Investigación del CNE concluye que campaña del presidente Petro violó topes por más de $5.300 millones

               En la W, el reporte coronel. El explosivo reporte coronel. Las cifras que encontró el Consejo Nacional Electoral y que demostrarían, al concluirse la investigación, que se han violado los topes de la campaña presidencial. Las consecuencias son para el gerente de la campaña en lo penal y en lo político obviamente para el candidato que lo atiende una instancia distinta. El único juez del presidente de la república es la comisión de acusaciones en la cámara. Daniel Primicia del reporte hoy. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. La campaña del presidente Gustavo Petro habría incurrido en violación de los topes legales de gastos y financiación en las dos vueltas de la elección presidencial. Además, habría recurrido a aportes de fuentes prohibidas en las dos vueltas de la campaña. La investigación, ejecutada por un equipo multidisciplinario y dirigida por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y el cuestionado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, llegó a la conclusión de que la campaña presidencial del jefe de Estado sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos y que además recibió aportes de personas jurídicas contrariando la ley que lo prohíbe expresamente. Las alegadas irregularidades sobrepasan los 3.700 millones para la primera vuelta y los 1.600 millones en la segunda vuelta. Según la investigación, en la primera vuelta hubo siete violaciones. Las vamos a contar una por una. Primero, la campaña del hoy presidente Gustavo Petro omitió reportar un aporte de quinientos millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. La campaña argumenta que no recibió ese aporte, sino que lo hizo el movimiento político Colombia Humana. Sin embargo, los investigadores encontraron un acta del comité ejecutivo del sindicato de educadores que señala que el aporte fue aprobado por FECODE como, abro comillas, apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro, cierro comillas. Además, existe una certificación del fiscal de FECODE en la que consta que el cheque por 500 millones de pesos fue girado a la goberto Quiroga de Colombia Humana como, abro comillas, aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente 2022-2026. Esa plata llegó a la empresa Ingenial Media, la misma que le pagaba al asesor catalán Xavier Vendrel, y cuyo nombre él no quiso revelar hace unos días en su entrevista aquí en la W. La segunda alegada irregularidad consiste en haber omitido en el informe final de gastos un aporte por 500 millones de pesos del partido Polo Democrático. Sobre este aporte hay una curiosidad. Inicialmente apareció en la contabilidad como préstamo a la campaña y después se esfumó en los libros, en los registros posteriores con esos 500 millones ya se violarían los topes de la primera vuelta tercero, esta es la tercera presunta irregularidad y vuelve a aparecer la firma ingenial media se trata de la omisión de pagos por 931 millones de pesos a testigos electorales. Para efectuar dichos pagos, Ingenial contrató con otra compañía llamada Matrix Giros y Servicios. de campañas sino posteriores y se basa en un concepto jurídico del abogado de la propia campaña, Jonathan Ramírez quien, dicho sea de paso fue nombrado en el gobierno Petro como secretario general del Departamento de Prosperidad Social DPS y renunció en medio de cuestionamientos por corrupción lo inexplicable es que en la campaña de 2018 el presidente Gustavo Petro, había admitido que este costo de testigos sí era parte de los gastos de campaña, y además recibió su campaña reposición de gastos por parte del estado por ese concepto. Me dice la fuente actual de la campaña que la gerente era otra, la doctora Blanca Inés Durán. Eso es cierto. Pero el candidato era el mismo y sin que hubiera cambiado la norma declaró en la campaña lo que omitió en la siguiente. La cuarta irregularidad es la factura refundida de Caracol Televisión. Una cuenta por algo más de 356 millones de pesos por publicidad en la primera vuelta que sólo fue reportada en la segunda. Como tuve ocasión de explicarlo ampliamente en la última columna de los Danieles y en Twitter, los topes son distintos para primera y segunda. La campaña debe declararlos separadamente y solo con ese gasto ya se habrían violado los límites legales de gastos. Quinto, la quinta presunta irregularidad saca otra vez el nombre Ingenial Media. No fueron reportados 202 millones de pesos que recibió esa empresa para la operación de testigos de Vendrell. La plata venía de la campaña al Senado del Pacto Histórico que tuvo como representante legal