La nueva política de erradicación de hoja de coca en el Catatumbo, es un tiro en el pie

La nueva política de erradicación de hoja de coca en el Catatumbo, es un tiro en el pie

17 de mar de 2025

El episodio del podcast "A Fondo" aborda un tema central de la política de drogas en Colombia: la sustitución de cultivos ilícitos, específicamente el nuevo plan para el Catatumbo. María Jimena Duzán entrevista a expertos en el tema que analizan las posibles repercusiones y falencias de este nuevo enfoque, así como su similitud con programas anteriores como el PENIS, que se implementó después del acuerdo de paz con las FARC.

Capítulos

El nuevo plan en el Catatumbo y su contexto

La directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, anunció un nuevo plan para erradicar 25.000 hectáreas de coca en el Catatumbo. Este plan busca no solo cambiar el cultivo de coca por otros cultivos, sino transformar todo el circuito económico de la región. Este anuncio se produce mientras el Catatumbo enfrenta un conflicto por control territorial entre grupos armados, lo cual ha obligado al gobierno de Gustavo Petro a declarar un estado de conmoción.

Análisis del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PENIS)

El gobierno de Juan Manuel Santos implementó el PENIS tras el acuerdo de paz con las FARC, buscando cambiar la política prohibicionista hacia un enfoque de salud pública. Sin embargo, este plan ha sido criticado por su fracaso en cumplir con las promesas a los campesinos y no lograr una transformación económica real en las regiones afectadas por el cultivo de coca. María Alejandra Vélez y Lucas Marín, investigadores de la Universidad de los Andes, explican que falencias de diseño e implementación del PENIS llevaron a problemas como el no cumplimiento de beneficios prometidos y la falta de protección para los líderes campesinos.

Críticas y similitudes con el nuevo anuncio en el Catatumbo

El nuevo anuncio en el Catatumbo ha despertado críticas al ser percibido como una repetición del PENIS. Las promesas de transformar el territorio y abordar el problema de la cocaína enfrentan dudas debido a la falta de cumplimiento pasado y la dificultad de implementar soluciones efectivas. Los expertos destacan la importancia de no volver a estrategias de erradicación forzada y la necesidad de integrar políticas de desarrollo más amplias. También se menciona el déficit de participación de los entes territoriales en el diseño e implementación de soluciones.

Contradicciones y desafíos en la política de drogas de Colombia

El presidente Petro había prometido un enfoque innovador para enfrentar el problema de la cocaína, alejándose de políticas prohibicionistas. A pesar de esto, el decreto 180 y el enfoque actual contrastan con sus discursos anteriores, que abogaban por una regulación de la economía de la cocaína y vías legales alternativas. La falta de cumplimiento y coherencia en la implementación de políticas plantea riesgos para futuros esfuerzos de cambio en la política de drogas de Colombia.

Conclusión

El podcast destaca las complejidades y problemas persistentes de la política de sustitución de cultivos en Colombia. A pesar de los anuncios recientes, hay una tensión entre los objetivos políticos planteados y la realidad de su aplicación, marcada por experiencias pasadas de incumplimiento. La necesidad de una transformación más integral y coherente que involucre a todos los actores es evidente para avanzar hacia una solución sostenible del problema de los cultivos ilícitos.

