
Las claves de la tributaria de Abelardo
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Proyecto de ley de ajuste fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella
La propuesta legislativa de ajuste fiscal y reforma tributaria promovida por el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, orientada a reducir el gasto público mediante austeridad y facultades extraordinarias, reestructurar el IVA, modificar los impuestos sobre la renta y el patrimonio, y estabilizar las finanzas del Estado.
Tatiana Duque conversa con Pablo Manrique, analista de datos de La Silla Vacía, sobre el proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La propuesta, descrita como la iniciativa más ambiciosa de la administración actual, consta de 106 artículos y busca recuperar un 4,09% del PIB para 2030, lo que representaría un ajuste cercano a los 81 billones de pesos hacia 2028.
Resumen generado con IA a partir de la transcripción.
En este episodio de Huevos Revueltos con Política, Tatiana Duque conversa con Pablo Manrique, analista de datos de La Silla Vacía, sobre el proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La propuesta, descrita como la iniciativa más ambiciosa de la administración actual, consta de 106 artículos y busca recuperar un 4,09% del PIB para 2030, lo que representaría un ajuste cercano a los 81 billones de pesos hacia 2028. A lo largo del programa se analizan en detalle las medidas de austeridad en el aparato estatal, la profunda reestructuración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las modificaciones a la renta y al patrimonio, así como el verdadero impacto distributivo que golpea principalmente a la clase media mientras reduce cargas al sector empresarial.
Dimensión del ajuste: entre el recorte de gasto y el recaudo
El proyecto aspira a lograr un ajuste de 81 billones de pesos para el año 2028, una cifra equivalente a cinco reformas tributarias de la administración de Gustavo Petro. Aunque el vicepresidente José Manuel Restrepo sostiene que siete de cada diez pesos del plan corresponden a recortes de gasto, el análisis de los datos revela que esta afirmación se apoya en cálculos de 2027 y en clasificaciones contables discutibles, como catalogar la eliminación de exenciones tributarias previas en alimentos básicos como un menor gasto en subsidios y no como un alza impositiva. Si se recalcula el impacto para 2028 separando impuestos genuinos de reducción del gasto, los recortes reales representan solo uno de cada cinco pesos ajustados.
Austeridad burocrática y facultades extraordinarias
En materia de gasto público, la iniciativa contempla reducir un 20% los gastos en funcionarios públicos, exceptuando a la fuerza pública, lo que generaría un ahorro de 9,6 billones de pesos según el Ministerio de Hacienda, aunque sin aclarar si será mediante despidos o disminuciones salariales. Además, se proyecta un recorte del 50% en contratos de prestación de servicios (OPS), limitando su crecimiento futuro a la inflación. Como elemento central, el articulado otorga facultades especiales por seis meses al presidente para fusionar, suprimir y transformar la naturaleza de entidades estatales, lo que permitiría reducir las instituciones públicas de 209 a 104, sumándose a facultades ya contempladas en las leyes de presupuesto y estatuto antiterrorista.
Reforma del IVA y las dificultades del esquema de devolución
El eje principal de recaudación consiste en unificar la tarifa del IVA en el 19% para bienes y servicios que antes gozaban de tarifas reducidas o exenciones, tales como café, gasolina, granos, frutas, verduras, medicina prepagada, vehículos eléctricos, computadores y suscripciones digitales. Para amortiguar el impacto social, el gobierno promete devolver el 100% del IVA a los deciles de menores ingresos (1 al 3) y entre el 30% y el 50% a los deciles 4 al 6 a través de transferencias electrónicas basadas en facturación electrónica. Sin embargo, La Silla Vacía calculó que, debido a que en Colombia la factura electrónica solo se exige en el 43% de las compras por la alta informalidad y baja conectividad, los sectores más vulnerables apenas recibirían un beneficio neto marginal de diez mil pesos, mientras que el decil 4 terminaría perdiendo alrededor de sesenta mil pesos mensuales.
Impuestos a personas naturales frente a incentivos corporativos
La reforma disminuye el umbral a partir del cual las personas naturales deben declarar y pagar renta, gravando con un 9% los ingresos superiores a un rango entre 4,6 y 5,1 millones de pesos mensuales y eliminando las deducciones por hijos o dependientes económicos. En contraste, la tarifa de renta corporativa para empresas se reduce del 35% actual al 31% para 2028, con un costo fiscal de tres billones de pesos bajo la premisa de incentivar la contratación. En cuanto al impuesto al patrimonio para los más acaudalados, el umbral de gravamen se incrementa de 3.700 millones a 5.000 millones de pesos. Asimismo, se incrementan sustancialmente los impuestos al consumo no reembolsables, provocando aumentos promedio estimados del 47% en cigarrillos, 32% en licores fuertes y elevando el precio de la cerveza.
Ganadores, perdedores y riesgos fiscales
El análisis concluye que, si bien la reforma persigue evitar el default y estabilizar las finanzas del Estado, la carga del ajuste recae primordialmente sobre la clase media, que no recibirá devoluciones de IVA y sufrirá el incremento en el costo de vida y una mayor base de renta. Los sectores más pobres quedan expuestos a las limitaciones prácticas del sistema de facturación electrónica para recibir sus reintegros, mientras que las empresas resultan ser las principales beneficiadas por los alivios tributarios. La urgencia del gobierno radica en lograr la aprobación del proyecto en el Congreso durante el año legislativo en curso para evitar desajustes en el presupuesto de 2027.
Puntos clave de la reforma
- El proyecto de ajuste busca recuperar el 4,09% del PIB hacia 2030, con un impacto de 81 billones de pesos proyectado a 2028.
- A pesar del discurso oficial sobre austeridad, la reducción de gasto real representa solo una quinta parte del ajuste total y no el 70% anunciado por el gobierno.
- El plan incluye facultades extraordinarias de seis meses para que el presidente reduzca a la mitad las entidades estatales, pasando de 209 a 104.
- El IVA se generaliza al 19% en productos básicos, combustibles y servicios digitales, con una devolución calculada mediante factura electrónica que presenta dudas técnicas por la informalidad comercial.
- Se disminuye el umbral de renta para personas naturales y se eliminan deducciones por hijos, mientras se reduce el impuesto de renta a las empresas del 35% al 31%.
- Los deciles de clase media asumen la mayor parte del costo fiscal al no recibir compensaciones de IVA y enfrentar mayores impuestos de renta y consumo.



