Martha Carvajalino, la Ministra de Agricultura, propone un nuevo pacto para hacer la reforma agraria

               You know that sound. It's the sound of a friend paying you back for yesterday's coffee. Or it's your Venmo group settling up rent with your roomies. Or even the sound of you paying your dog groomer. So, what's your Venmo? Si Colombia tiene un futuro, ese futuro tiene que ver con su agricultura, con el desarrollo de ese renglón que por muchos años ha estado retrasado por cuenta del conflicto que vivió Colombia. Desde que llegó Gustavo Petro al poder, una de las buenas noticias fue que por primera vez el Ministerio de Agricultura no fue el Ministerio Cenicienta, porque se le entregaron nueve billones de pesos para que se fortaleciera la agricultura, se incentivaran los proyectos de desarrollo rural y se hiciera la reforma agraria. El aumento del presupuesto llegó con una promesa, la de que en estos cuatro años el gobierno de Gustavo Petro iba a aportar cerca de un millón quinientas mil hectáreas, de los tres millones que se necesitaban para que llegaran al fondo de tierras con el propósito de hacer una reforma agraria. Y que ese millón quinientos iba a salir en gran parte de un acuerdo con FEDEGAN, que es el gremio de los ganaderos, considerado como uno de los grandes tenedores de la tierra en Colombia. La idea de que un gremio como FEDEGAN, que siempre había tenido sus serios reparos a una reforma agraria, se juntara con un gobierno de izquierda para sacar adelante esta propuesta y esta idea de hacer una reforma agraria prendió todas las luces del optimismo en un terreno en el que siempre la ideología se ha impuesto sobre las necesidades de un país. Sin embargo, a pesar de que los astros se estarían alineando para que la reforma agraria pueda ser posible en Colombia, los avances luego de dos años no son los esperados. Y es evidente que ya este gobierno no va a cumplir su promesa de poner en la canasta del fondo de tierras 1.500.000 hectáreas para la reforma agraria. Tampoco ha ayudado el hecho de que en estos dos años haya habido más de tres ministras. La primera, Cecilia López, una economista de grandes quilates, que fue la que firmó el acuerdo con Fedegán. Ella fue reemplazada por otra gran experta en materia de tierras, Jennifer Mojica, quien estuvo aquí en Afondo y nos contó cuáles habían sido los desafíos más grandes que ella había encontrado para sacar adelante la reforma agraria? Y uno de ellos fue precisamente la falta de instituciones agrarias, porque muchas de ellas son demasiado nuevas y todavía no han sido afiladas. no han sido afiladas. Pero el problema en Colombia es que las reformas agrarias no se hacen, o la última que fue la de Yera Restrepo, no se hace porque hay una violencia atada a la tierra. En Colombia la tierra se ha vuelto un factor de poder que consolida las élites políticas y las élites económicas, que suelen ser las mismas. Y en esa guerra cruda que tenemos de más de medio siglo, pues la tierra ha sido la causa, la consecuencia también y el motivo principal de la guerra. Lo cierto es que después de dos años de gobierno, solo se han comprado 112 mil hectáreas de tierra, es decir, menos del 10% de las 1.5 millones de hectáreas prometidas. La buena noticia es que un instrumento que faltaba para que los procesos agrarios se hicieran mucho más rápidos, se está ya consolidando. Se llama la justicia agraria y que tiene que ver con la creación de un tribunal agrario que se responsabilice solo de estos procesos agrarios y rurales, precisamente para acelerarlos y que se puedan sanear las tierras, titularlas y de esa manera impulsar más rápidamente una reforma agraria. Ese y otros temas son los grandes desafíos de la nueva ministra, una crack, Marta Carvajalino. Ella es abogada especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en la investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Es una experta en Derecho Agrario y Ambiental y en conflictosrarios y ambientales en Bogotá, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en el Ministerio del Medio Ambiente, en parques nacionales y en agencias de cooperación internacional como la OIM, la FAO y GIS. Se ministra de Desarrollo Rural entre junio de 2023 y enero del 2024. Pero se salió de ese cargo porque no compartía muchas de las políticas que en ese momento estaba adelantando la entonces ministra Jennifer Mojica. Ella es Procuradora Judicial Segunda Agraria y Ambiental y forma parte de la carrera administrativa desde el 2016 y está en encargo mientras ocupa el cargo de Ministra de Agricultura. Ministra, bienvenida aquí a fondo. Muchas gracias María Jimena por darnos este espacio para contar qué estamos haciendo y poder hacer de la manera más clara las apuestas que tiene este gobierno. La conformación de la jurisdicción agraria y que le da los últimos toques o retoques para que se consolide y se conforme la jurisdicción agraria. Yo quiero que nos explique por qué es importante que en el país se esté creando una jurisdicción agraria, es decir, un tribunal solamente dedicado a solucionar los procesos agrarios y rurales. Y lo que quisiera es que nos explicara cómo es que eso va a incidir en que se pueda agilizar la reforma agraria en Colombia. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que la justicia agraria es un anhelo normativo y del pueblo colombiano que ya puede tener 100 años. La primera expresión que nosotros tenemos de jueces de tierras está en la Ley 200 de 1936, donde se le asignaba a unos jueces especializados la resolución de los conflictos de invasión, de ocupación, de posesión, los reivindicatorios, en términos de que esos conflictos que ya teníamos en el año 36 sobre la tierra pudieran ser resueltos por un juez de manera independiente y de manera autónoma. Eso no se logró concretar de manera clara, creo que hubo un solo juez. En la primera reforma agraria, en la ley 135 de 1961, nuevamente hacemos alusión a esos jueces que tenían que tener especialidad en el tema agrario. Creamos al interior del Consejo de Estado una sección especial para resolver los temas agrarios, para que revisaran las decisiones administrativas sobre los procesos de clarificación, sobre los procesos de extinción, sobre los procesos posteriormente creados en el 89 de Deslinde, y en el año 89, con unas facultades extraordinarias del presidente de la República, se creó la jurisdicción agraria una jurisdicción que estaba dentro de la jurisdicción ordinaria que tenía jueces y tribunales especializados no se crearon salvo una sala especializada en el tribunal de antioquia y se le otorgó a los jueces civiles entonces la necesidad de resolver los asuntos agrarios por eso muchas salas se llamaban hoy están recuperando nombre sala civil y agraria. Y se tomaron decisiones importantes, no obstante eso se diluyó con la entrada del Código General del Proceso, ese intento de la justicia agraria finalmente se liquidó y es muy importante que en el Acuerdo de Paz se haya recuperado esa intención de la justicia agraria que nos permitiera abordar los conflictos no sólo sobre la tierra, sino los conflictos de la producción agropecuaria que han marcado los conflictos entre propietarios, poseedores y ocupantes a lo largo de la historia. Durante los gobiernos anteriores se presentaron unos proyectos de ley tendientes a cumplir con el acuerdo que creaban jueces especializados dentro de la jurisdicción ordinaria, como lo tenemos hoy en los jueces de restitución de tierras. Ninguno de esos proyectos llegó a buen término en el legislativo y este gobierno lo que hace es asumir con decisión la jurisdicción agraria, con varias características. Primero, ¿qué es una jurisdicción? No es una especialidad dentro de la civil, no es una especialidad dentro de la contenciosa, es una jurisdicción propiamente y ese acto legislativo, que es el acto legislativo 03 del 2023, tiene, digamos, como componente la creación de esa jurisdicción, lo que nos permite decir que tenemos jueces y tribunales independientes, autónomos, en una jurisdicción propia y tiene una característica y es que como tribunal de cierre está la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en lo que cada uno le corresponde. Y eso es importante, digamos decir que fue una decisión de las Cortes y del Legislativo, la propuesta del gobierno era tener una Corte de Cierre, una Corte única, pero también es importante porque eso caracteriza qué es el conflicto agrario. Y el conflicto agrario es un conflicto entre particulares que hoy cursan la jurisdicción ordinaria, pero también es un conflicto de decisiones del Estado que tienen que tener un control de legalidad, por eso hoy muchas cosas cursan en la jurisdicción contenciosa. La implementación de la jurisdicción agraria nos va a permitir que eso que cursa hoy en dos jurisdicciones diferentes esté en una sola jurisdicción, que es la jurisdicción agraria y rural. Posterior a ese acto legislativo que incorpora en la Constitución la existencia y vigencia de la jurisdicción agraria y rural, vamos con una ley estatutaria que se aprobó en la legislatura anterior. Esa ley estatutaria crea la estructura de los despachos judiciales, nos permite saber que podemos tener unos distritos judiciales propios e incorpora en la ley de administración de justicia el esquema de la justicia agraria y rural. ¿Qué nos queda faltando? justicia, el esquema de la justicia agraria y rural. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando un procedimiento especial y establecer de manera clara las competencias entre jueces, magistrados y la forma en la que llegarán a la Corte Suprema o al Consejo de Estado, que es lo que hoy estamos presentando ante el Congreso de la República. Es un proyecto que tiene unos componentes claros. En primer lugar, los principios del régimen agrario, sistematizamos los principios del régimen agrario que podemos encontrar desde 1882 con mandatos claros y que hoy los estamos ordenando, que tienen cosas muy importantes como defender la unidad agrícola familiar, como esa unidad productiva campesina y familiar que mantiene la producción agropecuaria, que no se puede dividir pero que en términos de mantener una justicia y democracia en la tierra tampoco se puede acumular, que mantiene la posibilidad de decir que en las relaciones de producción y de tenencia hay que proteger al más débil porque hay brechas, que incorpora elementos de género, que incorpora elementos de sostenibilidad ambiental y del adecuado uso de los recursos como el suelo, el agua y los bosques. Incorpora un procedimiento especial que la idea que tiene en su esencia, en su concepción es que sea ágil, que permita a los campesinos, a los pueblos rurales acercarse de manera directa al juez, que el juez pueda tener inmediación con la prueba, que el juez pueda acercarse a los territorios, que el juez tenga despachos, un despacho interdisciplinario con asistencia social, que le permita confluir en esas pretensiones, organizar las demandas y con facultades oficiosas del juez, que le permita al juez resolver de fondo el conflicto a partir de las facultades probatorias, a partir de entender y de interpretar las pretensiones de los demandantes y además de dar garantías a todos los sujetos procesales, pretensiones de los demandantes y además de dar garantías a todos los sujetos procesales, tanto a quienes son dueños de la tierra, como a quienes trabajan la tierra, como a quienes no tienen la tierra, como a quienes están en las actividades agropecuarias en cualquiera de las condiciones y escalas de la actividad agropecuaria e incorpora las competencias, es decir, lo que puede resolver un juez en primera instancia, lo que puede resolver un juez en los tribunales en segunda instancia y porque eso es importante también porque modifica el actual funcionamiento de los procesos agrarios. ¿Y cómo es que