Menciones

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               Estoy lista para cambiar mi vida. Lino Richie, Luke Bryan y Ryan Seacrest en American Idol. Nuevos domingos, 8 y 7 central en ABC y en Hulu. Hace unos días en el Consejo de Ministros que ahora se televisa, la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, anunció un nuevo plan del gobierno para erradicar 25.000 hectáreas de hoja de coca de las 52.000 que hay en este momento en el catatumbo. Una región que, como ustedes bien saben, viene siendo epicentro de una nueva ola de violencia por una pelea por el control de territorio entre el ELN y las disidencias de las FARC, que ha afectado profundamente a toda la población del Catatumbo y que ha forzado al gobierno del presidente Gustavo Petro a declarar un estado de conmoción en esa región. Acá, ¿qué es lo que busca el gobierno nacional? Sustituir todo el circuito económico, no solamente el cultivo, que es lo que tradicionalmente se ha hecho en los programas de sustitución, se busca cambiar una mata por otra mata, acá lo que estamos buscando es reemplazar todo el circuito económico. ¿Qué es esto? Esto es, no solo el cultivo, sino también la transformación para agregarle valor a los productos, asegurar la logística de transporte, por eso este programa de sustitución se está articulando con la construcción de una vía a cargo del Ministerio de Transporte, y además la comercialización asegurada, que es algo en lo que el mercado de la coca ha sido profundamente exitoso, siempre hay mercado para eso, lo mismo tenemos que garantizar con los nuevos productos. Pero lo que más sorprendió del planteamiento que hizo Gloria Miranda en el Consejo de Ministros en torno a la nueva política de erradicación de cultivos en el Catatumbo era su receta, porque era prácticamente igual a la receta que se había aplicado desde el 2017, cuando luego de la firma de paz con las FARC se creó el PENIS, que fue precisamente el plan de sustitución de cultivos de coca a nivel nacional, que buscaba qué, pues precisamente ayudar a los campesinos con un sueldo mensual para que en cosa de un año dejaran de cultivar coca y a través de proyectos productivos que iban a llegar a esas regiones a través de las agencias del Estado, poder sacarlos de la ilegalidad y meterlos en la cadena productiva legal. ¿Se imaginan una Colombia sin coca? Eso, eso es lo que está al alcance de nuestras manos si implementamos estos acuerdos. Son muchísimos los estudios que se han hecho desde entonces, que lastimosamente llegan a una conclusión, que ese plan fue un fracaso. Y por diversas razones que han sido, además, motivo de varios podcasts aquí en a fondo. De ahí la sorpresa de que este gobierno que se ha dado el lapo para cambiar la política de drogas y salir del marco del provisionismo en el que la política se desarrolló tantos años en Colombia, pues hubiera decidido volver a una receta que no funcionó. En momentos en que el tema de cultivos de hoja de coca se está convirtiendo en un problema en las relaciones entre Washington y Bogotá, porque estamos a muy pocos meses de que se produzca el proceso de certificación en el Congreso de los Estados Unidos, un mecanismo que se estableció hace tiempo para ver si países como Colombia, que son productores de cocaína, cumplen las metas en materia de lucha contra el narcotráfico. En materia de lucha contra el narcotráfico. Hoy en Afondo vamos a traer a expertos para que analicen el nuevo plan de sustitución de cultivos que acaba de plante con el penis o si esta propuesta está hecha recogiendo los errores del pasado. Los invitados de hoy son los profesores e investigadores María Alejandra Vélez, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y miembro fundador del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe COTS. Ella es investigadora del CESED, que es el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes. También va a estar con nosotros Lucas Marín, otro economista de la Universidad de Los Andes e investigador del CESED. Ellos son autores de una investigación que miró y auscultó desde el 2017 hasta el 2022, el programa de sustitución de cultivos conocido como el PENIS. Los hallazgos de esa investigación fueron motivo de un episodio aquí, en a fondo, que se tituló el yin y el yang de la economía cocalera, porque durante esos años se analizó el efecto que dejó una bonanza de la cocaína que se produjo en varios departamentos del país. Uno de los hallazgos de ese estudio dejó claro que primero hubo un incumplimiento por parte del Estado en los beneficios prometidos a los campesinos que dejaran de cultivar la hoja de coca. prometidos a los campesinos que dejaran de cultivar la hoja de coca. Segundo, que muchos de los campesinos que sí creyeron en que esa era su oportunidad de salir de la economía ilegal y le apostaron a ese cambio, fueron asesinados porque las mafias del territorio se opusieron profundamente a la sustitución y el Estado fue incapaz de protegerlos. Y lo tercero, que los proyectos productivos nunca llegaron realmente a transformar los territorios donde tradicionalmente existe una economía cocalera, que según los hallazgos de estos investigadores, es una economía que mejoró en gran parte su nivel de vida. Para comenzar habría que decir que Colombia ha ido cambiando la política de la lucha contra las drogas y que en el tema de los cultivos ilícitos hubo un gran viraje luego de que llegó al poder Juan Manuel Santos con un nuevo enfoque, que fue el que se plasmó después en el acuerdo de La Habana, en el punto 4, en el que se acordaba que se iba a iniciar una nueva aproximación para el tema de la lucha contra las drogas y que se empezaría a desmontar las políticas prohibicionistas y se planteaba por primera vez que el consumo era un problema de salud pública y que los cultivadores y raspachines, que eran considerados hasta ese momento como parte de la cadena del narcotráfico, no eran criminales, sino víctimas que habían sido forzados por la falta de políticas del Estado a estar condenados a vivir en una economía ilegal. Fue en el gobierno de Juan Manuel Santos que también la jurisprudencia de la Corte cambió en materia de fumigación y aspersión aérea, que era la herramienta predilecta que se había utilizado en los años anteriores por parte de todos los gobiernos colombianos para acabar con los cultivos ilícitos, una herramienta que desde tiempo atrás venía siendo muy cuestionada por las organizaciones campesinas y por las organizaciones de salud, por considerar que esas aspersiones aéreas tienen unos efectos colaterales en materia de salud que estaban afectando a grandes poblaciones en los territorios de Colombia. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos y con el Acuerdo de Paz, se cambia la política con la que se venía combatiendo los cultivos ilícitos. Se suspende la aspersión aérea y se pasa a la erradicación manual de manera voluntaria. Y por eso se crea este plan de erradicación de cultivos ilícitos con las comunidades. Aquí nos va a explicar la profesora e investigadora María Alejandra Vélez cómo este cambio que se produjo en materia de lucha contra las drogas en el gobierno de Juan Manuel Santos, luego del acuerdo de paz con las FARC, lo que buscaba era solucionar las causas estructurales que impulsaban a los campesinos a cultivar la hoja de coca y a vivir en la ilegalidad. Entonces en el acuerdo de paz, en el punto 4, básicamente queda incluido que para solucionar el problema de las drogas ilícitas se va a diseñar un programa nacional de sustitución, el más grande de los de desarrollo alternativo hasta ahora implementados en Colombia, donde básicamente se invita a 99 mil familias a firmar estos acuerdos de sustitución. Era parte del acuerdo de paz, parte de los diálogos de La Habana, donde las FARC participaron en el diseño y concepción del programa y donde hubo varios cambios, pero ahí la idea fue solucionar esas causas estructurales por las cuales la gente empezó a cultivar los cultivos de coca en primer lugar. Entonces, pero sí quería resaltar que no es el primer programa de desarrollo alternativo, o sea, esto viene desde los noventas con Plante Palante, bueno, todos esos programas que se han intentado en Colombia, en Perú, en Bolivia, que son mejores que los de fumigación y de erradicación en el sentido que tratan de darles unas soluciones a las comunidades que están en el campo colombiano y que empezaron a cultivar cultivos ilícitos. Entonces, este programa del Acuerdo de Paz en particular, que es el más grande hasta ahora que se hizo en Colombia, tenía varios componentes. Tenía un componente de asistencia alimentaria inmediata, un componente de autosostenimiento y seguridad alimentaria, un componente de asistencia técnica integral, unos componentes para proyectos productivos, todo eso sumaba entre especie y efectivo como 36 millones de pesos por beneficiario. Pero además, en el acuerdo de paz, supuestamente no era solamente sustituir una mata por otra, sino tenía también un PAI comunitario, unos planes integrales comunitarios y municipales de desarrollo alternativo, una inversión comunitaria. Era un gran plan de desarrollo rural, en ese momento se planteó así en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, como vamos a discutir ahora más adelante, pues la evaluación que hicimos nosotros para el Departamento de Planación Nacional junto con Ipsos, CECED e Ipsos, pues nosotros evaluamos lo que hizo ese Programa Nacional de Sustitución con el objetivo, además de darle recomendaciones a los gobiernos siguientes sobre qué hacer y qué no hacer. Y por eso es interesante este anuncio que hacen sobre Catatumbo, porque obviamente lo primero que pensamos muchos fue, esto se parece mucho al penis, que es lo nuevo. Y eso creo que es lo que sería interesante discutir. Lucas Marín nos va a explicar también por qué se llegó a ese plan. Y una de las razones fue porque todo lo que se venía haciendo antes, pues tampoco había contribuido, no es verdad, a reducir los cultivos de coca en Colombia. María Jimena, primero muchas gracias por la invitación y el espacio. Sí, como estaban mencionando, la estrategia primordial en Colombia en la guerra contra las drogas desde los años 90, 2000, con el Plan Colombia se intensificó, era la expersión aérea. Y lo que ha mostrado también la literatura y los estudios académicos es cómo esas intervenciones no solamente empeoraban las condiciones socioeconómicas de los hogares en estas zonas del país, empeoraban sus condiciones de salud, pero tampoco eran efectivas para reducir los cultivos de coca. Adicionalmente a esta estrategia había unos esfuerzos de erradicación manual forzada en las cuales el ejército y la policía entraba a estas zonas a erradicar manualmente los cultivos de coca y esto generaba unas tensiones muy fuertes con las comunidades, exponía la vida de los miembros de la fuerza pública y tampoco era efectiva para reducir los cultivos de coca. En resumen, estas dos estrategias, las tasas de resiembra que se calculaban, eran alrededor del 70% para la aspersión aérea y el 30% para la erradicación manual forzada. Entonces, lo que uno ve a partir de la evidencia que se ha creado de este tipo de intervenciones es que no eran efectivas ni para resolver el problema que pretendían enfrentar, pero tampoco para dar oportunidades y, como estaba diciendo María Alejandra, mejorar las condiciones de vida de las comunidades que tuvieron que vincularse a esta economía cocalera. Y el proceso, digamos, que estaba escribiendo María Alejandra también se complementó con la, digamos, la prohibición de la aspersión aérea en el 2015. Y eso sí cambia un poco el paradigma de cómo Colombia empezaba a resolver este problema de los cultivos de uso ilícito en el país, este problema de los cultivos de uso ilícito en el país, dejando de lado la aspersión aérea y apostándole mayoritariamente a un programa de desarrollo alternativo y eso sí es algo, digamos, único en la historia de el gobierno de Iván Duque, un gobierno que llegó al poder diciendo que quería hacer trizas el acuerdo de paz. Y en materia de la lucha contra el narcotráfico lo que hizo fue intentar frenar los cambios que se habían introducido en materia de la política hacia las drogas. Con Duque volvió la sombra del proteccionismo e hizo todos los esfuerzos para que el gobierno pudiera volver a retomar la senda de la aspersión aérea. Sin embargo, no logró que el país se devolviera a la aspersión aérea. territorios y creaba una tensión adicional que se vio en el aumento del asesinato a los líderes campesinos que abogaban por el no cultivo y que incrementó las muertes de policías y de militares. Sin embargo, tampoco la vuelta a la mano dura sirvió para reducir los cultivos de coca, porque siguieron creciendo. Después del acuerdo de paz, y ahorita entramos de pronto con los detalles de los resultados que obtuvimos de analizar y evaluar este programa, también hubo una apuesta importante en el gobierno Duque por la erradicación manual forzada. Y hubo un aumento significativo en el número de hectáreas erradicadas en ese periodo, y lo que uno ve solamente descriptivamente es que a medida que aumentan las hectáreas erradicadas, también aumentaban las hectáreas producidas de coca. Entonces, esa tampoco, además de todos los costos sociales y atenciones que generaba, tampoco parecía ser una alternativa evidente. Entonces, yo creo que es importante, como hemos dicho desde el CCD en varias oportunidades, es muy importante criticar y entender cómo han funcionado estos programas de