
Desmenucemos la ley de rescate fiscal, con Marcela Meléndez de Fedesarrollo
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Proyecto de ley de ajuste fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella
La propuesta legislativa de ajuste fiscal y reforma tributaria promovida por el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, orientada a reducir el gasto público mediante austeridad y facultades extraordinarias, reestructurar el IVA, modificar los impuestos sobre la renta y el patrimonio, y estabilizar las finanzas del Estado.
se analiza la ley de rescate fiscal presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, un proyecto que busca ajustar las finanzas públicas reduciendo el gasto del Estado en cerca de 45 billones de pesos para 2027 y aplicando una profunda reforma tributaria.
Resumen generado con IA a partir de la transcripción.
En este episodio de A Fondo, conducido por María Jimena Duzán, se analiza la ley de rescate fiscal presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, un proyecto que busca ajustar las finanzas públicas reduciendo el gasto del Estado en cerca de 45 billones de pesos para 2027 y aplicando una profunda reforma tributaria. La iniciativa ha generado debate debido a que durante su campaña el mandatario aseguró que no aumentaría impuestos. Para desmenuzar el contenido de la propuesta, la invitada es Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, quien expone la gravedad del déficit fiscal, evalúa los aspectos positivos y los riesgos del articulado, y plantea alternativas de ahorro y recaudo que protejan el empleo formal y la sostenibilidad macroeconómica del país.
La gravedad estructural del déficit fiscal y la inflexibilidad del gasto
Marcela Meléndez enfatiza que el desbalance en las finanzas públicas representa un riesgo inminente de inflación, desempleo y pérdida de actividad productiva si Colombia pierde acceso a los mercados de deuda. Aunque reconoce que decisiones de administraciones previas profundizaron el gasto, subraya que el problema es estructural y está atado al diseño de los sistemas de pensiones, salud y protección social. El gasto estatal es altamente inflexible y no puede recortarse de la noche a la mañana mediante reformas de corto plazo o la venta aislada de activos, por lo que resulta imprescindible asegurar fuentes de ingresos recurrentes para estabilizar las cuentas de la nación.
La reforma al IVA y la progresividad en el impuesto de renta individual
Meléndez respalda la ampliación del IVA del 5 % al 19 % sobre varios productos de la canasta familiar y la reducción de exenciones, las cuales actualmente implican una pérdida de recaudo cercana a seis puntos del PIB. Argumenta que la medida es acertada porque contempla un mecanismo de devolución rápida mediante tecnologías digitales para compensar plenamente o en gran medida a los hogares de menores ingresos, evitando que los beneficios tributarios se filtren a sectores adinerados. Asimismo, defiende la ampliación de la base gravable y la elevación de tarifas marginales para el impuesto de renta a personas naturales desde los tres salarios mínimos, señalando que en una sociedad con una distribución de ingreso muy desigual, el ajuste fiscal recaerá principalmente sobre el 30 % de la población con mayores ingresos.
Carga corporativa y críticas al régimen RUGE
Fedesarrollo califica como conveniente la reducción gradual de la tarifa general de renta a las empresas del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, con la aspiración de que en el futuro baje a un 25 % generalizado, dado que la excesiva carga desincentiva el empleo. No obstante, Meléndez critica duramente el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), el cual ofrece a grandes inversiones una tarifa preferencial del 20 %, depreciación acelerada de activos y una estabilidad jurídica pactada a 16 años. Sostiene que estas gabelas desequilibran la competencia en beneficio exclusivo de megacompañías, añaden complejidad al sistema tributario, generan incentivos para reorganizaciones artificiales de negocios existentes y atan de manera riesgosa las manos del Estado sin garantizar la solución a obstáculos reales de la inversión como la infraestructura deficiente o la inseguridad.
Riesgos en el mercado laboral y opciones alternativas de recaudo
Otro punto que genera fuerte preocupación en Fedesarrollo es el incremento propuesto en los aportes sobre la nómina y el redireccionamiento de recursos de cajas de compensación familiar. Meléndez explica que esta medida revierte los avances de la reforma de 2012 que redujo parafiscales en salarios bajos, encareciendo un mercado laboral donde los costos no salariales ya rondan el 60 % de un salario mínimo. En sustitución de ese recaudo de 0,7 puntos del PIB, Meléndez sugiere vías menos distorsionantes: desmontar gradualmente los subsidios a los combustibles (gasolina y ACPM), corregir la focalización de los subsidios en servicios públicos domiciliarios —revisando las transferencias en estrato 3 y unificando el Sisbén con la estratificación— y fortalecer la obligatoriedad generalizada de la factura electrónica.
El llamado al Congreso ante la urgencia de estabilidad
A pesar de las discrepancias en torno al RUGE y los costos laborales, Meléndez concluye que la crisis fiscal es tan crítica que el Congreso debe actuar con responsabilidad para evitar el populismo tributario. Asegura que si tuviera que someterse a una decisión binaria de aprobar o rechazar la ley en bloque, recomendaría votar afirmativamente para evitar un deterioro mayúsculo de la economía que perjudique a toda la sociedad, insistiendo en que el debate legislativo debe enfocarse en mantener el recaudo por IVA e ingresos personales mientras se corrigen las distorsiones nocivas para el empleo y la libre competencia.
Conclusiones clave del debate fiscal
- La crisis de las finanzas públicas de Colombia obedece a un problema estructural del gasto social y requiere ingresos recurrentes para evitar escenarios de inflación y pérdida de financiamiento externo.
- La ampliación del IVA a ciertos alimentos y productos básicos es técnicamente defendible si se aplica en paralelo una devolución ágil y focalizada a los hogares de menores ingresos.
- El régimen preferencial RUGE genera distorsiones competitivas en favor de las grandes empresas y compromete la estabilidad fiscal por 16 años sin asegurar un verdadero impulso a la inversión.
- Revertir la reducción de parafiscales o encarecer las contribuciones de nómina amenaza la formalidad en un país con costos no salariales extraordinariamente elevados.
- Ajustar los subsidios a los combustibles y depurar las ayudas en servicios públicos residenciales representan alternativas viables para sanear las cuentas sin perjudicar la generación de empleo.
- Fedesarrollo insta a que el Congreso priorice el componente de ingresos del proyecto, señalando que la falta de un ajuste fiscal resultaría más perjudicial para el país que aprobar la ley aun con imperfecciones.