funcionan los procesos agrarios hoy en Colombia, Ministra? Entonces, ¿cómo funcionan hoy los procesos agrarios? Generalmente la gente entiende el proceso agrario como eso que resuelve la Agencia Nacional de Tierras. Y el proceso agrario es ese conflicto que tienen dos privados, dos particulares, por su lindero. Hoy un proceso de deslinde en los predios rurales con una desactualización de catastro, como el catastro está tan desactualizado, el valor catastral de un predio es muy bajito. Entonces eso indica que, conforme están hoy las competencias, ese valor del predio determina la instancia y el procedimiento que se aplica. Hoy en general los procedimientos agrarios son de única instancia en jueces promiscuos municipales. Entonces llega el juez promiscuo municipal, un proceso de un lindero, esos procesos están demorando quienes intervenimos en condiciones de 3, 4, 5 años. quienes intervenimos en condiciones tres, cuatro, cinco años. Ayer, esta semana, estábamos con el Procurador Agrario del Tolima en un debate sobre jurisdicción agraria y él contó un proceso reivindicatorio en el cual lleva él 15 años. El proceso lleva 15 años. ¿Por qué? Porque son procesos conflictivos, son procesos tensionantes. Hoy lo que necesitamos es que ese mandato que está en el Código General del Proceso y es que un proceso judicial se demore máximo un año, se aplique con garantías para poderse hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el proyecto? Primero, vamos a tener jueces de carácter de circuito, son nuestros jueces agrarios y rurales. Eso implica que el juez no está allí en el municipio y eso lo saca un poco de la lógica política del municipio, porque es importante, porque es que en los municipios la relación del alcalde con los propietarios, con las organizaciones, es difícil, porque hay tensiones sobre la tierra, hoy queremos que los conflictos los resuelva un juez del circuito en primera instancia, segundo cambio importante, hoy los procesos agrarios como veníamos hablando se resuelven en procesos de única instancia, es decir que el juez decide y solo queda la tutela, hoy queremos que todos los procesos agrarios y rurales tengan segunda instancia. Cosa que quien no esté de acuerdo con la decisión que emite el juez tenga la facultad, la posibilidad y el derecho de que eso se revise en el Tribunal Agrario y Rural. ¿Y se reduce el periodo de los procesos? La idea sería que un proceso no demorara más de seis meses. El Código General del Proceso establece máximo un año, so pena de que cambia de juez, nosotros establecemos ese mismo marco, pero tratamos de reducir los tiempos a un promedio de seis meses para que puedan adelantarse todos los elementos. digamos por establecer términos más perentorios no necesariamente nos va a terminar mejor el asunto necesitamos que todas las partes tengan la garantía de poder intervenir y poder ejercer sus derechos al interior del proceso judicial Este proyecto ha suscitado una serie de reacciones en el Congreso que debo decir es un Congreso donde hay unos intereses muy específicos de los grandes dueños de las tierras, la mayoría de los congresistas son terratenientes. ¿Qué tiene que ver con un FUCU que siempre se saca? Y es que detrás de cada propuesta de este tipo que tiene que ver con el desarrollo de la política agraria rural, hay un intento por introducir la expropiación express, como si la expropiación no fuera un recurso que existe en nuestro marco jurídico. ¿Qué les dice usted a todas estas voces que siempre levantan esa bandera para atemorizar? que siempre levantan esa bandera para temorizar. Hay como tres elementos que han puesto en el tema público, en la opinión pública, como a polemizar en el proyecto, unos que son infundados a mi juicio y otros que podrían revisarse. El primero es en efecto el tema de la expropiación, que es un temor infundado a mi juicio. Lo que nosotros hacemos en el proyecto de ley es decir que la expropiación agraria, que está hoy regulada en la ley 160, la conocerán los tribunales agrarios y rurales y el sentido de eso es que hoy lo conoce el tribunal administrativo, creada la jurisdicción, viene a la jurisdicción. La expropiación agraria hoy es de instancia judicial, entonces yo identifico el predio que necesito para la reforma agraria, la reforma agraria es una actividad de interés público e interés social, lo define la ley 160, se ratifica en el proyecto de jurisdicción agraria ya como está concebida en la ley 160 y una vez yo identifique el predio que necesito, lo caracterizo, lo avalúo, establezco el precio comercial y le hago una oferta de compra al propietario accede al proceso de compra, allí llega, se negocia, ¿cierto? Tal cual como se ha venido haciendo históricamente. Si el propietario no está de acuerdo con la negociación, pues la agencia tiene la facultad de decir, este predio se va a es justo y define y cierra con sentencia judicial el proceso de expropiación. La expropiación en el país se hace para minería, para vías 4G, para desarrollo urbano, los alcaldes expropian para hacer parques e incluso para hacer renovación urbana con privado, se hace la expropiación y en términos de tierras rurales la expropiación hoy existe para adecuación de tierras, algo que además este país dejó de hacer, no dejó de expropiar, pero sí dejó de hacer distritos de riego y drenaje que son esenciales para la producción agropecuaria y resulta que cuando yo voy a hacer un distrito de adecuación de tierras, yo no miro a ver dónde quiero hacerlo, sino dónde se puede hacer, dónde se puede hacer porque está el recurso hídrico, porque el recurso hídrico tiene que ser regulado y ahí es donde lo hago, entonces yo necesito el predio para hacer el distrito, es el predio que se necesita, entonces la ley 41 del 93 me dice dónde y cómo puedo expropiar para adecuación de tierras, también puedo expropiar para hacer vías terciarias porque lo dice la ley 101, pero además puedo expropiar