Las razones de la Cancillería para buscar arreglo con Thomas Greg and Sons

               En la W, el reporte coronel. Nos vamos con el tema de los pasaportes en el reporte coronel. No hay que olvidar que Cancillería envió una carta a la procuradora y al contralor. Dice en una parte, después de explicar las consultas, las mesas de trabajo, los temas con los países interesados, dice que están en un nuevo modelo institucional de producción de pasaportes, documentos de viaje. O sea que están implementando ese modelo, etiquetas de visas para fortalecer el rol de las entidades del estado. Pero, al final, dice lo siguiente, estamos encaminados a lograr una solución integral que satisfaga estos intereses públicos y al mismo tiempo considere y logre solucionar las controversias legales que se han presentado en el pasado reciente con el prestador actual Thomas Gregg. medidamente la intervención de los organismos de control que ustedes dirigen para que en cumplimiento de la función preventiva y como garantes de los derechos ciudadanos, la función pública y el patrimonio, se cite a la mayor brevedad posible una mesa de trabajo orientada a encontrar una solución a las diferencias que se han presentado que haga parte de la solución integral que estamos buscando para la satisfacción de los intereses supremos del Estado. Con toda consideración, Paola Andrea Vázquez Restrepo, Secretaria General de la Cancillería. Y ahora sí, y ahora sí, el reporte coronel. Daniel, actualización de los pasaportes. Le traduzco el mensaje. No hemos podido encontrar una solución para que la imprenta nacional haga pasaportes biométricos y tenemos que llegar a un acuerdo con el antiguo contratista para que lo siga haciendo y además para no pagarle 120 mil millones de pesos en una demanda que muy probablemente perderá la Cancillería. en una demanda que muy probablemente perderá la Cancillería. El próximo 2 de octubre, julio, termina el contrato de emergencia entre la Cancillería y la empresa Thomas Grekansons para la elaboración de los pasaportes. Un año después de la crisis que sacó a Álvaro Leiva de la Cancillería y ocasionó una demanda de 120 mil millones del polémico contratista al Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha podido encontrar una empresa que solucione el problema de suministro de pasaportes. Si en los próximos días no llegan a un acuerdo gobierno y proveedor, los colombianos van a sufrir una crisis en la elaboración y entrega del documento necesario para viajes internacionales. El presidente Gustavo Petro ha calificado en duros términos a la empresa Thomas Grecanson. Ha dicho de ellos que son, abro comillas, un cartel de la contratación, una sola empresa privada cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y peajes. Ustedes pueden ver el trino en la página de la W. A pesar de los señalamientos del mandatario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de funcionarios medios, está buscando llegar a un arreglo con Thomas Grecazón para evitar lo que ya se ve como una crisis inminente en la entrega de pasaportes y también porque dentro de la Cancillería están viendo perdida la demanda interpuesta por los contratistas. contamos que el entonces canciller Álvaro Leiva dio un triste espectáculo, increpando a gritos a la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora, porque ella, al igual que el Comité de Conciliación de la propia Cancillería, había recomendado conciliar diferencias con el contratista que había sido calificado con mil puntos de los mil posibles en una licitación adelantada en términos propuestos por la cancillería dirigida por el mismo doctor Álvaro Leiva. Entre la indecorosa gritería del entonces canciller que tuvo como escenario la casa de Nariño repitió, abro comillas, a mí no me importa que condenen al Estado, eso se demora mucho, me van a ir a cobrar a la tumba, me van a tener que notificar en la tumba. Hasta ahí la cita del señor Canciller. El ministro de Relaciones de entonces, después suspendido por la Procuraduría por desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal, hacía alusión a la tradicional morosidad en las decisiones judiciales que hace que cualquier pleito se demore muchos años. Álvaro Leiva, el octogenario funcionario, apostaba que se despidiría de este mundo antes de que la justicia tomara una decisión pero no por fortuna de todos y como un innegable favor de la divina providencia colombia el doctor leyva va a alcanzar a conocer la decisión que condena al estado colombiano por sus actuaciones cuando era canciller la sección tercera del tribunal administrativo de Cundinamarca, con firma de la magistrada Berta Lucy Ceballos Posada, profirió un auto en el proceso por nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el contratista, la Unión Temporal Pasaportes 2023, controlada por Tomás Gregansons, contra la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio de la Cancillería. El auto define las pruebas y, por favor, oigan esto con atención, que es lo más importante, anuncia sentencia anticipada. Es decir, que este mismo año se conocerá la decisión sobre la cuantiosa demanda. ¿Cuándo se puede proferir una sentencia anticipada según la ley? En los casos en los que no haya necesidad de pruebas o las solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. El tribunal aceptó, primero, las pruebas documentales aportadas tanto por el contratista como por la por la cancillería. Segundo, aceptó como prueba un dictamen pericial aportado por los contratistas, es decir, por Tomás Grecanzón, sobre las utilidades esperadas. El dictamen no fue objetado por el ministerio. En cambio, el tribunal decidió negar la solicitud de la Cancillería para oficiar a la Fiscalía y a la Superintendencia de Industria y Comercio porque, según el auto, el Ministerio de Relaciones no demostró gestión para obtener estos documentos y porque esa información, de acuerdo con el auto, no es pertinente para demostrar que los actos administrativos del gobierno fueron legales. También negó una serie de testimonios pedidos por la Cancillería por considerarlos inconducentes dentro del litigio administrativo. administrativo. Por todo esto, en el auto que ustedes pueden ver a partir de este momento en la página de la W, el tribunal administrativo de Cundinamarca decidió, abro comillas, anunciar que en este asunto se proferirá sentencia anticipada. La noticia ha caído como una bomba en el gobierno. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que no había participado en el litigio, pidió intervenir, con lo cual el proceso queda suspendido por 30 días, pero en todo caso hace inevitable el pronunciamiento del tribunal en el curso de este año. Ante la inminencia de la decisión y también del vencimiento del contrato para la elaboración de los pasaportes que, reiter reitero termina el 2 de octubre, funcionarios de la Cancillería le están pidiendo a Thomas Gregan Sons que llegue a un acuerdo para extender, quizás usando la figura de la urgencia manifiesta y se siga cumpliendo el actual contrato y además llegar a un acuerdo para conciliar la demanda. Tanta vuelta para llegar al mismo punto que ocasionó la vergonzosa gritería de Leyva y la petición de renuncia de la entonces directora de la Agencia de Defensa del Estado, Marta Lucía Zamora. Ella tenía razón. Lo que correspondía era buscar la conciliación para evitar la interrupción del servicio de suministro de pasaportes y el pago de 120 mil millones al contratista por desconocer los efectos de una licitación armada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Leiva. Por capricho del entonces canciller Álvaro Leiva, Colombia terminó recorriendo un doloroso camino para llegar al mismo punto en el que estábamos hace un año. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.