desarrollo alternativo, pero que esas críticas y esas evaluaciones no son una justificación para retornar a la mano dura y a los modelos de erradicación forzada porque esa no es la vía. en las zonas rurales del país que han estado marginalizadas de los modelos de desarrollo y son efectivas, como encontramos en la evaluación del programa, son efectivas para reducir pobreza, por ejemplo, pero no son efectivas para eliminar los cultivos de coca ni para resolver los problemas, digamos, asociados con la economía de la cocalera y de la cocaína. Pero tampoco lo fueron las anteriores. Entonces, eso sí es muy importante hacer énfasis en que estas críticas y estos resultados de la economía cocalera y de la cocaína, pero tampoco lo fueron las anteriores. Entonces eso sí es muy importante hacer énfasis en que estas críticas y estos resultados no son argumentos para volver a esos modelos prohibicionistas y de mano dura, sino que son yo creo que una alternativa para generar oportunidades socioeconómicas y que nos empiezan a dar luces que realmente las estrategias para controlar la oferta de coca y cocaína no son efectivas y que toca empezar a pensar en otros modelos que nos acerquen hacia la regulación de los mercados. ¿Cuáles entonces fueron los hallazgos que estos dos investigadores encontraron cuando estudiaron el PENIS y su implementación desde el 2017 hasta el 2022? desde el 2017 hasta el 2022. Aquí lo explica muy bien una de sus investigadoras, María Alejandra Vélez. Bueno, entonces nosotros evaluamos el PENIS, es importante decirlo, desde su anuncio hasta diciembre del 2022. Es decir, nosotros no estamos evaluando el periodo del gobierno Petro, sino de hecho Santos y Duque, ese periodo. Nosotros encontramos varias cosas y si quieres yo hago una primera introducción de las cosas grandes y luego vamos como haciendo doble clic en cada una de esas. Primero nosotros encontramos unas fallas en el diseño. Un problema que se ha documentado en la literatura ya de manera recurrente y es los efectos no intencionados del anuncio. Solamente haber anunciado esto generó expectativas y hizo que la gente cultivara más y esto se ha documentado claramente. Claro, y esto en un contexto en el que antes la presencia del Estado era fumigando, si ahora la presencia del Estado por primera vez prometía beneficios, pues la gente dijo, pues yo quiero tener coca. Que fue un malentendido porque de hecho el programa cubría a cultivadores y no cultivadores. Pero de todas maneras se leyó en la opinión pública como a cultivadores y eso aumentó. Entonces fue un primer problema que muchos han dicho, ahora lo vamos a discutir, si este nuevo anuncio no generará lo mismo. Ese es un primer elemento. Pero hubo otras dos cosas que a mí me parecen fundamentales también del diseño y que implicaron, que tuvieron efectos en la implementación. Primero, la protección de líderes sociales. Y es no un diseño, un plan, una estrategia para proteger a esos líderes sociales y campesinos que le iban a apostar a la sustitución. Y Lucas luego hace un estudio que muestra que donde allí se firmaron los acuerdos colectivosigencia militar en ese sentido para proteger a los líderes sociales generó muchos efectos perversos. es que no tuvo un diseño que considerara los temas ambientales. El foco del PENIS fue completamente agropecuario, no resolvió, digamos, los problemas donde estaban ubicados los cultivadores. El 50% de la coca hoy está ubicada en zonas estratégicas en términos ambientales, parques, resguardos indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras, y el PENIS tenía un foco completamente agropecuario. Entonces, en términos ambientales, pues reemplazar la coca con vacas o con otro monocultivo, eso no iba a ser ninguna ayuda. O pollos. Pero además, no hizo primero una verificación del ordenamiento territorial del territorio, y entonces, por ejemplo, beneficiarios que estaban en parques o en resguardos, que no eran indígenas, quedaron dentro del programa de alguna manera justificando su presencia en donde estaba y eso generó conflictos, tensiones en el Guaviare, en Putumayo y en otros lugares. Dije que ese era el último, pero me acuerdo en este momento de otro y es en el diseño mismo hubo un problema de articulación institucional. Se le pusieron una cantidad de funciones a la dirección de sustitución que no le correspondía. Y esto realmente era llevar el desarrollo a esas regiones. Y una dirección de sustitución no lo podía hacer. Y no había dientes para realmente coordinarse con las otras agencias del Estado, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, desde el inicio hubo como unas fallas en esa articulación institucional que hizo que realmente termináramos en un proyecto de sustitución y no de desarrollo rural, como se había planteado. Entonces, esas son como las fallas iniciales de diseño. Luego hubo muchísimas fallas de implementación. A diciembre del 2022, si mi memoria no falla, menos del 3% de los hogares habían recibido los beneficios de manera completa. Es decir, hubo un gran incumplimiento, que eso generó además una gran desconfianza en el territorio, que no es menor, que no es menor y que sorprende, por eso sorprende tanto estos nuevos anuncios, y es porque no terminaron de completar el PENIS, en lugar de anunciar otro, porque entonces la gente estaba esperando lo anterior y eso genera mucha incertidumbre y desconfianza. Hay una cantidad de quejas y problemas sobre la calidad de lo que finalmente llegó. Y finalmente nuestra evaluación, y podemos entrar en detalle, pero lo que nosotros encontramos son tres cosas. Para la gente que finalmente sí le llegaron los proyectos productivos en su totalidad comparado con aquellos que no les llegó todo, realmente sí hubo una disminución en pobreza. O sea, sí hubo, eso fue interesante. Poco, en 6%, más o menos, pero sí se disminuyó la pobreza. En las zonas vecinas y en las zonas vecinas de las vecinas, es decir, hay un efecto globo ya documentado nuevamente, es decir, vuelve y se aumenta alrededor y se aumentó la deforestación en unos montos de manera no despreciable. Entonces, en términos generales, pues no funcionó. Claro, no funcionó, entre otras porque no se implementó bien Pero incluso donde se implementó generó aumentos de coca, generó aumentos de deforestación Entonces, por eso es que a la luz del nuevo anuncio Es como estamos replicando exactamente lo mismo que ya vimos que no salió tan bien Y creo que lo hubiéramos podido hacer mejor Hubiéramos podido llegar a estos territorios con una oferta de bienes públicos e inversión social, que es lo que se tiene que hacer con o sin coca, sin ponerle el énfasis en la coca que ha generado tantos problemas de aumento de los cultivos en otros lados. Este episodio es traído a ti por Progresiva