en la ley 99 para hacer conservación ambiental. Si yo creo que hay un predio que necesito para recuperar el recurso hídrico, ahora en esta crisis climática tan importante que tenemos, yo puedo adelantar los procesos de expropiación. Entonces aquí en el proyecto de jurisdicción nosotros no estamos modificando nada, solo estamos diciendo que en el caso de la expropiación agraria conocerá el Tribunal Agrario y Rural. Entonces ese temor es infundado, yo creo que en todo caso el país debe abordar el proceso de expropiación de manera clara, quitarle a ello el mito, yo lo dije en un Twitter que fue muy cuestionado, cuando me posesioné desde 1926 el país intenta comprar tierras y estableció el proceso de enajenación forzosa para las tierras que deben ser redistribuidas. No hay un solo proceso de expropiación en curso. algo que no existía y es la compra por oferta voluntaria de tierras, en la idea de poder hacer un acuerdo, que los propietarios sientan también que hay un gobierno que está escuchando y que puede tender la mano para que esos propietarios que saben que en el fondo tienen la necesidad de que sus tierras puedan producir mejor y que pueden poner a disposición del gobierno tierras para redistribuirlo, hagan y en ello es que hemos venido avanzando. tierras para redistribuir lo hagan y en ello es que hemos venido avanzando. Y como tú lo has dicho, no hay ahorita una sola demanda de expropiación presentada ante un juez por parte de este gobierno. Todos los procesos de adquisición se han hecho por oferta voluntaria de la tierra. Otro punto, ministra, que ha suscitado preocupación es el tema de la recuperación de los bienes baldíos en estos procesos agrarios. ¿Cómo va a ser eso? Muchos de esos bienes baldíos están en manos de grandes terratenientes que además han tomado ya posesión de esos terrenos. La ley 160 organiza los procesos agrarios de manera muy clara, cuatro procesos agrarios estructurales, el proceso de clarificación de bienes desde el punto de vista de la propiedad para saber qué es de la nación y qué es de los privados. una sentencia de unificación muy importante que es la de SEUDOS 88 del 2022 que encuentra que hay una grave crisis en la administración de los bienes baldíos y un desconocimiento del régimen agrario, más adelante podemos hablar sobre ello, el proceso derivado de eso de recuperación de bienes baldíos indebidamente ocupado que se crea en el 94 porque desde el 94 claramente los bienes baldíos de la nación sólo pueden adjudicarse a sujetos de reforma agraria que no tengan tierra o la tengan de manera insuficiente, el proceso de deslinde de tierras de la nación que me permite a mí recuperar bienes de uso público, playones y sabanas comunales, reserva territorial del Estado y grandes bienes de uso público que debemos recuperar incluso para temas ambientales y el proceso de extinción agraria por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. Esos cuatro procesos junto con los procesos de revocatoria de baldíos cuando se incumplió el régimen legal, el proceso de caducidad administrativa, el proceso de condición resolutoria que después en el 902 se llamaron controversia sobre los títulos de adjudicación, todos esos procesos hasta el 2017 eran decididos por la administración con un proceso de revisión agraria ante el Consejo de Estado en los cuatro primeros procesos y con un proceso de revisión de mecanismo de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho en la jurisdicción contenciosa administrativa. El decreto ley 902 que implementa la reforma rural integral decidió que se creaba un procedimiento único donde todos estos procesos iban a instancia judicial, es decir, se le quitó a la administración la facultad de decidirlo. ¿Qué pasó del 2017 al 2022? Pues que no se resolvió un solo proceso, no solo porque no había jurisdicción, sino porque no era clara la competencia, la sentencia de la Corte Constitucional que revisa el decreto ley 902 de manera clara dijo que tenía que ser el juez ante la inexistencia de la jurisdicción agraria, el juez competente que en derecho pues debe ser el juez residual que es el juez civil del circuito, el gobierno, este gobierno presentó las primeras demandas y esas primeras demandas que fueron entre 5 y 10 demandas se suscitaron en conflictos negativos de competencia porque ningún juez siente como propio la decisión y además ahí hay unos temas de técnicos. analizando lo que quedó allí en el 902 que hay que ajustarlo, el gobierno presentó en su plan de desarrollo un numeral del artículo 61 que devolvía a la administración la facultad de decidir estos procesos ¿cierto? y entonces la corte constitucional por un vicio de forma, por un tema de publicidad en la discusión que se hizo declara inexequible el numeral sexto del artículo 61 que es esa parte donde el gobierno devolvía, o la ley devolvía a la administración la facultad de decidir esos procesos. ¿Eso en qué nos pone? Que hoy nuevamente tenemos una situación, no tenemos jueces, no tenemos tribunales, y hoy, o una vez se conozca la sentencia, volvemos a quedar sin quien defina estos procesos. Y estos procesos son muy importantes, María Jimena. Empecemos por algo que yo creo que es absolutamente claro. ¿Debe la administración conservar la facultad de revocar el acto de adjudicación que fue ilegal? Y yo digo, por supuesto que sí. Es propio de la administración revocar sus actos, y en el acto de la adjudicación de los baldíos debe ser así. Eso debe tener un control de legalidad. Es decir, debemos tener un juez o un magistrado, eso hay que definirlo en el proyecto de ley, que me diga si en efecto esa decisión que tomó la administración es adecuada o no. con el profesor Reyes, y él decía, aquí en vez de comprar las tierras debemos organizar los baldíos, y hay una tendencia dentro del agrarismo que dice que aquí hay que ponerle atenciones a los baldíos, y lo que nos dijo la ECU 288 en la sentencia de unificación