
La relación tóxica entre ADLE y la constitución, explicada por Rodrigo Uprimny
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Gobierno de Abelardo de la Espriella
Políticas, controversias de gabinete, tensiones institucionales y respuesta a las movilizaciones y fuerzas de oposición durante la administración de Abelardo de la Espriella en Colombia.
En este episodio del podcast «A Fondo», la periodista María Jimena Duzán dialoga con el jurista y profesor Rodrigo Uprimny sobre el balance de los primeros dos meses de mandato del presidente Abelardo de la Espriella.
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En este episodio del podcast «A Fondo», la periodista María Jimena Duzán dialoga con el jurista y profesor Rodrigo Uprimny sobre el balance de los primeros dos meses de mandato del presidente Abelardo de la Espriella. A pesar de haber fundamentado su campaña en la defensa irrestricta de la Constitución de 1991 bajo el lema de ser un «patriota constitucional» —en oposición a propuestas constituyentes anteriores—, el análisis revela una serie de actuaciones gubernamentales que entran en contradicción directa con el orden institucional, los contrapesos democráticos y el Estado de derecho. Uprimny y Duzán examinan de manera crítica las vulneraciones a la laicidad estatal, la confrontación contra decisiones judiciales, las tensiones con el derecho internacional humanitario, los giros en política exterior, los intentos de regular derechos mediante decretos ejecutivos y el impacto de un proyecto de estatuto antiterrorista, concluyendo con una reflexión sobre la falta de hojas de ruta estratégicas frente al predominio de gestos y símbolos autoritarios.
Vulneración de la laicidad y desprecio por las órdenes judiciales
Uno de los primeros puntos analizados es el quebrantamiento del principio de laicidad del Estado colombiano. Uprimny recuerda que, si bien la Constitución no contiene explícitamente el término, la Corte Constitucional estableció desde 1994 que la neutralidad religiosa es el único camino para garantizar un trato igualitario a todas las confesiones y a los no creyentes. Durante su posesión civil, De la Espriella incorporó una ceremonia religiosa donde pastores hicieron rezar al público. Tras ser conminado por un juez laboral a ofrecer disculpas públicas y abstenerse de repetir estos actos, el mandatario respondió con una disculpa condicionada («si alguien se sintió ofendido») y cerró su mensaje con la consigna «¡Viva Cristo Rey!». Esta expresión, subrayan los analistas, evoca lemas de cruzada religiosa como los de la Guerra Cristera en México o el carlismo en la Guerra Civil española, constituyendo una burla formal a los fallos judiciales bajo una falsa apariencia de acatamiento.
Ataques a la independencia judicial y política de fumigación
El respeto proclamado por el presidente hacia el poder judicial contrasta con sus reacciones frente a decisiones desfavorables para su administración. Un caso central ocurrió en el Putumayo, donde dos jueces de instancia suspendieron un plan piloto de fumigación de mil hectáreas debido al incumplimiento de los requisitos fijados jurisprudencialmente por la Corte Constitucional sobre salud y protección ambiental, alertando además sobre el uso de un químico potencialmente más riesgoso y menos eficaz que el glifosato. En respuesta, De la Espriella no solo cuestionó los fallos alegando que la labor judicial debe alinearse con sus políticas estatales, sino que amenazó públicamente a los jueces con denunciarlos ante la justicia de Estados Unidos, criminalizando las objeciones jurídicas o técnicas a la fumigación al equipararlas con presunta complicidad con el narcotráfico.
Tensiones con el Derecho Internacional Humanitario y la seguridad
A pesar de haber ejercido como abogado penalista defensor de derechos individuales, De la Espriella ha mostrado un discurso punitivo extremo que desatiende el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sus declaraciones de que los criminales no sometidos terminarán «en bolsas en el infierno» omiten el deber constitucional de captura y judicialización. Asimismo, Uprimny destaca que en el contexto de los conflictos armados internos, los bombardeos estatales están sometidos al principio de precaución: los menores reclutados forzosamente son víctimas y población civil, por lo que no constituyen objetivos militares legítimos. El profesor también censura el trato degradante hacia los combatientes muertos y la humillación pública en la extradición de alias «Araña», exnegociador solicitado por EE. UU. En cuanto a la seguridad urbana, Uprimny rebate la efectividad de militarizar ciudades, citando investigaciones académicas sobre Cali que demuestran que el despliegue militar no reduce el crimen ni mejora la percepción de seguridad, sino que genera efectos contraproducentes frente a bandas criminales que requieren inteligencia, desarticulación de economías ilícitas y presencia integral del Estado.
