La desclasificación de archivos como antídoto para contener el miedo a la memoria

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Un avance que es ya un derecho consagrado en una democracia como la norteamericana, que tiene unos términos perentorios para desclasificar los documentos de inteligencia y de contrainteligencia del Estado, hecho que ha permitido recuperar una memoria valiosa, no solo de momentos importantes que afectaron internamente a los Estados Unidos, sino de la participación de los Estados Unidos en hechos claves que ocurrieron en el mundo, tras de los cuales hubo una injerencia de Washington. Miles de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos hoy están a disposición de todos los ciudadanos, no solamente americanos, sino del mundo. Y estos archivos han sido fundamentales para entender cuáles fueron los acontecimientos históricos ocurridos, por ejemplo, en Chile entre 1968 y 1991, que fue lo que duró la dictadura de Pinochet. En Colombia, sin embargo, estamos en pañales en esa materia. cuando en realidad lo que quería era borrar la historia de la escombrera, porque las cuchas son esas madres que lloran aún a sus hijos que murieron en la escombrera, un lugar que terminó siendo el cementerio de la Operación Orión, una operación ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y hecha por la fuerza pública de la mano, lamentablemente, de los paramilitares. Su objetivo era liberar a los habitantes de las comunas de Medellín del yugo militar y terminó siendo una masacre de inocentes y creó un cementerio de desaparecidos. Una historia que hoy se quiere borrar. 7.32, mucha atención. La JEP confirmó que los cadáveres hallados en la escombrera de Medellín son de personas víctimas de desaparición forzada. María Paula Jiménez nos amplía. El hecho de que no seamos ni siquiera capaces de ponernos de acuerdo para decir que lo que pasó en la escombrera fue un hecho inhumano, que nunca debió suceder, demuestra lo lejos que todavía estamos de pensar que es positivo para Colombia desclasificar los archivos que tienen que ver con la seguridad y la defensa de este país. Hoy, lo que nos impide avanzar en ese camino es el temor a saberlo todo, a desnudar la verdad y a saber cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, hay que agradecerle a la Comisión de la Verdad que hubiera empezado a patear el tablero, porque en su informe final, dentro de las recomendaciones que hace, está precisamente esa, la de que es necesario desclasificar los documentos de inteligencia y contrainteligencia. Y miren lo que dice, abre comillas. Hay que garantizar de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva y garantizar un proceso gradual del levantamiento de la reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia. En otras palabras, la Comisión de la Verdad le recomendó al gobierno de Petro desclasificar sus archivos secretos en materia de seguridad y de defensa. La desclasificación de archivos que tienen que ver con la inteligencia y la contrainteligencia es un debate que ha ido creciendo cada vez más desde que se supo que el Archivo General de la Nación es custodio del archivo del DAS, un organismo que ya no existe porque fue desmantelado por el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2011, luego de que se encontraron pruebas evidentes que se había utilizado por parte de los paramilitares para penetrar el Estado y desde ahí asesinar a periodistas, profesores y ciudadanos que se atrevieran a denunciar la toma de las instituciones por parte de los grupos paramilitares, que se sucedió durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Desde el DAS también se inició una operación para chuzar a todos los opositores al régimen de Uribe y entre los cuales estaban periodistas, políticos y magistrados que estaban además investigando por primera vez la parapolítica. El primer gran escándalo que sacudió al presidente Álvaro Uribe fue la detención de su jefe del DAS, Jorge Noguera, sindicado de presuntos negros con los grupos paramilitares de Jorge 40 y porque supuestamente dejó que estos criminales infiltraran la que es considerada la Policía Secreta del Jefe de Estado. Tal fue la magnitud del escándalo que se tomó al DAS que una de las primeras decisiones que tomó el presidente Juan Manuel Santos a su llegada al poder fue la de desmantelar el DAS. La idea de desclasificar los archivos del DAS también ha suscitado toda suerte de reacciones. Ramiro Bejarano, que fue director del DAS en la