Insurancía. ¿Alguna vez te encuentras jugando el juego de la budgetación? Bueno, con el nombre de tu herramienta de precio de Progresiva, puedes encontrar opciones que encajan con tu budget y potencialmente bajar tus billes. Pruebalo en Progresiva.com. Progresiva Insurancía Casual y sus afiliados. Precio y copia limitada por la ley estatal. No disponible en todos los estados. Cada vez que en este país se conoce un nuevo dato de cómo es que aumentan los cultivos de hoja de coca, salen los prohibicionistas, los que quieren que en el país vuelva la aspersión aérea, que quieren que en el país vuelva la aspersión aérea, a decir que precisamente por falta de la erradicación aérea es que se están incrementando los cultivos de la hoja de coca y que esa es la única herramienta y la única política que sirve para realmente reducirlos. Para investigadores como Lucas Marín, eso tampoco es cierto. Claro, y ahí hay una discusión en la opinión pública importante, porque en muchos sectores de la opinión, la causa del aumento en los cultivos de coca siempre va a recaer en la suspensión de la aspersión aérea. Y eso no es cierto. Hay un trabajo de Daniel Mejía, Juan Vargas y Monu Prem, en el que muestran cómo fue el anuncio de los beneficios del programa de sustitución que generaron unos incentivos perversos y llevaron al aumento en los cultivos de coca. Y ellos en ese trabajo muestran y falsifican esa hipótesis sobre la suspensión de la aspersión aérea. Entonces, digamos, esa relación entre la suspensión de la aspersión aérea y el aumento de los cultivos de uso ilícito no es cierto. Y el anuncio, es importante de pronto entrar en los detalles de cómo se dio ese anuncio, que ocurrió en mayo del 2014, de manera conjunta entre las delegaciones del gobierno y de las FARC en La Habana, en la cual socializaban el acuerdo del punto 4, y decían que iba a haber beneficios materiales y no materiales para personas que estuvieran ubicadas en zonas con cultivos de uso ilícito. Y eso generó unas expectativas en los territorios para aumentar los cultivos de coca y que en cierto sentido tiene algo de intuición económica. Si yo tengo entonces cultivos de papa y de yuca, no voy a recibir unos beneficios económicos, mientras si tengo coca sí puedo ser beneficiario de ese programa y eso llevó a que hubiera un aumento desproporcional. Si no estoy mal, desde el 2014 al 2017 los cultivos aumentaron en 150%. Y hoy, por ejemplo, estábamos revisando los datos, en el país había 43 mil hectáreas de coca, más o menos, en el 2013, 47 mil, 43 mil, hoy esa misma cantidad de coca está solamente en el Catatumbo. 42 mil, 43 mil, hoy esa misma cantidad de coca está solamente en el Catatumbo. 42 mil, sí. Entonces, hay un incremento desproporcional en los cultivos de coca en Colombia y se explica por este anuncio que crearon con el PENIS. Pero como estaba señalando María Alejandra, la lógica del PENIS es que los beneficios económicos y productivos del programa iban a llevar a reducir los cultivos de coca, iban a, digamos, superar la dependencia de estos hogares a esta economía. Y lo que muestra la evaluación que realizamos con el DNP e Ipsos es que incluso la entrega de los proyectos productivos, que es el componente que realmente va a permitir esa transformación y esa transición a economías lícitas, aumentó los cultivos en las zonas vecinas a donde estaban los beneficiarios. Y la forma como nosotros hemos entendido esos resultados es que hay una demanda constante por cocaína en el mundo. En estas zonas del país hay, digamos, una capacidad institucional de producir este mercado. Si yo sustituyo en este lote, va a haber incentivos para que alguien más en el lote vecino o en la vereda vecina lo produzca y cumplir, digamos, y satisfacer esa demanda global que existe, que no ha caído en las últimas décadas. Entonces, digamos, la evolución de los cultivos de coca en Colombia se explica principalmente por ese anuncio y no hemos logrado reducir con ninguna intervención, incluso con esa, digamos, insistencia del gobierno Duque por aumentar la erradicación manual forzada, más crecieron los cultivos de coca. Entonces, realmente no hemos logrado entender o llegar a una política que permita reducir esos cultivos. cultivos. El temor de que se vuelva a producir en el catatumbo, el mismo escenario que se produjo cuando se inició el PENIS, es un tema que preocupa a muchos expertos. La decisión del gobierno de Gustavo Petro de salir a decir que tiene un nuevo plan de sustitución de cultivos de hoja de coca en el Catatumbo, en el que los campesinos que quieran abandonar el cultivo de coca van a recibir durante un año 1.280.000 pesos mensuales. Sin duda tiene muchas similitudes con ese escenario que produjo un aumento de los cultivos de coca en el 2017. Sin embargo, para María Alejandra Vélez, casi siete años han pasado desde entonces. De hoy, la gente en los territorios puede que no se meta a cultivar hojas de coca para ver si recibe esos beneficios, porque ya no le cree al gobierno. Yo no sé, la gente, yo no sé si voy a volver a creer. O sea, a la gente ya le incumplieron tantas veces que yo no sé si esta vez vamos a tener el mismo efecto perverso del anuncio, en el sentido que la gente ya anunciaron una vez, expandió los cultivos y le incumplieron. Entonces yo no sé realmente si eso va a suceder. Pero hay otras miles de cosas que repetimos igualito sin solucionar o sin ajustar los errores. ¿Cómo? Por ejemplo, un tema que no hemos mencionado que me parece fundamental. Se nos olvidaron los recolectores. En el programa... Los raspachines. Los raspachines. En el Programa Nacional de Sustitución Original, de hecho, la oferta para el recolector, que es el más vulnerable de los vulnerables, porque ni siquiera tiene tierra, fue muy precaria. Le ofrecían solamente por un año, Lucas, yo no me acuerdo exactamente el monto, condicionado a trabajos para la comunidad, pero eso no le daba una oportunidad de insertarse en el mercado laboral ni tener un proyecto productivo. Entonces, a los recolectores no los atendimos. Y nuevamente, este programa pareciera que solamente sería para los cultivadores de coca, no mencionan a los recolectores. Entonces es una población muy importante que es la más vulnerable y que no la estamos atendiendo. Luego el mismo error y es, aunque la directora ha mencionado muchas veces que esto no es sustituir una mata por otra, lo cierto es que en la práctica pues sí lo es porque es un monto determinado por una erradicación condicionado por una erradicación, condicionado a una erradicación. Los cocaleros y la evidencia muestra que la gradualidad sería muy importante. O sea, obligar a la gente a erradicar primero para poder recibir los beneficios implica que la gente dura tres años sin tener ningún ingreso permanente. Claro, no