al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Una transferencia de plata entre campañas que aparentemente no fue reportada conforme a las normas. La sexta alegada ilegalidad. La campaña omitió reportar más de 1.200 millones de pesos por vuelos privados de aviones y un helicóptero pagados a la sociedad aérea de Ibagué, Sadiq Saas. Las facturas a Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, fueron anuladas y reemplazadas por otras que disimulaban que las aeronaves realmente servían para el transporte del candidato y otros miembros de la campaña. transporte del candidato y otros miembros de la campaña. La séptima ilegalidad consiste en los informes contables de los aportes del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera Uso. Fueron omitidos 121 millones de pesos. Esa plata fue entregada el viernes 27 de mayo, dos días antes de las elecciones de primera vuelta, en transporte, y fueron gastados en transporte, combustible, y alimentación. Es decir, fueron gastos en efectivo del día de elecciones. Ni FECODE, ni la USO, que son personas jurídicas, podían hacer aportes a la campaña presidencial. La norma establece que solo pueden hacerlo personas naturales. Las presuntas irregularidades en la segunda vuelta superan los 1.600 millones de pesos y son cinco. Primero, el alquiler del Movistar harina para la celebración de la victoria del presidente Gustavo Petro en segunda vuelta. Ese valor fue reportado por 150 millones de pesos, pero costó 250 millones. La empresa TVL Live SAS expidió dos facturas. La primera a nombre de Ricardo Roa por 150 millones. La segunda por 100 millones a una empresa llamada Serviret SAS. Las dos facturas tienen como objeto la realización del evento del pacto histórico en el coliseo pero sólo una fue contabilizada los otros 100 millones fueron omitidos la segunda y alegada irregularidad en la segunda vuelta tiene que ver otra vez con ingenio al media la empresa que le pagaba al consultor catalán Javier Vendrell. Hay una omisión de pagos por 177 millones para testigos electorales. La tercera presunta irregularidad tiene que ver con la omisión en la contabilidad de pagos por más de 960 millones de pesos en vuelos privados, otra vez a la empresa aeronáutica Sadi de Ibagué. La misma que un tiempo después usaba Armando Benedetti para ir y venir de Venezuela, incluso para traer de Caracas a Bogotá a la niñera María Elvis Mesa, como lo revelamos aquí. La cuarta ilegalidad consiste en la no inclusión en la contabilidad de un aporte de la Colombia humana por más de 530 millones de pesos que se usaron para transportar y alimentar testigos electorales el día de la votación de la segunda vuelta. La quinta alegada irregularidad consiste en omitir otros aportes del abuso por más de 379 millones de pesos y que aparentemente fueron usados en el pago de los testigos electorales de Vendred. El Consejo Nacional Electoral tiene claro que el presidente Gustavo Petro solo puede ser investigado penal y disciplinariamente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, reclama la potestad para investigarlo en el campo puramente administrativo, como en su momento lo hizo la misma institución con los entonces presidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos por la Ñeñe Política y Odebrecht, respectivamente. Esta investigación administrativa solo implicaría multas o devolución de dineros públicos. El proyecto de resolución, que contiene todas las conclusiones de la investigación y que estudia el Consejo Nacional Electoral, se decidirá la semana entrante y plantea abrirle cargos administrativos por estas presuntas irregularidades al presidente Gustavo Petro, al gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemos. El abogado Héctor Carvajal es el apoderado del presidente Petro y está en la lista de inscritos para convertirse en candidato a procurador general. Petro y está en la lista de inscritos para convertirse en candidato a procurador general. No se queda atrás Ricardo Roa, cuyo abogado es Gustavo Quintero Navas, también en la lista de finalistas para entrar en la terna de procurador, pero por el Consejo de Estado. Lo que les puedo anticipar es que si esto llega a la comisión de acusaciones, el asunto se le puede complicar al presidente Gustavo Petro. En esa comisión están Hernán Cadavid, que era el asistente del expresidente Álvaro Uribe, Oscar Villamizar, otra ficha de Uribe en el departamento de Santander, Catherine Miranda, ferviente contradictora de Petro en la Alianza Verde, y Jorge Rodrigo Tobar Vélez, el hijo del jefe paramilitar Jorge Cuarenta, a quienes algunos llaman cariñosamente Jorgito 41. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.