es que aquí hay que recuperar la adecuada administración de los bienes baldíos. Pero entonces yo tengo que fortalecer la facultad de la administración de administrar los bienes baldíos, de recuperar los que están indebidamente ocupados. Hoy no, hoy en el tema de los baldíos es muy difícil, primero saber cuántos hay y segundo administrarlos, dices tú. Hoy, bueno, fíjate que en este lapso de tiempo que hemos tenido nuevamente la facultad de recuperar los bienes baldíos indebidamente ocupados, hemos recuperado más de 75 mil hectáreas de bienes baldíos y en procesos agrarios nosotros tenemos 110 mil hectáreas administradas, administradas porque definimos que eran baldíos, o porque recuperamos los bienes públicos de la nación, o porque recuperamos los bienes baldíos. Es decir, aquí lo que demostramos en este lapso de tiempo es que se necesita la facultad administrativa. A ver, ¿pero qué les dice a las personas, ministra, que tienen angustia de que esta facultad administrativa que usted tanto invoca se use mal? Ahora, yo entiendo la angustia, porque los procesos agrarios también se pueden usar para hacer cosas inadecuadas, y así ha sido en la historia, porque es que no es una facultad que este gobierno se haya inventado. Entonces ahí lo que queremos decirle a quienes tienen angustia con eso es que nos sentemos a revisar los procesos agrarios y miremos cuáles son los mecanismos que podemos tener para asegurar de que esas facultades administrativas no se usen inadecuadamente y si realmente queremos que todo vuelva a ser judicial. Y yo creo que no, pueden haber procesos agrarios que puedan llegar a fase judicial pero la recuperación de los baldíos de la nación no puede ser de decisión judicial o la clarificación en ciertos casos miremos si debe ser o no judicial y claramente la revocatoria del acto administrativo o aquellos procesos por incumplimiento de las obligaciones en la adjudicación deben conservarse en la administración y podemos tener mecanismos con la jurisdicción agraria de revisión inmediata, de revisión automática, etc. En el año 2022 la Corte Constitucional hizo un estudio pormenorizado de la historia de los baldíos en Colombia y encontró que en efecto lo que había pasado en los últimos años era el desconocimiento del régimen agrario y en particular de una situación crítica de los baldíos en Colombia, porque la mayoría estaban en pocas manos. Esa corte les da a los procuradores agrarios una orden. Usted que es juez agraria, ¿cómo vio esta decisión de la Corte? Eso nos llevó a que en el año 2022 la Corte Constitucional hiciera un estudio pormenorizado de la historia de los baldíos en Colombia, para encontrar que en efecto lo que había pasado en los últimos años era el desconocimiento del régimen agrario y en particular una situación crítica de los baldíos en Colombia. Y nos da unas órdenes, unas órdenes grandísimas, superestructurales, pero nos dice también que los jueces no pueden prescribir los bienes baldíos de la nación y que tiene la Agencia Nacional de Tierras que apurarse en el reconocimiento de las solicitudes de los bienes baldíos. Y nos ponen una tarea y es que todas las decisiones judiciales proferidas sobre esos bienes en el último periodo deban tener un proceso de reconocimiento y ahí estamos diseñando el proceso de reconocimiento. Ya empezamos este mes a regularizar bienes baldíos de esos que se prescribieron a través de un acto administrativo de la Agencia Nacional de Tierras que reconoce esa titularidad y empezamos a adelantar los procesos de recuperación en aquellos que en efecto no tienen condiciones para hacerse a esos bienes. Ese es un elemento muy importante porque recuperamos nuevamente como la gobernanza sobre los bienes baldíos, pero allí también un poco decir para el proyecto de ley, dejamos de manera muy clara algo que nos pidió la Corte Constitucional, donde un juez profirió sentencia de prescripción adquisitiva, solo podrá ser un juez el que deje sin efecto esa sentencia. Hay quienes hablan también de que en los últimos años, sobre todo desde que llegó Gustavo Petro al poder, se han ido incrementando las invasiones a tierras. ¿Usted qué responde sobre ese tema? Yo creo que hay que diferenciar las situaciones en varias, en las zonas del país. Entonces, por ejemplo, en el caso del Cauca, que ha sido muy crítico, digamos, por las pretensiones étnicas que allí vienen, lo que hemos hablado con Azocaña incluso es que en el último año, en los últimos año y medio, eso ha disminuido bastante, a partir además de un trabajo articulado con el sector privado que hemos venido impulsando de gobernanza. Tenemos una mesa del norte del Cauca, el Ministerio de Agricultura tiene un convenio con Azocaña que nos permite establecer un diálogo, un diálogo y un reconocimiento entre los actores en el territorio, no en Bogotá, no desde el Ministerio con Azocaña, sino en el territorio entre quienes trabajan la tierra, los propietarios de la tierra, los productores de la tierra, y lo que entendemos allí es que ha disminuido, incluso que no se han tenido invasiones en los últimos periodos, porque también hay un acuerdo para poder poner sobre la mesa las diferentes pretensiones, encontrar un camino de gobernanza para solucionar los conflictos. Ministra, finalmente el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es de izquierda, ha decidido optar por un camino muy curioso para hacer su reforma agraria. En lugar de utilizar la expropiación que tanto FUCU produce, ha decidido comprar la tierra por oferta, es decir, compra la tierra al precio que los dueños de la tierra se la venden. ¿Cómo está este proceso de compra de tierras? ¿Ha avanzado? ¿Y cuáles son los obstáculos que encuentra hoy? Bueno, yo creo que es importante poner al centro del debate qué es la reforma agraria, porque a veces la reforma agraria se diluye entre el desarrollo rural y los bienes públicos la reforma agraria es la redistribución