no ha puesto un tornillo”: Santiago Osorio sobre el Fondo Milagro

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En esta entrevista, el representante a la Cámara Santiago Osorio denuncia la falta de gestión, rendición de cuentas y avances tangibles en la atención a las víctimas del desastre que afecta al Eje Cafetero y otras regiones del país. Osorio critica severamente al gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, por ausentarse por tercera vez del debate de control político programado en el Congreso de la República. El legislador argumenta que el gobierno y las entidades a cargo han fallado en responder con prontitud y eficacia a más de 776.000 damnificados, recurriendo a esquemas de contratación privada que limitan la transparencia y evaden la supervisión disciplinaria de los órganos de control.

Cancelación del debate de control político y falta de gestión

El representante Santiago Osorio cuestiona la decisión de Jaime Uribe, gerente del Fondo Milagro, de cancelar su asistencia a la citación del Congreso bajo el argumento de acompañar al presidente en un viaje a Roldanillo. Según Osorio, esta constituye la tercera cancelación consecutiva y evidencia el temor del funcionario a responder públicamente, señalando que en el terreno no se han realizado obras concretas ni se ha avanzado significativamente en la reconstrucción. Aunque Uribe envió un documento de once páginas a última hora para responder el cuestionario de los congresistas, el representante asegura que el debate se llevará a cabo para exponer ante la opinión pública las diversas irregularidades detectadas en la gestión de la tragedia.

Contraste entre los recursos reportados y la realidad de los damnificados

Frente a los datos entregados por la gerencia, que reportan la ejecución de cerca de 7.400 millones de pesos principalmente en demoliciones y la contratación de apenas 26 personas de una planta proyectada de más de un centenar, Osorio cuestiona el destino real de estos fondos. El congresista denuncia que en los recorridos por zonas de Caldas y Risaralda persisten condiciones precarias, con personas habitando en carpas y cubriéndose con plásticos. Asimismo, menciona compromisos incumplidos en puntos emblemáticos como la Catedral de Manizales y recuerda la existencia de 200 millones de dólares provenientes de un organismo internacional ingresados tras el terremoto, recursos que a su juicio no se ven reflejados en la atención oportuna a los afectados.

Opacidad jurídica y el papel de Fiducoldex

Uno de los aspectos centrales de la crítica radica en la constitución del Fondo Milagro mediante un patrimonio autónomo regido por el derecho privado. Esta figura impide que la Procuraduría ejerza acciones disciplinarias directas sobre el gerente, obligando al Congreso a enfocar el control político sobre el ministro de Hacienda y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Además, Osorio denuncia que Fiducoldex, entidad encargada de administrar el fondo, recibe más de 350 millones de pesos mensuales de los recursos de la tragedia y ampara la reserva de información bajo manuales de contratación privada, impidiendo a los congresistas y a la prensa examinar a fondo la toma de decisiones y el papel de la junta directiva.

Puntos clave de la entrevista

  • El gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, canceló por tercera ocasión su comparecencia a un debate de control político en el Congreso de la República.
  • El Fondo Milagro reportó la ejecución de 7.400 millones de pesos orientados a demoliciones y cuenta únicamente con 26 personas contratadas para atender a más de 776.000 damnificados.
  • Las zonas afectadas continúan en estado crítico, con familias viviendo en carpas, sin que se evidencien avances estructurales ni cumplimiento de promesas gubernamentales.
  • La administración del fondo opera a través de un patrimonio autónomo bajo Fiducoldex, esquema privado que cobra más de 350 millones de pesos mensuales de comisión y dificulta la vigilancia fiscal y disciplinaria.
  • El control político formal del Congreso deberá concentrarse en los ministros y directores públicos vinculados, ante las restricciones legales para sancionar administrativamente al gerente del patrimonio autónomo.