Huevos Revueltos con Política

Luego de las marchas: la reorganización del movimiento social

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Solicitud de intervención a la Corte Penal Internacional sobre la justicia transicional en Colombia

Las acciones y solicitudes diplomáticas ante la Corte Penal Internacional respecto a la capacidad y voluntad del Estado colombiano para investigar y sancionar crímenes del conflicto armado, así como la protección a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

el expresidente Gustavo Petro presentó en su último día de mandato una solicitud a la Corte Penal Internacional para que revise la situación judicial de Colombia.
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En este episodio de La Silla Vacía, Tatiana Duque y el periodista Juan David Pérez analizan la primera jornada de movilizaciones en contra del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. A través de la reportería realizada desde Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, se examinan las dinámicas internas de los sectores que salieron a marchar. El episodio destaca el distanciamiento entre el movimiento indígena del suroccidente colombiano y los partidos de izquierda que integran el Pacto Histórico, mostrando que, mientras los sindicatos y la oposición partidista emplean las marchas como una plataforma preparatoria hacia futuras disputas políticas y un eventual paro nacional, las autoridades indígenas defienden su autonomía histórica, su agenda territorial y exigen una interlocución directa con el mandatario.

Las demandas del movimiento indígena y la distancia con el petrismo

A diferencia de las protestas en ciudades como Bogotá, Cali o Pereira, donde primaron reclamos ciudadanos y sindicales sobre temas económicos y de reconstrucción, la movilización en el Cauca respondió a una agenda comunitaria propia. Las autoridades indígenas sostienen que el gobierno de Abelardo de la Espriella amenaza su autonomía a través de tres medidas concretas: un borrador para regular el sistema de guardias indígenas, reformas a la consulta previa y un decreto restrictivo sobre la protesta pacífica. Aunque diversos voceros y figuras indígenas ocuparon cargos o candidaturas durante el mandato de Gustavo Petro, representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), como Edwin Capaz, señalan que designaciones como la de Aída Quilcué como fórmula de Iván Cepeda o la de Lucho Acosta como ministro de Igualdad fueron decisiones a título individual y no mandatos orgánicos de las comunidades. Por ello, insisten en que su lucha no responde a intereses partidistas ni se reduce a la categoría de oposición política, dado que sus organizaciones cuentan con más de cinco décadas de trayectoria en defensa de sus derechos.

La cumbre en el Cauca y el plazo para el presidente

Para evitar que el gobierno divida el diálogo mediante reuniones aisladas con pequeños sectores, como ocurrió en Barranquilla, cuatro organizaciones clave (el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Huila, el de Caldas y el pueblo Nasa Wesx) celebraron una cumbre en la vereda El Pital. Voceros como Eibar Fernández, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ASIN), manifestaron que el mandatario parece desconocer las estructuras organizativas y las bases sociales del país. Como resultado de esta asamblea y de la marcha que concluyó en Santander de Quilichao, las autoridades indígenas condicionaron al presidente Abelardo de la Espriella a presentarse en El Pital en un plazo máximo de un mes, fijado para el 14 de noviembre. Si el encuentro no se concreta, las organizaciones evaluarán una movilización de mayor escala hacia Bogotá, Popayán o Cali.

La estrategia sindical y el trasfondo electoral hacia 2027

En paralelo a la agenda indígena, las centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y los partidos de oposición, liderados en el Congreso por el senador Iván Cepeda, marcharon contra el estatuto antiterrorista, las afectaciones al derecho a la protesta y derogatorias ambientales como la del páramo de Santurbán. El presidente de la CUT, Fabio Arias, reconoció que estas manifestaciones operaron como un ensayo hacia una huelga general programada para noviembre, aunque admitió que aún falta un detonante social claro como el vivido en 2021. Desde el punto de vista electoral, analistas como Víctor Muñoz, de la firma Guarumo, interpretan estas movilizaciones como un mecanismo de la izquierda para medir su capacidad de convocatoria de cara al Congreso Fundacional del Pacto Histórico y a los comicios locales de 2027, lo que a su vez se perfila como la plataforma electoral para 2030.

La última jugada de Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional

Al cierre del episodio, se detalla que el expresidente Gustavo Petro presentó en su último día de mandato una solicitud a la Corte Penal Internacional para que revise la situación judicial de Colombia. Petro argumentó un cambio significativo en las condiciones del país y afirmó que el Estado colombiano ya no contaría con la voluntad o capacidad para investigar, juzgar y sancionar los crímenes del conflicto armado. Esta acción diplomática buscaría blindar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a presiones internas, a pesar de que contradice la postura histórica que Colombia sostuvo ante los tribunales internacionales sobre la solvencia de su justicia transicional bajo el Estatuto de Roma.

Puntos clave del episodio

  • Las organizaciones indígenas del Cauca, Huila, Caldas y el pueblo Nasa Wesx rechazan ser catalogadas como oposición partidista y priorizan su autonomía frente al Pacto Histórico.
  • El movimiento indígena dio un plazo al presidente Abelardo de la Espriella hasta el 14 de noviembre para reunirse en El Pital, advirtiendo con movilizaciones hacia Bogotá, Popayán o Cali si no se concreta el diálogo.
  • Los principales motivos de alerta indígena ante el nuevo gobierno son la reforma a la consulta previa, la regulación de la protesta social y los cambios en el sistema de guardias indígenas.
  • Los sindicatos y sectores de izquierda consideran las marchas de octubre como un calentamiento para un paro nacional en noviembre y una medición de fuerzas hacia las elecciones de 2027.
  • En su salida de la presidencia, Gustavo Petro solicitó la intervención de la Corte Penal Internacional alegando que Colombia carece de capacidad o voluntad para sancionar los crímenes del conflicto armado.