de la tierra altamente concentrada y no es una idea de este gobierno digamos que creo que es la tesis más liberal de inicios del siglo pasado y es que si usted lee la motivación de la ley 200, las tierras planas están concentradas en monocultivo, ganadería extensiva y la producción de alimentos se encuentra en las faldas de las montañas y arrinconada. Digamos, es una característica de hace 100 años que no ha cambiado, el mapa no ha cambiado. Bueno, el mapa ambiental nos pone hoy sobre la necesidad de hacerlo, sí o sí. Entonces, esta ambición que tiene el desarrollo productivo en Colombia de coger nuestras tierras más fértiles y redistribuirlas porque están altamente concentradas en manos de la agricultura campesina, que es la que produce el 70% de los alimentos, es la esencia de la reforma agraria. Y lo que está haciendo este gobierno es decir, ese anhelo que en los últimos 20 años desapareció del mapa y nos concentramos en la formalización de la propiedad privada, que es a quien ya tiene la tierra asegurarle su título, ese anhelo de redistribución, volverlo a poner al centro. Si usted hace memoria, en Colombia se dejó de hablar de reforma agraria después del 98 y empezamos a hablar de formalización y de mercado de tierras, lo volvemos a poner al centro, pero como eso no se ha hecho, la pregunta es ¿por qué no se ha hecho la reforma agraria? Y no se ha hecho la reforma agraria porque primero no ha habido como una voluntad política, hoy la tenemos, pero porque hay angustias, temores y hay posiciones políticas de quienes tienen la tierra de no hacerlo. Entonces eso implica un acuerdo, implica hacer un acuerdo con quienes tienen la tierra para que, como en palabras del profesor Fajardo, aflojen la tierra. ¿Cómo se diseñó ese mecanismo en este gobierno? Parte de un acuerdo de hagamos un buen negocio en la compra de tierras, sientan ustedes la seguridad de que el gobierno se las va a pagar a precio comercial y ofértenos la tierra que nosotros la vamos a comprar. ¿Y por qué con Fedegán? Porque la tierra altamente concentrada y fértil está en la ganadería extensiva. 13 millones de hectáreas en Colombia son subutilizadas, son 13 millones de hectáreas que nosotros podríamos poner en un nivel productivo a poner a Colombia en un lugar privilegiado, porque tenemos buenos suelos, porque tenemos geográficamente muchas oportunidades. Es realmente eso con dos elementos hoy adicionales. Ya no es ese espíritu solo transformador y modernista de inicios del siglo pasado, sino dos componentes. Primero, el reconocimiento de las territorialidades campesinas. Sus campesinos que han estado al centro de la guerra, que han sido despojados, que han visto que los bienes que utilizan han sido caparazos, han venido construyendo identidades territoriales y han venido construyendo políticas agroalimentarias incluso muy ligadas a la agroecología que hoy tenemos que reconocer. Zonas de reserva campesina, territorios campesinos agroalimentarios, territorios acuáticos agroalimentarios, los esquemas que puso allí el plan de desarrollo es redistribuir la tierra reconociendo esas territorialidades y ese es un mensaje muy importante porque además es la estabilización de los territorios campesinos y la puesta de la producción agroalimentaria del país en manos campesinas que es una producción resiliente al cambio climático que tiene muchas ventajas y que aplicando la política de agroecología nos va a posicionar en un lugar privilegiado en el mundo con este segundo elemento que creo que ya hoy es transversal y es el tema climático. La degradación de los suelos en el mundo, el tema del agua en el mundo y el tema de los bosques en el mundo nos imponen sí o sí en el país ordenar la producción y ordenar la producción hacia reconstruir nuestros ecosistemas, hay que reconstruir y restaurar la Amazonía, porque es la única opción que tiene el mundo para enfrentar la crisis climática hoy, la más latente, hay que reconstruir los bosques, y nosotros necesitamos transitar hacia sistemas agroalimentarios que den respuesta a la crisis climática, que hagan buen uso del agua, que hagan arreglos con los bosques silviculturales, agroforestales, que nos pongan la producción alimentaria de la mano de la sostenibilidad y necesitamos reconocer esas territorialidades que allí vienen avanzando porque vienen avanzando en la lucha contra el cambio climático. Entonces es una reforma agraria clásica y liberal pero pero pues están los grandes retos del momento político y yo creo que, y lo hemos dicho, el gran acuerdo nacional pasa sí o sí por reconocer que la tierra como causa de la guerra hoy debe ser la respuesta a la paz en un ordenamiento productivo que sea sostenible y que nos ponga a asegurar tres elementos fundamentales que yo creo que son la esencia de la reforma agraria. La paz, porque redistribuyo la tierra, porque resuelvo los conflictos agrarios con nuestros jueces, con nuestros tribunales, porque sustraigo del actor armado y de la violencia los conflictos en la ruralidad colombiana. Nos pone frente a la crisis del hambre que va a enfrentar el mundo, porque vamos a producir alimentos, porque los vamos a producir bien, y nos pone en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Este es el sonido de tu viaje a casa con tu padre después de que te atraparon en el vapor. Awkward, ¿no? La mayoría de los vapes contienen niveles adictivos serios de nicotina. Sabemos que para hacer la reforma agraria no se necesita solo entregarle la tierra a los campesinos, sino que esos campesinos puedan labrar la tierra, desarrollar proyectos productivos y así formar parte de la cadena de desarrollo de la región y del país. ¿Cómo va ese tema, ministra? Yo creo que en ese aspecto es relevante poner de presente la construcción del sector agropecuario en general después de los 90. Entonces la liquidación reiterada de las entidades, nosotros teníamos un INCORA que le ponía usted la tierra, le