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¿Murió la “Paz Total”?: aprobación de ley de sometimiento enfrenta a congresistas

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Ley de sometimiento

El trámite legislativo, la viabilidad política y los posibles vicios procedimentales o constitucionales del proyecto de ley de sometimiento promovido por el Gobierno en el Congreso de Colombia.

En el marco de la aprobación legislativa de la ley de sometimiento en Colombia, enmarcada en la prórroga de la ley de orden público, los congresistas Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y Daniel Monroy, del Pacto Histórico, debatieron sobre las implicaciones de esta normativa y el fin del enfoque de la denominada «Paz Total».
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En el marco de la aprobación legislativa de la ley de sometimiento en Colombia, enmarcada en la prórroga de la ley de orden público, los congresistas Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y Daniel Monroy, del Pacto Histórico, debatieron sobre las implicaciones de esta normativa y el fin del enfoque de la denominada «Paz Total». Mientras que el ponente de la iniciativa defendió el proyecto como una oferta unilateral del Estado regida por la justicia ordinaria para recuperar la seguridad y desmontar beneficios indebidos concedidos a grupos armados, la oposición denunció que se trata de una medida diseñada a favor de narcotraficantes y lavadores de dinero. La discusión abarcó las condiciones de las penas, el tratamiento de los bienes ilícitos, las alternativas penitenciarias y una controversia política interna dentro del Centro Democrático.

Del modelo de «Paz Total» al acogimiento unilateral a la ley

El senador Hernán Cadavid sostuvo que la aprobación de la norma marca el final de la «Paz Total» y el comienzo de una política de acogimiento estricto a la Constitución y la ley. De acuerdo con el congresista, el modelo previo otorgó beneficios excesivos mediante ceses al fuego bilaterales, gestorías de paz y más de doce procesos de negociación paralelos que causaron graves daños al país y dejaron en la impunidad a figuras cuyo paradero actual se desconoce. Frente a este panorama, Cadavid explicó que la nueva legislación no constituye una negociación política de paz ni transa órdenes de captura o solicitudes de extradición, sino que opera como una oferta unilateral del Estado con un tratamiento penal diferenciado bajo condiciones rigurosas dentro de la justicia ordinaria.

Cuestionamientos del Pacto Histórico y señalamientos de «Paz Traqueta»

Por su parte, el representante Daniel Monroy calificó la iniciativa como el nacimiento de la «Paz Traqueta», argumentando que el articulado fue diseñado para otorgar un trato penal preferencial a narcotraficantes, testaferros y lavadores de activos. Monroy advirtió que, a pesar de que el artículo 16 se modificó para elevar la pena mínima de tres a seis años, sigue siendo un castigo reducido que no garantiza la entrega exhaustiva de todos los bienes de procedencia ilícita ni exige a los testaferros delatar las redes criminales, empresariales y políticas con las que operan. Asimismo, Monroy reprochó que el trámite legislativo se enfocó en desacreditar al gobierno anterior en lugar de dar un debate de fondo, al tiempo que expresó temores de que la redacción del artículo segundo sobre actos terroristas pueda ser utilizada para criminalizar la movilización social pacífica.

Alcance de las rebajas de penas, marco institucional y colonias agrícolas

Ante los cuestionamientos sobre presuntas ventajas para los delincuentes, Cadavid aclaró que las rebajas punitivas contemplan hasta un 50% de descuento para miembros de base sin funciones de mando y hasta un 30% para cabecillas, siempre supeditado a la verificación de la Fiscalía y decisiones de los jueces de la República, sin acudir a jurisdicciones especiales. En relación con el lavado de activos y el testaferrato, señaló que la fijación de seis años supera el estándar ordinario tras allanamientos a cargos. Respecto al cumplimiento de penas en colonias o granjas agrícolas, Cadavid precisó que son opciones sujetas a disponibilidad presupuestal que funcionarán estrictamente bajo la ley penitenciaria colombiana, supervisadas por el Ministerio de Justicia, descartando de manera enfática que constituyan zonas de distensión o despeje territorial.

Visiones sobre la paz territorial y fricciones internas en el Centro Democrático

En el tramo final del debate, Monroy defendió que los acuerdos negociados, como el de 2016, han sido el único mecanismo eficaz para mitigar el conflicto armado, argumentando que durante administraciones anteriores los grupos armados expandieron su presencia territorial ante la falta de una política integral de paz. Por último, la mesa abordó la controversia al interior del Centro Democrático desatada por declaraciones del expresidente Álvaro Uribe sobre presuntas ofertas burocráticas por parte del Ministerio de Hacienda al representante Mateo Hidalgo. Cadavid señaló que no existe motivación burocrática en su bancada y que se espera un pronunciamiento oficial de Hidalgo ante la dirección del partido para esclarecer los hechos.

Puntos clave del debate legislativo

  • Hernán Cadavid argumenta que la nueva ley da por terminada la «Paz Total» para instaurar un sometimiento unilateral a la justicia sin cese al fuego ni canje de órdenes de captura ni extradiciones.
  • Daniel Monroy califica la legislación como una «Paz Traqueta» que concede beneficios a testaferros y lavadores de dinero sin exigir verdad completa sobre redes empresariales y políticas.
  • El esquema penal aprobado establece rebajas de hasta el 50% para integrantes de base y hasta el 30% para jefes de organizaciones criminales, supervisadas por la justicia ordinaria.
  • El delito de testaferrato y lavado de activos quedó con una pena mínima de seis años tras las modificaciones concertadas en la discusión en el Congreso.
  • Las granjas o colonias agrícolas previstas como alternativa de reclusión estarán sometidas de forma estricta al régimen penitenciario y no operarán como zonas de despeje.
  • El Centro Democrático se encuentra a la espera de explicaciones formales del representante Mateo Hidalgo ante señalamientos de Álvaro Uribe por presuntos ofrecimientos burocráticos del gobierno.