época del gobierno de Ernesto Samper, ha salido a los medios de comunicación a decir que no está muy de acuerdo en que todos los archivos de inteligencia y contrainteligencia sean desclasificados y que si se va a hacer una política en ese sentido, debe hacerse con mucho cuidado. Y plantea una preocupación que dice que tienen muchos colombianos, la de que sea el M-19 el que pretenda descubrir todos los archivos públicos para detectar cómo fueron perseguidos legítimamente por el Estado cuando eran insurgentes. Dice Ramiro Bejarano, es también preocupante que el extinto M-19, ahora dueño de todos los secretos estatales, pueda acceder a ellos sin ningún control, de manera que hasta puedan alterarlos, sobre todo en campaña electoral. La verdad es que ni el gobierno de Gustavo Petro puede desclasificar como se le venga en gana. Y lo que es deseable es que lo haga, pero cumpliendo con todos los cánones que pone la ley. Está con nosotros aquí en Afondo el director del Archivo General de la Nación, Francisco Flores Bolívar. Él es historiador de la Universidad de Cartagena y magíster y doctor en Historia de la Universidad de Pittsburgh. y doctor en Historia de la Universidad de Pittsburgh. Es de un pueblo muy cerca de Magangue y autor de múltiples investigaciones indexadas sobre estudios afro-latinoamericanos y profesor de la Universidad de Cartagena. Bueno, esos archivos del DAS habían estado dormidos, pero las cosas cambiaron desde que se conocieron las recomendaciones dejadas por la Comisión de la Verdad en su informe final, en el que se exhortaba al Estado colombiano y al gobierno de Gustavo Petro a desclasificar los archivos de inteligencia y contrainteligencia. a desclasificar los archivos de inteligencia y contrainteligencia. Y la verdad es que por primera vez, Colombia ha decidido transitar por ese difícil camino que es el de la desclasificación de archivos secretos. Un capítulo nuevo para una Colombia que hay veces le tiene miedo a la memoria. ¿Cómo se recibió ese fondo? Producto tal cual como tú lo señalabas, María Jimena, de se suprime el DAS, hay una etapa de supresión que va del 2011 al 2014. En el 2014 se expide el decreto 1303 de ese año. Ese decreto establece unas competencias que están definidas para el Departamento Nacional de Inteligencia, que se encarga un poco de garantizar el acceso vía procesos judiciales a algunos actores judiciales y a víctimas que han reclamado derechos en distintos procesos. Luego está la competencia que tiene un procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación que se encarga de velar que lo que hace DNI y la función que tenía por lo menos entre 2014 y 2023, el archivo que era simplemente de custodio, se hiciera de manera adecuada. manera adecuada. ¿Cuándo empieza a variar este proceso y cuál es la cronología que debemos tener en cuenta? Después de la expedición de ese decreto, empiezan a surgir en el país, después de la expedición de ese decreto en el 2014, ya cuatro años después empiezan a surgir unas inquietudes relativas a qué está ocurriendo con la información del DAS? ¿Acaso está ocurriendo con la información del DAS algo similar a lo que supuestamente estaba ocurriendo con los informes que había recibido en su momento el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde supuestamente por unas actitudes negacionistas se estaba, digamos, haciendo uso indebido de esa información, frente a esa realidad, la Justicia Especial para la Paz establece unas medidas cautelares para salvaguardar esa información y luego hay una acción dos años después, en el 2020, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo establece, o más bien instaura, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una acción que le permita a las víctimas acceder de manera más expedita a la información que está en ese fondo en custodia del Archivo General de la nación. Eso se hace en el 2020, la sentencia sale en el 2023 y a partir de esa sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la JEP solicita que el archivo avance ya no solo en el tema de custodia, sino hacia un paso que fue fundamental y que avanzamos el año pasado, que tiene que ver con un diagnóstico integral de ese fondo. Y para, digamos, entender cómo se avanza en ese diagnóstico, y esto sí hay que remarcarlo, hay que señalar que el señor presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional toman la iniciativa de apoyar con recursos, con fondos, ese proceso de intervención. Porque desde el gobierno nacional