
El negocio de lanzarse a la presidencia: el caso de Sondra Macollins
Escuchar episodio
Temas del episodio
Identificados a partir del resumen.
Uso de anticipos estatales en la campaña presidencial de Sondra Macollins
Investigación periodística y escrutinio electoral en Colombia en torno a la campaña de Sondra Macollins Garvin, enfocados en la asignación de anticipos oficiales de financiación electoral y el presunto desvío o transferencia de recursos públicos hacia entidades vinculadas a su círculo familiar.
El caso central es el de la excandidata Sondra Macollins Garvin, quien obtuvo poco más de 19.000 votos en las elecciones y recibió un anticipo estatal de 4.500 millones de pesos apenas diez días antes de la primera vuelta. La indagación periodística expone cómo 3.200 millones de esos recursos terminaron transferidos a entidades ligadas directamente a la candidata, su esposo y sus hijastros, valiéndose de modificaciones extemporáneas a los objetos sociales de las empresas y de vacíos en las normas de reposición y devolución de fondos electorales.
Resumen generado con IA a partir de la transcripción.
En este episodio de Huevos Revueltos con la Política, conducido por Tatiana Duque, se analiza una investigación de La Silla Vacía liderada por el periodista Jerson Ortiz sobre el uso de recursos públicos en las campañas presidenciales en Colombia. El caso central es el de la excandidata Sondra Macollins Garvin, quien obtuvo poco más de 19.000 votos en las elecciones y recibió un anticipo estatal de 4.500 millones de pesos apenas diez días antes de la primera vuelta. La indagación periodística expone cómo 3.200 millones de esos recursos terminaron transferidos a entidades ligadas directamente a la candidata, su esposo y sus hijastros, valiéndose de modificaciones extemporáneas a los objetos sociales de las empresas y de vacíos en las normas de reposición y devolución de fondos electorales.
El mecanismo del anticipo estatal y la campaña de Sondra Macollins
Jerson Ortiz explica que el anticipo electoral es una figura antigua pero poco utilizada, frente al mecanismo tradicional de endeudamiento bancario respaldado por la reposición de votos, el cual exige superar un umbral mínimo del 4% de la votación para recibir el reembolso estatal. En contraste, solicitar un anticipo requiere presentar una póliza de garantía, pero en la práctica ha permitido que aspirantes que marcan por debajo del 1% o 2% en las encuestas accedan a millonarias sumas de dinero público sin la certeza de alcanzar dicho umbral. En la revisión a varios candidatos presidenciales que apelaron a esta figura, la Unidad Investigativa halló que a la campaña de Sondra Macollins le fueron desembolsados 4.500 millones de pesos el 21 de mayo, a solo diez días de la primera vuelta. Aunque Macollins apenas logró el 0,1% de los sufragios, argumenta que no está obligada a restituir los dineros porque los ejecutó conforme a la ley.
Triangulación de recursos en entidades familiares
La investigación revela que 3.200 millones de pesos del anticipo oficial fueron transferidos de inmediato a dos organizaciones estrechamente vinculadas con el círculo familiar de la aspirante. La primera es la Corporación Partido Digital Colombiano, fundada por su esposo Moisés Hernández (quien luego cambió su apellido a Garvin) y en la cual Macollins figura como asociada, directora y presidenta; esta entidad recibió 1.800 millones de pesos para labores de publicidad electoral. Sin embargo, su personería no contemplaba esa actividad, por lo que su junta directiva reformó el objeto social el mismo 21 de mayo en que llegaron los recursos públicos, en una reunión en la que Macollins participó a la par que tenía programada una entrevista televisiva a 17 kilómetros de distancia. La segunda empresa, Servicios Profesionales Integrales, administrada históricamente por su cónyuge y con sus hijastros como socios (entre ellos el hijo mayor, Sebastián David Hernández, quien a su vez ejerce de tesorero en la Corporación Partido Digital), recibió 1.400 millones de pesos por presunto soporte digital, transporte y call center. Dicha compañía tampoco contaba con facultades de consultoría digital y alteró su objeto social el 1 de junio, con posterioridad a la votación de la primera vuelta.
Gastos reportados frente a ejecuciones reales y el papel del CNE
Al cotejar los gastos reales que la campaña desplegó en el plano digital y material, los periodistas identificaron pagos de avisos en Meta por cerca de 120 millones de pesos (facturados a nombre propio de la candidata y no de las firmas contratadas), alrededor de 150 millones distribuidos en una quincena de influenciadores o activistas digitales, y cerca de 100 millones en vallas publicitarias físicas. Estas cifras distan considerablemente de los 3.200 millones de pesos trasladados a las entidades familiares, lo que deja en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) la tarea de revisar las cuentas y determinar si la campaña debe reintegrar los dineros. El caso rememora el precedente de Humberto de la Calle en 2018, quien tras no alcanzar el umbral del 4% para la reposición de votos y enfrentar una orden inicial de devolución de 9.000 millones de pesos, logró que el CNE condonara su deuda tras demostrar que los fondos se ejecutaron en gastos de campaña. Ortiz subraya que la diferencia sustancial en el caso de Macollins, frente a candidatos como De la Calle, Claudia López, Mauricio Lizcano o Santiago Botero, radica en que estos últimos respaldaron sus gastos con agencias publicitarias especializadas e independientes, mientras que Macollins lo hizo con entidades bajo su propio control y el de su familia.
Incentivos económicos y candidaturas exprés en la democracia colombiana
El episodio concluye con una reflexión sobre los incentivos perversos que rodean las postulaciones a cargos de elección popular en Colombia. Se destaca cómo la financiación estatal permanente —que otorga alrededor de 2.000 millones de pesos anuales para funcionamiento incluso a los partidos más pequeños con personería jurídica— combinada con la reposición de votos, fomenta que diversos dirigentes perpetúen su control sobre las personerías partidistas por motivos económicos. En el caso de los anticipos presidenciales, la falta de claridad en las reglas de devolución y la posibilidad de que cada voto de una campaña con escaso respaldo termine costando sumas desproporcionadas al erario —cerca de 225.000 pesos por voto en el caso de Macollins, sin incluir los costos de logística electoral general— abren la puerta a 'candidaturas exprés' cuyo propósito primordial podría ser la captación de fondos estatales, menoscabando la confianza de la ciudadanía en el sistema político e institucional.
Puntos clave de la investigación
- Sondra Macollins obtuvo poco más de 19.000 votos en las elecciones presidenciales y recibió un anticipo estatal de 4.500 millones de pesos a solo diez días de la primera vuelta.
- Unos 3.200 millones de pesos del anticipo oficial fueron transferidos a dos entidades vinculadas a la propia candidata, a su esposo y a sus hijastros.
- La Corporación Partido Digital Colombiano recibió 1.800 millones de pesos para publicidad política y Servicios Profesionales Integrales recibió 1.400 millones para soporte digital y transporte, modificando sus objetos sociales de forma sobrevenida para justificar dichos contratos.
- El desglose de gastos visibles en Meta, activistas digitales y vallas publicitarias suma montos muy inferiores a los 3.200 millones girados a las empresas de la familia.
- La excandidata se ampara en el antecedente electoral de Humberto de la Calle de 2018 ante el CNE para sostener que los anticipos gastados en campaña no deben ser devueltos, pese a no haber superado el umbral electoral.
- El caso expone incentivos financieros perversos en la normativa electoral, que permiten financiar candidaturas sin viabilidad en las urnas a un costo desmedido para los recursos públicos.