antes. El cacao dura tres años. No pagarle antes, que fue lo que hizo lo mismo el penis. Exacto. Antes de que erradicaran. Y que la erradicación sea gradual. Que Petra Mas lo anunció en el catatumbo y luego les incumplió. Claro, eso tiene un enredo jurídico y es que no tenemos el marco jurídico para sustentar eso, pero había que discutir. En Asia se logró disminuir los cultivos de amapola porque fue un tema de años y gradual, no se le obligó a la gente a erradicar primero, porque la cosa es muy sencilla, le dicen a la gente erradique y luego le damos unos pagos de un millón de pesos mensuales, que no le cubre el costo-oportunidad de la coca, pero además los otros proyectos productivos que se les ocurren, o sea cacao y sus similares, duran tres años antes de dar la primera cosecha. Entonces, mientras que la coca lo daba cada seis meses, cada tres meses. Entonces pues el tema de la gradualidad lo volvimos a incumplir. Esta propuesta de sustituir cultivos ilícitos en el Catatumbo tiene por lo menos una receta nueva que no traía la del Penís y es que está prometiéndole a los campesinos no solamente llevar proyectos productivos, cosa que sí le prometía el Penís en su momento, muchos de los cuales nunca llegaron, sino que habla también de comprarle las tierras a los campesinos. Frente a eso hay una reflexión muy importante que plantea aquí en a fondo la investigadora María Alejandra Vélez. Según ella, eso de crear programas para formalizar tierras con el propósito de sustituir cultivos de coca no funciona si no va acompañado de carreteras, de acceso a mercados y de una transformación del territorio. El tema de titulación, cuando dices comprueba, imagino titulación de titular las tierras, yo creo que eso es un componente importante, si es la cuestión agraria que no hemos resuelto en Colombia, sin embargo nuevamente otras evaluaciones que se han hecho desde la Universidad de Los Andes, lideradas por Eduard Martínez y Marial Pilar López y otros, muestran que titular la tierra, ese programa formalizar para sustituir, funciona en los primeros años, pero luego si no hay acceso a mercados, carreteras, nuevamente empiezan otra vez a aumentar los cultivos de coca. ¿Qué nos muestra todo eso? Que la solución tiene que ser mucho más integral. En mi concepto, dadas los 23 millones de consumidores o 30 millones de consumidores que hay de cocaína, reducir la coca y la cocaína a cero es una utopía. Pero por lo menos deberíamos enfocarnos en hacer las cosas que tenemos que resolver con o sin coca. A la gente tiene una cantidad de necesidades en los territorios y hay que solucionar, titular las tierras, hacer carreteras, llevar bienes públicos. Empecemos por solucionar esos temas sin que el foco sean los cultivos, porque eso ya sabemos que no funciona. Eso no quiere decir que no hay que resolverles todo, que no hay que llegar con la batería del Estado que le hemos prometido, pero que el foco no sea en los cultivos. Entre otras porque la lógica del argumento es como muy floja y nuevamente se repite que es que hay que reducir los cultivos para quitarle los ingresos a los grupos armados. Los ingresos no están en los cultivos y además los cultivos son fácilmente reemplazables. Entonces, listo, sustituyen acá, erradican acá. Los quitan a los campesinos. A los campesinos y esos cultivos rápidamente se reemplazan en otros lados y el dinero no está ahí, el dinero está en la distribución. Entonces, también como el argumento de por qué estamos haciendo esto se desdibuja. Y no ajustamos los errores que ya mencionamos. Yo creo que el foco sí debía estar en la transformación territorial, pero no atarlo a este condicionamiento de unos proyectos productivos tan chiquitos. Dicho eso, hay dos cosas que sí me parecen por lo menos novedosas y que además eso sí lo mencionábamos en la evaluación. Uno, que el foco va a ser las mujeres, el foco de los beneficiarios van a ser mujeres y nosotros sí encontramos que los proyectos que llegaron a mujeres fueron más efectivos y el foco en asociatividad. En diciembre del 2022, Gustavo Petro fue al Catatumbo y prometió que su gobierno iba a impulsar un plan gradual, oíganme bien, para erradicar los cultivos de la hoja de coca. Miren lo que dijo. Tenemos que lograr que disminuya sustancialmente la producción de hoja de coca en el Catatumbo y tenemos que lograr que se abandonen las armas ilegales en todo el Catatumbo. Para que el dueño de este territorio, la dueña de este territorio, sean estos niños que me acompañan, sean ustedes mujeres, sean ustedes hombres del trabajo, hombres campesinos, hombres que quieren y mujeres que quieren vivir en paz. Es decir, el presidente fue al Catatumbo a cumplir una promesa que les había hecho a esos campesinos el PENICE, ese proyecto que se había iniciado años antes y que no se había cumplido. Pero además, como lo explica muy bien aquí Lucas Marín, esa era una promesa de Gustavo Petro en campaña. Sin embargo, todo indica que de ese Petro que prometió gradualidad en materia de sustitución de cultivos de hoja de coca queda muy poco, sobre todo después de que firmó el decreto 180, en el que se plantean los lineamientos para iniciar el plan de sustitución de hojas de coca en el Catatumbo. Allí, como bien lo explica Marín, la gradualidad está ausente y en cambio se abre espacio a la erradicación forzada. El presidente prometió uno de los elementos pendientes que había en el PENIS, es la gradualidad y es esta lógica que María Alejandra estaba explicando de cómo los campesinos necesitan alternativas viables, económicas viables para poder eventualmente transitar a una economía lícita y esa fue una de las principales promesas que se hizo en ese evento y durante la campaña. Hoy cuando vemos el decreto 180, cuando vemos los lineamientos de la dirección de sustitución, la gradualidad está completamente ausente de la forma como se va a materializar el programa, pero incluso vuelve a tener un espacio importante la erradicación forzada. Para quienes cultivan coca después... Vuelve a lo un espacio importante la erradicación forzada para quienes cultivan coca después para los que cultivan coca después de haberse publicado el decreto y para quienes no erradiquen de manera completa los cultivos en los plazos que no recuerdo exactamente cuáles son entonces lo que uno ve en esta nueva iniciativa son muchas contradicciones con las mismas propuestas que el presidente hizo en campaña, que hizo durante los primeros meses de gobierno y con la política de drogas 2023-2033 que se publicó en octubre del 2023. Entonces esos son unos elementos que yo complementaría lo que María Alejandra estaba mencionando con tres temas que me parece que son fundamentales que hacen falta. El primero es la ausencia de los entes territoriales. Otro de los