y de manera particular, el señor ministro Juan David Correa, el señor ministro de la Cultura, las Artes y los Saberes, interpretan que la memoria juega un papel fundamental en la construcción de una cultura de paz y es una forma, además, de cumplir con lo establecido en el acuerdo de paz y también a la vez cumplir con algunas de las recomendaciones establecidas por la comisión de esclarecimiento de la verdad, que en alguno de sus apartes y en algunas de sus recomendaciones hacen alusión a los procesos de desclasificación de archivos de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, esa más o menos es la trayectoria que tenemos de lo que ha ocurrido con el fondo y del lugar que poco a poco el archivo ha venido ocupando dentro de ese esfuerzo por avanzar hacia la construcción de una cultura de paz. El Archivo General de la Nación hizo un diagnóstico que fue entregado a la JEP para mostrar la hoja de ruta y la manera como tiene empezado proceder a la desclasificación de esos documentos, que tienen que ver con informes de inteligencia y de contrainteligencia en el extinto DAS. En este diagnóstico se establecieron las bases para un acceso organizado, eficiente y transparente de la información, garantizando no solo su preservación, sino también su consulta y aprovechamiento por parte de la ciudadanía. Sin embargo, el proceso ha sido lento y hasta ahora solamente las víctimas pueden tener acceso a esos archivos y solo si tienen una orden judicial. Los ciudadanos todavía no pueden tener acceso a esos documentos. ¿Por qué no se ha avanzado lo suficiente en garantizar el acceso a la información al fondo del extinto DAS? Así responde a este interrogante Francisco Flores, el director del Archivo General de Anonación. Muchas veces se nos reclama, ¿por qué no se ha avanzado lo suficiente en garantizar el acceso a la información al fondo del extinto DAS? Y en eso hay que hacer una suerte de pedagogía, y es que hay que remarcar que no estamos hablando de mil metros lineales, el fondo, tal cual como está en el Archivo General de la Nación en este momento, está integrado por 15 mil metros lineales de documentos, y no menos de 60 mil medios electrónicos. Es decir, abarca la historia de la conformación del DAS desde 1960 hasta 2011 y luego el periodo que se conoce como DAS en supresión de 2011 a 2014. Entonces, ya está esa volumetría allí establecida y determinada. Luego nos hacemos una pregunta que a mí me parece que es la fundamental y tiene que ver con cómo está el país en materia de normatividad y establecen que, por ejemplo, la ley de acceso a información establece que la reserva que debe pesar sobre esos archivos debe ser 15 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que esas normatividades no acogen las prácticas internacionales ni tienen en cuenta las normatividades internacionales, señala que hay que avanzar hacia una nueva legislación que establezca que la reserva debe ser por 15 años y no prorrogables. Eso por un lado. Garantizar de manera efectiva, como lo hacen otras leyes a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, garantizar de manera efectiva el acceso a la información a la sociedad civil, algo que no se está logrando aún en el caso del Fondo de la Extintidad, porque está mediado, como decíamos, por órdenes de tipo judicial. Hay un concepto que no está incorporado en la normatividad actual de manejo de información secreta y su acceso al público que tiene que ver con un concepto que se conoce como el de autodeterminación informativa. ¿En qué consiste ese concepto? Pues en proteger los nombres de los colombianos que aparecen registrados en estos archivos como guerrilleros o enemigos del Estado sin que hubiese prueba de que realmente lo fueron. ¿En qué consiste ese concepto? En que si una víctima, por ejemplo, aparece en algunos de los documentos del fondo del extinto DAS señalada de ser enemigo del Estado. De pronto alguien de algún funcionario o alguna persona vinculada a esa organización establece que presuntamente tal persona era un enemigo del Estado, pero que realmente así no lo era, por el principio de autodeterminación informativa, a esa persona se le debe garantizar que esa información se elimine de ese documento. Es decir, eso es lo que está garantizando ese principio de autodeterminación informativa. Sin embargo, desde la perspectiva que nosotros estamos planteando como Archivo General de la Nación, creemos que ahí se abre un debate que pone por un lado el tema de la seguridad