Ruptura de principios constitucionales en política exterior
En materia internacional, el gobierno ha roto tradiciones jurídicas consagradas en el artículo 9 de la Constitución, que exige conducir las relaciones exteriores respetando los principios del derecho internacional tradicionalmente reconocidos por el país. De la Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán —territorio sirio ocupado—, quebrantando la norma hemisférica que prohíbe adquirir territorios por la fuerza, una postura que solo Estados Unidos había asumido. A esto se suman las amenazas de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la reciente decisión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de desconocer consensos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la diversidad de género, postulados que gozan de amplia protección en la jurisprudencia constitucional colombiana.
Gobernanza por decreto e intento de limitar la protesta social
Los panelistas advierten una tendencia a gobernar mediante decretos para eludir el control del Congreso y de las cortes, emulando órdenes ejecutivas de corte estadounidense. Esto se evidencia en la expedición de un decreto para regular la protesta social a escasos días de una marcha de la oposición, pretendiendo modificar unilateralmente el Decreto 03 de 2021. Este último se originó tras los abusos policiales de 2019 y 2020, por orden de la Corte Suprema de Justicia y mediante mesas de concertación con organizaciones de derechos humanos para fijar límites al uso de la fuerza. Modificarlo sin concertación desconoce dicho mandato judicial. Además, Uprimny enfatiza que la regulación de derechos fundamentales como la protesta no puede realizarse vía administrativa o por decreto del Ejecutivo, sino que exige estrictamente el trámite de una ley estatutaria en el Congreso.
Riesgos del borrador de estatuto antiterrorista
El gobierno filtró un borrador de estatuto antiterrorista de más de cien páginas que plantea graves riesgos para las garantías ciudadanas y la oposición política. Su eje central es la creación de un sistema de listas negras locales, semejantes a la lista Clinton u OFAC, donde individuos y colectivos podrían ser incorporados automáticamente si están en listados extranjeros, por decisión de la ONU o por determinación discrecional de órganos del Ejecutivo colombiano sin control judicial previo. Estar en la lista acarrearía la «muerte civil», la congelación de cuentas y bienes, y penas de 10 a 20 años de prisión para terceros que mantengan relaciones económicas con ellos. El proyecto introduce además medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía ante meras sospechas, aun sin pruebas para imputar delitos. Con ello, un gobierno de turno podría paralizar civil y económicamente a líderes opositores y retirar personerías jurídicas a partidos antes de que la justicia contenciosa resuelva recursos de nulidad años después.
Balance institucional: entre silencios, resistencia y falta de estrategia
Frente a la celeridad de estas medidas, Uprimny manifiesta un «optimismo moderado». Critica el silencio cómplice de sectores empresariales (como ante la salida de Bruce Mac Master), de exrectores universitarios y de las altas cortes que no han defendido con firmeza a tribunales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, resalta que los jueces de instancia y la Defensoría del Pueblo han demostrado valor y contrapeso institucional. Por último, ambos coinciden en que la administración exhibe una gran destreza en el manejo de símbolos y discursos efectistas, pero carece de hojas de ruta y estrategias técnicas reales, tanto para enfrentar el déficit fiscal sin subir impuestos como para resolver las dinámicas de seguridad en el territorio nacional.
Puntos clave del análisis
- Abelardo de la Espriella promovió su candidatura como un «patriota constitucional», pero en sus primeros dos meses de gobierno ha vulnerado reiteradamente principios fundamentales de la Carta de 1991.
- El principio de laicidad del Estado fue transgredido con actos religiosos en ceremonias oficiales y con respuestas que desprecian el fondo de las decisiones de jueces de tutela.
- Las medidas judiciales independientes han recibido ataques presidenciales que llegan a la amenaza de persecución ante la justicia de Estados Unidos, como ocurrió con los jueces de Putumayo en el caso de la fumigación aérea.
- En materia de seguridad, el gobierno confunde el poder militar de combate con el control policial, arriesgando el respeto al DIH, al principio de precaución con menores reclutados y la dignidad de personas fallecidas o procesadas.
- La política exterior ha roto consensos históricos colombianos al admitir la adquisición de territorios por la fuerza en los Altos del Golán y retirar el respaldo a los derechos sexuales y reproductivos en la ONU.
- El Ejecutivo pretende regular derechos fundamentales mediante decretos, omitiendo el deber constitucional de tramitarlos mediante leyes estatutarias en el Congreso y desconociendo mesas de concertación previas.
- El borrador de estatuto antiterrorista incluye listas negras de carácter administrativo y medidas cautelares sin imputación penal, abriendo la puerta a la persecución de la oposición y a la muerte civil sin verificación judicial previa.
- Pese al silencio de gremios económicos y de las altas cortes, los jueces de instancia y la Defensoría del Pueblo se perfilan como los principales bastiones de contrapeso frente a un gobierno cargado de símbolos pero desprovisto de estrategias claras.