ponía el proyecto productivo que tenía presencia territorial. Recuerdo, nos han recordado mucho los expertos agraristas, el DRI, un programa integral de atención, que hablaba de comercialización, liquidamos el IDEMA, reconfiguramos como muchas cosas, y usted vino deconstruyendo el sector, y se vinieron privatizando muchas funciones del desarrollo agropecuario. Cuando yo le hablo de distritos de riego, es que por ejemplo hoy no tenemos Consejo Superior de Administración de Adecuación de Tierras, no tenemos regulación, se deconstruyó una entidad muy fuerte y dedicada exclusivamente a eso para que fuera una sola línea hoy en la Agencia de Desarrollo Rural, hablamos de extensión agropecuaria y el proceso de extensión agropecuaria y de asistencia técnica fue a tal punto privatizado que hoy son puros proyectos que entrega la ADR a privados para que hagan asistencia técnica, hasta el punto digamos complejo decir que la asistencia técnica se hace vía teléfono y deconstruimos las humatas, deconstruimos el IDEMA, acabamos con el IDEMA, creamos unos procesos muy asociados a lo gremial y hoy la gente nos pide ayuda en los procesos de comercialización, de acopio, las vías y la infraestructura privada, eso es la yo de allí. Esto para decir se deconstruyó el sector y con ello el tema de la producción. Y terminamos en la producción hablando de proyectos productivos para los beneficiarios de la reforma agraria, que si usted se fija en los solos términos, deconstruye la idea de un país productivo. Entonces terminamos haciendo proyectos productivos intraprediales como en lógica de asistencia social y no en lógica de apuesta productiva. Entonces si yo entrego tierras, generalmente las tierras en este país, tanto en baldíos como en formalización de propiedad privada, como en los proyectos de subsidio para adquisición de tierras o los pocos procesos que se han hecho a través del Fondo Nacional Agrario y Fondo Nacional de Tierras, son pequeñas unidades productivas muy por debajo generalmente de la unidad agrícola familiar que el único proyecto sostenible que puede ser intrapredial generalmente es una huerta, una vaca y de pronto unos pollos. Eso no saca de la pobreza a nadie, pero además no tiene una apuesta productiva clara en el fondo. Entonces hemos venido en un diseño, en un rediseño de la apuesta de proyectos productivos para no tener apuestas de proyecto productivo intrapredial, sino regional. Que yo pueda decir, yo voy a entregar, voy a comprar 10 mil, 15 mil o 20 mil hectáreas en esta zona. Esos son los núcleos de reforma agraria y con estas 15 mil hectáreas voy a armar un distrito agrario de producción de. La agricultura campesina se caracteriza por tener una producción diversificada, rotativa, pero siempre en general puede tener un cultivo ancla. Entonces yo tengo estas familias campesinas, estas hectáreas, y en esta región potencialmente puedo producir esto, producción de escala que le permita a las familias campesinas asegurar un proceso de acopio, transformación y comercialización. Para eso yo tengo que saber qué se puede comercializar, cómo se comercializa, qué proceso de transformación tengo para poder proponerle a las familias beneficiarias de la reforma agraria que voy a hacer. Eso lo estamos haciendo para nuestros núcleos de reforma agraria, que es básicamente la Costa Caribe y el Magdalena Medio, donde estamos concentrando la adquisición por oferta voluntaria para poder tener allí una transformación de esas tierras que hoy están generalmente en ganadería extensiva, que son las que estamos comprando, y transitar hacia una apuesta de producción agrícola sostenida. Nosotros tenemos 30 mil hectáreas más proyectadas y hasta final de año, el director de la Agencia Nacional de Tierras es mucho más optimista en esos números frente a nuestros núcleos de reforma agraria, pero necesitamos determinar cuánto quiero comprar para poder tener allí la apuesta productiva y cerrar con mis distritos agrícolas hacia un mercado que puede ser sostenible, un mercado interno y quizá un mercado externo. Ministra, pero hablando en Plata Blanca, a pesar de todos estos avances, Pero hablando en Plata Blanca, a pesar de todos estos avances, no se va a cumplir la meta de las 1.500.000 hectáreas que se habían prometido para el Fondo de Tierras con el propósito de entregárselas a los campesinos que la necesitan. ¿En qué vamos en eso? Hay dos cifras importantes en el acuerdo. Siete millones de hectáreas en formalización. Ese es por un lado. Ese es quien ya tiene la tierra, pueda asegurar que tiene su título. Nosotros vamos en más de 1.200.000 hectáreas. Ahí hay que decir que nos tocó hacer un trabajo para recomponer el plan marco de implementación, el indicador, porque ¿qué se venía haciendo? Incluso en este gobierno, pues, porque qué se venía haciendo, incluso en este gobierno pues tocó depurar esto, títulos del año 90 y los registrábamos en el año 2022 y lo contábamos y ahí yo creo que es decirnos mentiras, nosotros realmente el trabajo que tenemos que hacer y hay que ponerlo de manera clara es entregar los títulos de formalización a quien no tiene la tierra. Ahí venimos avanzando muy bien en comunidades étnicas, hemos mejorado mucho frente a comunidades campesinas y con los acuerdos de regularización que hemos suscrito en la Agencia Nacional de Tierras con el apoyo de la ministra de Ambiente para el tema de ley segunda y resolver los conflictos al interior de ley segunda, yo creo que podamos avanzar en ese indicador de manera muy clara. Pero el otro, que es el más complejo, son tres millones de hectáreas para el Fondo Nacional para redistribuir. Eso no se soluciona solo con compra. Un millón que tiene la meta este gobierno, pero eso no se soluciona solo con compra de tierras. Las fuentes del Fondo Nacional de Tierras son procesos agrarios, compra directa, donaciones, los bienes de la SAE. Ahí nosotros tenemos una gestión total de 374 mil hectáreas