nacional, que es lo que aducen algunas personas que tienen visiones distintas o visiones críticas frente a lo que debe ocurrir con la información de inteligencia y contrainteligencia. Por otro lado está el tema de la autodeterminación informativa y para nosotros como Archivo General hay un tercer elemento que es sumamente preocupante y que tiene que ver con cómo garantizamos la memoria histórica del país a partir de la comprensión de esto que estamos planteando y eso deriva, en cierta forma, de lo que hemos venido realizando a partir de este diagnóstico que entregamos en el mes de diciembre a la Justicia Especial para la Paz. General de Nación este diagnóstico a la JEP para señalar cuál es la hoja de ruta con la que se van a desclasificar los archivos del DAS, se han suscitado muchas reacciones, pero tal vez la que es más pertinente es la que ha hecho Ramiro Bejarán, quien fue director del DAS en la época de la presidencia de Ernesto Samper. Él ha escrito varias columnas sobre la necesidad de que esta desclasificación de archivos de inteligencia y contrainteligencia se haga de manera muy cuidadosa. Él no se opone a que se conozca lo que sucedió dentro de esa agencia del Estado, pero sí prende las alarmas para que no se haga de manera arbitraria y sobre todo que no termine siendo utilizada por un gobierno integrado por exmiembros de un grupo guerrillero, el M-19, que protagonizó actos terroristas como el del Palacio de Justicia. a Ramiro Bejarano, en la que absolvió varias de las inquietudes que ha planteado Ramiro Bejarano. Sin embargo, desde luego, es un debate que sigue abierto y que le conviene al país que se dé de manera franca y abierta. Claro que sí. Parte de lo que ha venido impulsando el señor Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, es tener la capacidad de argumentar, de salir a debatir y de, digamos, no rehuirle a las discusiones difíciles, incómodas, o eso que nosotros hemos llamado conversaciones pendientes que tiene el país. Eso que nosotros hemos llamado conversaciones pendientes que tiene el país. Yo creo que esta es una conversación que el país tiene pendiente frente a sus archivos de inteligencia y contra inteligencia. Y en ese sentido, alentar este debate que ha surgido a partir del esfuerzo que ha sido el Archivo General de la Nación, por supuesto que es de la Nación. Responde, como decía, a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la exigencia de las víctimas y de manera particular también a algunas recomendaciones que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ha establecido. Y, por supuesto, este es un gobierno que tiene una clara intención de avanzar hacia el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Paz. Entonces, para entender ese marco inicialmente de por qué estamos actuando en la dirección que estamos tratando de generar una suerte de uso indebido de la información que está allí, pues eso está regulado, eso está establecido. Y hay unos patrones establecidos de lo que se debe seguir. La potestad, y está establecido en algunas de las normatividades, la potestad para levantar la reserva la tiene el señor presidente, no es un capricho, está allí establecido siempre y cuando no se comprometa ni la seguridad ni la protección nacional, mientras no se comprometan medios, métodos y fondos además, nosotros como ente rector de la política archivística en el país, si queremos tener la legitimidad suficiente para demandar de los entes obligados, los sujetos obligados y los entes territoriales a cumplir la normatividad archivística, nosotros internamente debemos cumplirla. Y parte del proceso que se está haciendo efectivamente requiere que los instrumentos archivísticos se hagan de la manera en que deben hacerse. Entonces, en ningún momento va a salir a la luz pública información que totalmente garantizado. Nosotros lo que hemos definido es una ruta supremamente cuidadosa, garante de los derechos, en la que decimos hay que hacer una copia máster, una copia digital. debe reposar a su vez con una copia de seguridad en otra parte, no necesariamente en el Archivo General de la Nación, y los actores judiciales podrán acceder, siempre y cuando tengan una orden judicial de por medio, a la información original. La que saldrá al público será una copia de acceso público que habrá sufrido y experimentado todos los procesos que garanticen autodeterminación de información, en este caso autodeterminación informativa, anonimización y protección y garantía de los derechos de todas y cada una de las personas que están allí. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que se está planteando como ruta, que no es competencia nuestra, y eso hay que aclararlo, no es competencia del Archivo General de la Nación desclasificar archivos, eso pertenece a otras instancias del Estado colombiano, que creo que es lo que se está perdiendo también de vista en la discusión. Esta es una discusión de un Estado. Este Francisco Javier Flores Bolívar, al frente del Archivo General de la Nación, debe cumplir sí o sí con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y quiénes son los que tienen la decisión de desclasificar o no arch de Inteligencia y Contrainteligencia es una comisión que existe aquí en el país, sesiona, y o estamos ahí, digamos, esa puede ser una opción, o la DNI, son como las dos competentes para esos efectos. Nosotros no tenemos ninguna competencia en ese sentido. Nosotros lo que estamos planteando es cuál es la ruta a seguir y cómo garantizamos que, por un lado, haya autodeterminación informativa, dos, se garantice la protección de medios, métodos, fuentes, y tres, la memoria histórica nuevamente no sea la sacrificada aquí. Eso es lo que el Archivo General de la Nación está intentando sugerir a la luz de experiencias internacionales, pero también a la luz del recorrido que hemos tenido con este archivo desde 2014 hasta ahora 2024, donde avanzamos en el diagnóstico integral y en esta fase que viene de 2025, ya sí va a entrar en el proceso ya de intervención, digamos de descripción de la información que está allí, y ese proceso de descripción, las personas que ingresan, por ejemplo, que es algo que también hay que remarcar, porque pareciera ser que no hay suficiente claridad sobre eso, se le hacen unos estudios de seguridad, que no son hechos por el Archivo General de la Nación, son hechos por otras entidades, que garantizan la idoneidad, no solo profesional, sino la idoneidad en términos de confidencialidad de las personas que allí van a estar, si se realizan sus antecedentes, es decir, hay un claro control sobre eso. Y adicionalmente, frente a algunas ideas que a veces suelen circular de que hay personas que entran en horas de la noche a los depósitos del archivo del DAS. Nosotros el año pasado fortalecimos el sistema integrado de seguridad, hicimos una inversión importante en un sistema de seguridad que garantiza que eso no ocurre, no va a ocurrir y no hay forma de que una persona entre sin permiso del ADNI. Es decir, si el director del Archivo General de la Nación en estos momentos quisiera ingresar a ese fondo, no lo puede hacer. Solo una vez ingresé el año pasado, porque precisamente para fortalecer el sistema integrado de seguridad, teníamos que saber qué era lo que se iba a hacer. No tocamos ni un solo documento, simplemente a observar qué era lo que se iba a hacer, cuál era la apuesta que se iba a hacer, cuál era la ventaja que eso tenía y cómo eso fortalecía y garantizaba de cara a las víctimas que efectivamente estamos haciendo lo que nos compete dentro del marco de lo establecido en el decreto 1303 de 2014. Pero no solamente el Archivo General de la Nación tiene el fondo del extinto DAS, que maneja archivos de inteligencia y contrainteligencia. También tiene el Archivo del INCODER, entidad que fue liquidada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque terminó siendo completamente absorbida por los grupos paramilitares que la utilizaron para robarse tierras a través del despojo de campesinos. Sí, nosotros tenemos archivo de INCODER, estamos recibiendo información también de la Unidad de Restitución de Tierras. Creemos que es una posibilidad enorme en tanto el archivo vía sentencias judiciales tiene que digamos suministrar información a víctimas de despojo de tierra o en distintos procesos judiciales va suministrando información con base en la documentación que allí se tiene de hecho nosotros el año pasado hicimos un evento muy interesante con la Unidad de Restitución de Tierras que se llamó Los Archivos del Despojo, donde poníamos el foco precisamente en cómo el Archivo General de la Nación es garante de derechos, particularmente en lo que concierne a estos procesos que se han vivido en los últimos años en términos de restitución de tierras y en términos del proceso de desplazamiento de muchas de las personas que en el marco del conflicto armado tuvieron que salir, digamos, experimentar procesos de desarraigo. Entonces, allí hay una parte importante y junto