resultados que encontramos en la evaluación es que el diseño del PENIS nunca se acordó de manera conjunta con los entes territoriales, ni el diseño ni la implementación, y ahí había, digamos, una... ¿Y entonces con quién se acordó? Desde el nivel central. Desde el nivel central se pretendía implementar todo el programa y los entes territoriales no tenían ninguna responsabilidad. Entonces ahí esto generaba también tensiones cuando los… O sea, la gobernación, las alcaldías… Absolutamente ausentes en la implementación del programa. Y esto es algo que se retoma acá. Y ese podcast, por ejemplo, con Darío Restrepo es muy interesante ver cómo ahí en el modelo de centralización también estamos fallando y que esto pueda aportarle este tipo de intervenciones. Lo segundo que diría es en el tema de reemplazar las economías, ese creo que ahí es donde está la gran ausencia, como María Alejandra decía, en la transformación territorial. Hay unos datos, por ejemplo, el Ministerio de Justicia que muestra cómo en el Catatumbo el 95% de los hogares dependen de la economía cocalera y la dependencia es del 95%. Y eso es coherente con el trabajo que hicimos con María Alejandra, con Manuel Fernández y con otros profesores, mostrando cómo la bonanza cocalera aumentó entre 2.8 y 10.5% el PIB anual de esos municipios. ¿Qué economía va a lograr o qué sector va a lograr competir contra esos beneficios económicos? que las transacciones dependen de los recursos que se producen en esta economía, las tiendas, los bares, la actividad económica en estos municipios depende de este sector. Y lo último, un poco relacionado con la ausencia de cumplimiento en estos tres años del PENIS, que vio haber sido la primera tarea de este gobierno, es que se ha documentado como algunas asociaciones y algunos grupos de la sociedad civil en el Catatumbo han manifestado inconformidades frente a este programa. A Amscat-Cat. A Amscat-Cat, porque no ha habido cumplimiento, porque no han terminado de implementar el PENIS y porque se recogen en este programa muchas de las cosas fallidas del PENIS. Otro tema que a mí me parece que es interesante y que lo resaltaría como positivo es que se incluyen unas flexibilizaciones en el ICA, por ejemplo, para algunos productos y eso me parece que está bien orientado en el sentido de la comercialización de los productos y de lograr esas cadenas de producción, pero a mí me parece que esta de pronto puede ser una oportunidad perdida, incluso en la línea que el presidente había mencionado en el momento que ocurrió los hechos en el plateado, que dijo que iba a comprar la hoja de coca. Nosotros ahí, desde el CESED, fuimos críticos en que ese anuncio incompleto de solamente comprar la hoja de coca no iba a tener ningún efecto positivo si no había un plan de qué hacer con esos cultivos. Y yo creo que en el Catatumbo, en vez de volver a repetir los errores del PENIS, una de las oportunidades que se podía abrir era, compramos la hoja de coca, pero con unos programas y con un diseño de cómo se va a comercializar, cómo se va a regular los usos alternativos e industriales de la hoja, que es otra de las promesas que el presidente hizo, que se publicó un decreto en diciembre del 2023 y nunca se firmó. Entonces ahí también yo creo que hay una falla que el gobierno no ha terminado, yo creo que de pensar cómo se van a implementar todos estos programas y estos anuncios que se han hecho y cómo coordinarlos con la primera oportunidad y con la primera, digamos, materialización de algo concreto de la política de drogas. Y todas las promesas, digamos, quedaron incumplidas. Sin querer decir aquí, desde ya que esta nueva política de sustitución de cultivos en el Catatumbo va a ser un fracaso, sí es bueno plantear en materia de cifras lo que significa una y lo que significó la otra. Oigamos a Lucas Marín. Yo solo diría lo último que me parece grave de estos lineamientos y es una incoherencia en los números. Yo en los números veo unas incoherencias muy grandes. Por ejemplo, en el Penís, se vincularon 2.328 hogares en el Catatumbo para sustituir 1.157 hectáreas. Y los compromisos, digamos, de todo el programa del Penís, fueron 4 billones de pesos para cumplir toda la, digamos, toda la ruta individual para sustituir 45 mil hectáreas. Eso equivale a 90 millones de pesos por hectárea más o menos de inversión. Ahora con el Catatumbo se quieren sustituir 25 mil hectáreas, solamente en el Catatumbo, con 350 mil millones de pesos para 25 mil hectáreas. Eso equivale a 14 millones de pesos por hectárea. Entonces incluso la inversión que se va a hacer por hectárea para realmente sustituir y transformar el territorio es mucho menor que la que se hizo con el Peníns. Y se pretende lograr, en vez de sustituir 1,157 hectáreas solo en el Catatumbo, se pretende ahora hacer 25,000 hectáreas. Y además se les acabó el tiempo. Aún cuando, con todas las críticas que hemos hecho del Programa Nacional de Sustitución, pues era un compromiso del Estado y la gente quería que cumpliera. Yo creo que si era necesario iniciado el gobierno Petro, y nosotros incluso lo recomendábamos en ese estudio, era, aun cuando hubo fallas, si se redujo pobreza y era un compromiso del Estado y parte del Acuerdo de Paz, había que cerrar el penís, cumplirle a la gente y empezar un proceso de transformación territorial en esas zonas cocaleras. Eso debió ocurrir en el año 1, en el año 3. Sí, en el 22. En el año 3 lanzan un programa solo para el catatumbo, muy parecido al programa de sustitución, y yo no sé si ya la gente cree en eso o no. Es más, yo no sé a la fecha, porque veo que extendieron la fecha límite, cuántas personas se han inscrito. No sé si hay información sobre eso, pero sería interesante que ustedes averiguaran cuántas personas se han inscrito en el Catatumbo para ese programa. Si la gente le va a volver a copiar a esto o no, no lo sé, porque no he ido ni hemos hecho trabajo campo reciente en el Catatumbo, entonces no sé lo que la gente está pensando, pero eso sería muy importante, saber si la gente copió eso o no, dado los anuncios anteriores no cumplidos. Les pregunte a estos expertos e investigadores si todo lo que está sucediendo en materia de política de sustitución de cultivos de hoja de coca se contradice con la nueva política de lucha contra las drogas que planteó el presidente Gustavo Petro desde hace ya un buen tiempo y que se basa precisamente en primero abolir el prohibicionismo y en considerar a los raspachines y a los cultivadores no en parte de una cadena criminal, sino en víctimas de un sistema opresor en los territorios que está dirigido e impuesto por organizaciones ilegales. Para María Alejandra Vélez sí hay una contradicción entre el Petro que elaboró la nueva política de drogas y el Petro que está elaborando esta