Los colombianos pagarán por pasaportes 2.800 millones adicionales cada mes

               En la W, el reporte coronel. Llegó el reporte coronel. Buenos días, Juan Pablo. Este es el reporte coronel de hoy. Los números están publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. Pero les cuento que quien se puso en el trabajo de mirarlos, sacar la calculadora y compararlos, fue el antiguo secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. El doctor Salazar, ustedes recordarán, fue declarado insubsistente y acusado de traición por el presidente Gustavo Petro después de firmar una resolución adjudicando el contrato de los pasaportes a Tomás Greganzón. El canciller Luis Gilberto Murillo, quien reemplazó al caído Álvaro Leiva, decidió otra cosa. La resolución de Salazar fue revocada y hace unos días anunció el canciller que el contrato con Thomas Greganson será nuevamente prorrogado por 11 meses, mientras la imprenta nacional puede hacerse cargo de la expedición del documento de viaje con el apoyo de Portugal. del documento de viaje con el apoyo de Portugal. Como sea, el exsecretario Salazar se puso a hacer cuentas y llegó a conclusiones apoyadas en números irrebatibles. La conclusión más importante es que el contrato del canciller Murillo resulta mucho más caro para el país que el de su antecesor Leiva y el de la licitación declarada desierta. La decisión del canciller les costará a los colombianos 2.800 millones de pesos adicionales cada mes. Además de eso, están contratando 80 personas más para desempeñar las mismas funciones que antes cumplía el contratista por el precio de paquete. La licitación declarada desierta, y que originó la millonaria demanda del contratista era por 36 meses y su valor total era cercano a los 600 mil millones de pesos, lo cual quiere decir que mensualmente costaba 16 mil 656 millones de pesos. El contrato de urgencia que firmó el entonces ministro Leiva por 12 meses ha costado cada mes 16.574 millones de pesos. En cambio, el que acaba de firmar el canciller Murillo por 11 meses va a costar mensualmente 18.807 millones. Hasta ahí la diferencia es de 2.300 millones de pesos cada mes, en contra del bolsillo de los colombianos. Pero ahí no termina el asunto. Hay otro valor, que es el de formalización de los pasaportes, que mensualmente costará otros 419 millones de pesos. Sumando estos dos valores, la diferencia en contra de los contribuyentes llega a 2.800 millones de pesos mensuales. Y aún no se sabe cuál será el costo del convenio con Portugal. ¿Por qué el gobierno decidió pagar más por menos servicios durante menos tiempo? No hay respuesta. Como si fuera poco, la demanda del contratista Thomas Grekansons contra la Cancillería de la Nación continúa. La pretensión es de 117 mil millones de pesos. Sobre el multimillonario pleito también les tengo noticias. Hace apenas dos días, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cambió de abogado en el pleito contra Thomas Grekansons. El elegido es Alfonso Sarmiento Castro, quien hasta 2022 era magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No solo eso, también era compañero de sala de la señora magistrada Berta Lucy Ceballos Posada, quien es la ponente en el proceso de Thomas Grecan Sons contra la Cancillería en la sección tercera del Honorable Tribunal. El tema es legal, pero de muy difícil presentación. Como compañeros de sala, el ahora representante de la Agencia de Defensa Jurídica, Alfonso Sarmiento, firmó varias decisiones con la magistrada Berta Lucy Ceballos, quien en buena medida tiene en sus manos el futuro de la demanda. Una de esas decisiones tiene que ver con una tutela, en ese momento, de vida o muerte para el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La presentó contra la decisión del procurador Alejandro Ordóñez, que lo sacó de su cargo y lo inhabilitó por 15 años. Los entonces compañeros de sección fallaron a favor de Petro, abro comillas, suspendiendo los efectos del acto administrativo de destitución durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la la legalidad del acto. Es decir, dejaban sin efecto la destitución de Ordóñez. La decisión lleva a las firmas de quien hoy representa la aggencia de Defensa Jurídica, de la magistrada que tiene que decidir y de un tercer magistrado, Juan Carlos Garzón Martínez, otro antiguo compañero de la obra defensor y miembro de la misma sección que va a decidir el pleito. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.