a ese tema del INCODER hay otro que creo que es clave y fundamental de señalar también por la magnitud de información que tiene y por la calidad de información que tiene, que es el Fondo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Estamos hablando de 130 teras de información. Nosotros hemos hecho un trabajo conjunto con la Justicia Especial para la Paz. Estamos trabajando con las autoridades suizas y con Cancillería, porque una de las cosas que hacemos nosotros en el Archivo General de la Nación, en vista de que esto no dependa de un gobierno, del capricho de un gobierno o de otro, sino que sea una responsabilidad de Estado, que es en el fondo lo que el Archivo General de la Nación debe hacer, lo que hacemos es que construimos copias de seguridad y esas copias de seguridad, lo cual garantiza que si por alguna razón, cosa que no debe ocurrir y nunca ha ocurrido en el Archivo General de la Nación, asume el carácter histórico y eso ya implica que haya una responsabilidad y un comportamiento de parte del comité directivo y de los funcionarios que ahí estén al frente para que eso se mantenga. Evitamos y garantizamos a todas las personas que suministraron, que esa información no se va a perder. Si alguien intenta alterarla, manipularla, pues habrá una copia de respaldo en otras entidades o fuera del país para garantizar que eso no ocurra. Y una pregunta, director, ¿por qué uno, cualquier colombiano puede entrar a investigar o a buscar información sobre la Comisión de la Verdad? Pero ya hay parte de la información que está disponible. Hay otra información que tiene que surtir unos procesos similares a los que hablábamos del DAS. Particularmente hay unas entrevistas, estamos hablando de cerca de 16 mil entrevistas que hacen parte de ese fondo. entrevistas que hacen parte de ese fondo. Algún grupo de personas dio su consentimiento, cerca de 2.000, 2.000 y algo entrevistas para que pudiesen ser consultadas. Otras no han surtido ese proceso o no lo dieron y por tanto tenemos que garantizar vía anonimización de la información que esas informantes o las personas que d dieron sus testimonios no se vean comprometidas en su integridad. Y eso habla un poco de los retos, creo yo. ¿Y en ese sentido qué pasa? ¿No se publican o se anonimizan? Hay que avanzar hacia el proceso de anonimización. ¿Pero si se publican? Se publicarán posteriormente cuando se haga el proceso de anonimización. Es decir, antes no se puede hacer. ¿Y el proceso de anonimización se dura cuánto? Pues ahí es donde está, ese es el proceso largo que hay y el reto que tenemos. Es un reto que implica recursos, tiempo, equipos con los cuales, digamos, hay que iniciar toda esa operación de manera particular. Solo para darle un ejemplo, en el caso del DAS y en los medios, la intervención del fondo tal cual como está establecida ahora, está por un valor cercano a los 30 mil millones de pesos. Solo en el caso del DAS. Por el volumen de la información y por la complejidad que implica intervenir los medios electrónicos. Estamos hablando de medios electrónicos que hace muchos años no se han prendido, no sabemos cómo darle el tratamiento que se le debe dar. Hay que buscar personas especializadas para ello, pasar información que está en unos formatos que ya no se utilizaban a formatos digitales. Hay que extraer la información de manera más compleja. Entonces, dependiendo de la capacidad que tengamos en términos de personas y de recursos, seguramente se acortan los tiempos. Y en ese sentido, lo que hemos hecho desde el Archivo General de la Nación es fortalecer una estrategia de cooperación internacional. Hemos presentado varias apuestas a distintas instancias con miras a obtener recursos que faciliten el proceso de anonimización, en el caso de las entrevistas que tenemos para el caso de la Comisión de la Verdad y en el caso del Fondo del Extinto DAS, por lo menos avanzar hacia la digitalización de los 15 kilómetros o, para ser más preciso en el uso de la expresión, los 15 mil metros lineales de unidades de conservación que tenemos en el Archivo General. En la región, países como Chile, como Argentina, tienen legislaciones mucho más avanzadas que han permitido la desclasificación de documentos y de informes secretos de inteligencia y contrainteligencia de la época de las dictaduras. Para no hablar de lo que sucede en los Estados Unidos, donde ya es una política pública la desclasificación de documentos. donde ya es una política pública la desclasificación de documentos. Si