política de sustitución de cultivos de hoja de coca en el Catatumbo. Es distintísimo en el discurso, pero en la práctica no tanto. O sea, la política de drogas habla de oxígeno para las comunidades campesinas, productoras y asfixia para los grupos armados y otros momentos de la cadena de valor. Se habla de empujar el discurso prohibicionista, pero realmente en la práctica nuestro marco en el país sigue siendo el discurso prohibicionista. No en el catatumbo, pero sí a nivel nacional. Lo único que realmente yo creo que se va a terminar de empujar en este gobierno era la idea de promover los usos alternativos o no psicoactivos de la hoja de coca. Entonces, por primera vez, Colombia apoya a Bolivia, que hoy nos anunciaron nuevamente esta mañana en Viena, en que la OMS revise la clasificación de la hoja de coca que está en la lista 1 de la Convención Única de Estupefacientes. Yo creo que eso, como símbolo, como reconocimiento de un error histórico que pusieron como una planta prohibida la hoja de coca que tiene usos tradicionales de los pueblos indígenas amazónicos, es ganancia. Pero eso no va a ser una estrategia de sustitución de la coca para la cocaína. Entonces, eso es como otro elemento de la política de drogas que me parece que lo han empujado. Vamos a ver en este año a dónde llegan, si logran sacar el decreto o no. Algo de eso se podría hacer en el catatumbo, pero ahí no está el foco de los usos no psicoactivos de la hoja de coca. Eso es lo único que de la nueva política de drogas yo veo cercano a materializarse, pero eso no va a solucionar la coca para la cocaína. Yo no sé qué van a alcanzar a hacer en este año, yo deseo la mejor de las suertes y creo que desde la dirección hay toda la buena intención, pero es que me parece que se les hizo muy tarde. pero es que me parece que se les hizo muy tarde Yo creo que y al principio digamos un poco la apuesta que se hizo desde el gobierno y desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas fue tratar de identificar una hoja de ruta para el gobierno nacional y la trabajamos con Dejusticia con Elementa, con ATS qué se podía hacer en el corto plazo qué se podía hacer en el med ATS, qué se podía hacer en el corto plazo, qué se podía hacer en el mediano plazo, qué se podía hacer en el largo plazo. Para cambiar la política. Para cambiar la política de drogas y aprovechar un poco el, digamos, el esfuerzo político que había hecho el presidente en la campaña y en los primeros meses. Desafortunadamente yo creo que de esa hoja de ruta muy pocas cosas se han materializado muy muy pocas, como estaba diciendo María Alejandra, lo de hoja de coca podría ser una de esas y lo que me preocupa a mí es como estos resultados de este intento de una política de drogas distinta van realmente a fortalecer la narrativa de los sectores que históricamente han apoyado las lógicas prohibicionistas y las lógicas de mano dura. Y en este momento me parece que ese es el mayor riesgo que tenemos, digamos, desde la política de drogas y como Julián decía también en el podcast hace poco acá, es como qué tanto vamos a retroceder cuando vaya a haber un cambio de gobierno. Y eso creo que no tener resultados en materia de transformación territorial, no tener resultados en materia de avanzar en la regulación de los mercados, va a ser un costo muy grande para unas ideas de transformación de la política de drogas de largo plazo y lo estaba mencionando usted ahorita, la regulación de cannabis que el presidente retoma hace poco como pidiéndole al congreso que regule el cannabis cuando fue el, cuando fue el mismo cuando fue el mismo en la misma coalición de gobierno, que no estuvo en el octavo debate para poder aprobar esto en el primer año de gobierno que hubiera dado un espacio ¿y en el segundo tampoco? en el segundo no estuvieron en ningún momento, pero en el primero estuvieron, hasta en el último debate faltaron esos votos entonces, a un año y medio hacer esas. Entonces, a un año y medio, hacer esas peticiones, a un año y medio, realmente apostarle a algo innovador en el discurso, pero cuando vemos cómo se están materializando las acciones en concreto, retomando la erradicación forzada como condición si no se llega a sustituir, retomando algunas, digamos, algunas narrativas que yo creo que no son convenientes para la reforma de la política de drogas, en vez de haber aprovechado desde el primer momento de sentar las bases para una política de drogas diferente y que el gobierno hubiera tenido el espacio para realmente implementar esos nuevos modelos de hoja de coca, de cannabis para uso adulto, de gradualidad, todo eso que quedó en el discurso al principio, yo sí creo que es muy desafortunado para las comunidades que no están viendo ningún cambio en sus condiciones de vida, eso en primero, pero también para el futuro de la reforma a la política de drogas, porque va a terminar mostrando que esta nueva apuesta, o al menos así se va a leer desde los sectores de derecha que promueven el prohibicionismo, que esta nueva apuesta de política de drogas no tuvo los resultados deseables y eso creo que va a ser muy grave para los siguientes esfuerzos que se puedan hacer en este tema. Dos cosas chiquitas porque ya no alcanzamos, pero que sí me parece que es como la gran oportunidad perdida y es haber hecho un piloto de regulación de cannabis porque así hubiéramos podido saber qué pasaría si un mercado como el del norte del Cauca, donde hay más o menos 3.000 hectáreas de cannabis para uso adulto, qué hubiera pasado si las hubiéramos podido regular, qué hubiera pasado en términos de seguridad, qué hubiera pasado en términos de reconversión productiva, de transformación territorial para una región en chiquito. Entonces yo creo que sí es como la gran oportunidad perdida obviamente estos temas de política de drogas, como ya decía Lucas, que no funcionaron le sirven de caballo de batalla de quienes están en la lógica de la prohibición porque a la par, y eso sí hay que decirlo pues la política de seguridad y la política de paz total que nunca conversó con la política de drogas tampoco funcionó y en eso si hay una percepción de deterioro de seguridad en regiones cocaleras con otras lógicas distintas al preacuerdo de paz que hace que se empiecen a pedir otro tipo de estrategias entonces también una una política de paz total que no funcionó, que nunca conversó con la política de drogas, hace que todo sea un panorama mucho más complejo para el próximo año. Yo creo que eso sí evidencia una falta de planeación y una falta de ejecución. una falta de planeación y una falta de ejecución. Esto es A Fondo. Mi nombre producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original, del mascar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán. ¡Gracias por ver el video!