en el marco de este gobierno. Claramente está muy lejos del millón 500 mil, pero es el avance que más hemos, digamos, es el gobierno que más ha avanzado en eso. Y yo creo que ahí es importante poner todas las fuentes. Lo que se ha venido haciendo con la sociedad de activos especiales es muy importante, porque no son sólo los bienes ya extintos, que de manera, hay que decirlo, no clara, no se habían puesto en disposición del fondo de tierras, son más o menos 14 mil hectáreas que ya se han puesto a disposición, bienes que ya tienen decisión de extinción, tienen una destinación legal cuando son rurales y de vocación agropecuaria y deben estar en el Fondo Nacional de Tierras. Pero además generamos el mecanismo de enajenación temprana, fortalecimos el mecanismo de enajenación temprana y son bienes que están en proceso de extinción que se puedan vender de manera inmediata a la Agencia Nacional de Tierras, que es lo que se ha venido haciendo en este gobierno y eso tiene varias ventajas. Hacemos una reserva técnica, caso en el cual el propietario que está en el marco del proceso de extinción, cuando el juez diga, no, en efecto no se lo voy a extinguir, puede asegurar su derecho y recibir lo que recibió o lo que se pagó a valor comercial. Y si se extingue, pues ese recurso entra nuevamente al Estado. Aseguramos los derechos de todo el mundo, pero esos bienes que están ahí entran de manera inmediata a disposición de la reforma agraria, porque lo que venía pasando es que esos bienes, muchos bienes de vocación agropecuaria, pues quedaban allí en una administración como a un precio que uno dice, pero ¿cómo? Y tenemos la necesidad de poner a producir esas tierras y creo que encontramos el mecanismo. Los procesos agrarios que esta administración ha venido adelantando de manera muy clara, con números que además son muy importantes porque son procesos agrarios que esta administración ha venido adelantando de manera muy clara con números que además son muy importantes porque son procesos complejos de adelantar en términos de lo que eso representa en territorio pero cuando hay decisión de hacerlo yo creo que se pueden hacer y tenemos otras fuentes que nos permitirían ir ubice institucional del sector. Una agencia nacional de tierras tan centralizada como se diseñó en el 2015 debe recuperar una presencia territorial de la mano con la agencia de desarrollo rural. con una presencia fuerte en los departamentos, ojalá en los municipios, donde todo el mundo pudiera asistir al servicio sanitario que le presta al ICAO, fitosanitario, a la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, a la Agencia Nacional de Tierras, y poder encontrar en el territorio una respuesta sectorial acertada y dedicada a las necesidades. Yo creo que hacia allá, sin duda, tenemos que transitar, pero también decir que eso tiene que ir de la mano sí o sí, y creo que ese debería ser el acuerdo de la mano de la justicia agraria. El gobierno y la administración en este gobierno o en otros avanza, se fortalece, pero tenemos una justicia que permita revisar las decisiones de la administración, que le permita a la gente sentir la garantía de que hay otra rama del poder público allí haciendo presencia para resolver los conflictos y claramente con una articulación de los departamentos y de los municipios en algo que hemos reactivado en este gobierno que es el Sistema Nacional de Reforma Agraria. gobierno obligatoria y vinculante, donde están las vías terciarias, donde está la salud, donde están los procesos de bienes públicos rurales, la asistencia técnica, donde está el Ministerio de Comercio sentado pensando y que se articulan los territorios en los comités municipales y departamentales de reforma agraria. Comités que constituye la gente con el acompañamiento del ente territorial, pero donde nos permite confluir con las necesidades no sólo de tierra. Esta es la tierra que se necesita para la redistribución o para la formalización, pero aquí necesitamos estas vías y entonces el sistema le permite llegar al Ministerio de Transporte y a su Instituto de Vías a mirar cómo puede concurrir a fortalecer las vías y aquí estamos produciendo tanto y entonces le permite al Ministerio de Comercio Exterior mirar cómo poder apalancar e industrializar esa producción y le permite al Ministerio del Interior resolver conflictos interétnicos. Es reconstruir una apuesta de reforma agraria que no es del Ministerio de Agricultura, que es del conjunto del gobierno y que debería ser una política de Estado de la mano de la justicia, de la mano de los municipios y de los departamentos en una concurrencia, como todo el mundo nos lo pide, efectiva y asertiva y eficaz del conjunto del Estado para poder transformar los territorios en Colombia. Y eso, como requiere un pacto, María Jimena, aquí nos tenemos que poner de acuerdo todos y permitir que esto avance. Nosotros venimos haciendo una propuesta, encontrémonos en Chicoral este año para ponernos de acuerdo en cuáles son esos elementos sustanciales que nos permiten. Un nuevo pacto de Chicoral. Un acuerdo, no lo llamemos pacto. Hoy, 50 años después, suscribamos ese acuerdo de la reforma agraria. Lo estamos organizando, necesitamos muchas buenas vibras. Pero esta vez no para acabarla, como pasó en Chicoral, sino para, me imagino, ministra, poner de presente de nuevo que la tierra tiene una función social y que las tierras tienen que tenerse no para engordar a ganados, sino para que produzcan. Creo que hoy, frente al cambio climático, frente a la necesidad sentida de la paz y frente al mundo global, podemos llegar todos a un acuerdo de que las tierras deben de redistribuirse, deben ponerse a producir, que el Estado tiene que garantizar la producción agropecuaria y acompañarla, y que podemos hacer un pacto para transitar hacia la paz y hacer frente al cambio climático. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán. ¡Gracias por ver el video!