seguimos por donde vamos, se nos abre una ventana de oportunidad para salir de ese rezago. ¿Cómo lo explica Francisco Flores? Claro que sí. Nosotros hicimos un ejercicio el año pasado, que llamamos Colombia en tiempos de desclasificación de archivos de inteligencia y contrainteligencia, que fue un seminario al que invitamos a distintos colegas de varias partes de las Américas. Estuvo Michael Evans del National Security Archive, que de Estados Unidos va mucho más avanzado, viene haciendo avances en ese sentido, pero hubo una experiencia supremamente importante en el caso de las Américas y concretamente en Centroamérica. Tuvimos a Ana Carla Eri Castilla, que durante mucho tiempo fue la directora de los archivos generales de Guatemala y a ella le correspondió avanzar en el marco del tratamiento y la gestión archivística en materia de desclasificación de archivos en el marco de la dictadura de lo que ocurrió en el marco de la dictadura de Efraín Ríos Montt. Entonces, ellos hicieron un esfuerzo importante, fue una experiencia que escuchamos con mucho cuidado, porque lograron avanzar en la dirección que se esperaba, y en efecto a Efraín Ríos Montt se le llevó a varios juicios, aunque después la sentencia finalmente no operó, pero nos decía ella que avanzaron de la manera indicada, pero luego comenzó todo un proceso de criminalización frente a quienes estuvieron al frente de todo este tema de desclasificación de archivos de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, recomendaba un poco cómo somos capaces de blindar jurídicamente lo que estamos haciendo. Pero entonces allí Guatemala tiene un ejemplo importante. La Argentina también ha avanzado en gran forma. Tenemos experiencias importantes en Chile. Hay un libro que se publicó recientemente que se llama Pinochet desclasificado, ahí se encuentra, digamos, los avances que estos países han realizado, pero yo creo que allí la clave cuando uno observa, la clave cuando uno observa lo que ha ocurrido en esos países, uno pone en el centro a las víctimas, digamos, no hay que tener temor en ese sentido, es decir, hay que garantizar que la sociedad civil participe de todo este proceso, no sólo para garantizar el acceso, sino ser transparente en los procedimientos que se están haciendo, en las discusiones que hay frente a esos conceptos de autodeterminación informativa, cómo vamos a garantizar que la memoria histórica no sufra una suerte de asalto, como para utilizar una expresión de la historia oralista, qué es lo que suele ocurrir cuando se le da ese tipo de asalto a la memoria, y tener la voluntad, en este caso voluntad política, para saber que es necesario que el país, si quiere avanzar hacia la construcción de una verdadera cultura de paz, necesariamente tiene que desentrañar sus memorias. No borrarlas como se está intentando censurar ahora a partir del muralismo y de estas expresiones de muralismo que hemos visto en las últimas semanas, sino por el contrario, ir sobre esas memorias y que esas memorias nos muestren las continuidades. ir sobre esas memorias y que esas memorias nos muestren las continuidades, no porque la historia se repita, sino porque realmente hay unas continuidades y en este caso quizás nos permita reflexionar cómo las instituciones del Estado deben salir de ese nivel de opacidad en las que a veces incurrieron cuando se trató de avanzar hacia la solución del conflicto armado por vías que fueron más allá de lo legalmente e institucionalmente permitido. Colombia todavía le tiene miedo a la memoria. Y un ejemplo de ello tiene que ver con lo ocurrido en la masacre de las Bananeras, realizada en 1928. Esa información aún no ha sido desclasificada. Y es una información que, en términeligencia que tiene el Ejército Nacional y la Policía. Esos documentos o esa verdad y esa memoria son muy importantes para comprender lo que nos sucedió y para aprender a cómo no volver a repetir la historia. Pero además, el hecho de que no nos hayamos puesto de acuerdo todavía para decir qué fue lo que pasó con los falsos positivos, con las madres de Soacha, ni con las madres que lloran hoy a sus hijos en la escombrera, ni con las madres que lloran hoy a sus hijos en la escombrera, demuestra la importancia de desclasificar los archivos de inteligencia en Colombia. Esto es A Fondo. Mi nombre producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora Música original del maestro Oscar Acevedo Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzán ¡Gracias por ver el video!