Decisión de ICBF pondría en riesgo la atención a niños en Risaralda: esto dicen madres comunitarias
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Contratación de operadores de hogares comunitarios del ICBF en Risaralda
Denuncias y controversia en torno a la adjudicación por parte del ICBF de la administración de hogares comunitarios en Risaralda a un operador externo, afectando la estabilidad laboral de las madres comunitarias y el servicio a la primera infancia.
Yadira Becerra expuso su inconformidad ante la decisión del director regional encargado del ICBF de adjudicar la operación de los servicios de hogares comunitarios de Pereira a una Entidad Administradora de Servicio (EAS) procedente del Cesar.
Resumen generado con IA a partir de la transcripción.
En esta emisión de Caracol Radio se expone la denuncia presentada por las madres comunitarias de Pereira y del departamento de Risaralda frente a recientes determinaciones adoptadas por la dirección encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). A través del testimonio de Yadira Becerra, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Risaralda y vicepresidenta a nivel nacional de la organización, se detallan los cuestionamientos en torno a la contratación de un operador externo proveniente del departamento del Cesar para administrar los hogares comunitarios de la región. Las trabajadoras advierten que esta medida desconoce la trayectoria y el esfuerzo organizativo local, además de poner en riesgo sus garantías laborales y la continuidad de la atención integral brindada a la primera infancia.
Denuncia por la contratación de un operador externo en Risaralda
Yadira Becerra expuso su inconformidad ante la decisión del director regional encargado del ICBF de adjudicar la operación de los servicios de hogares comunitarios de Pereira a una Entidad Administradora de Servicio (EAS) procedente del Cesar. La líder sindical argumentó que las madres comunitarias de la zona se han organizado durante años en asociaciones, cooperativas y alianzas con el sector privado, poniendo a disposición sus propias viviendas, capacitándose y profesionalizándose para operar dichos programas. Señaló una presunta irregularidad en el proceso, indicando que no se evidenciaron los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, y criticó la falta de explicaciones oficiales sobre por qué se excluyó a las organizaciones locales que cuentan con trayectoria histórica en el territorio risaraldense.
El rol de las entidades administradoras y acusaciones de intimidación
Al explicar el papel que desempeñan las entidades administradoras de servicio, Becerra precisó que tienen bajo su cargo la atención integral de los menores, lo cual abarca la alimentación, el pago de prestaciones sociales, la contratación del personal y la administración de los recursos pedagógicos, nutricionales, psicosociales y de salud. Asimismo, denunció que ha sido objeto de intimidaciones directas por parte del director regional encargado, quien presuntamente la habría contactado para advertirle sobre acciones en su contra y amenazar con no contratar a las madres comunitarias o forzarlas a firmar los contratos con el nuevo operador. Frente a ello, la dirigente sindical hizo un llamado a la dignidad del gremio y a la solidaridad ciudadana para respaldar a las trabajadoras del cuidado.
Peticiones a nivel nacional y la respuesta institucional del ICBF
La dirigencia sindical elevó su caso ante la Procuraduría General de la Nación y la dirección general del ICBF, solicitando también la intermediación de la primera dama para instalar un espacio de diálogo. De acuerdo con las cifras suministradas por Becerra, la situación compromete la labor de 115 madres comunitarias, 18 profesionales de apoyo y la atención de 1.150 niños y niñas que requieren una pronta normalización del servicio. El reporte contextualizó que este tipo de reclamos también se han presentado recientemente en otras zonas del país, como Montería, debido a recortes contractuales. Por su parte, el ICBF manifestó a Caracol Radio que adelanta un proceso de renovación enfocado en mejorar la calidad, exigir resultados y prevenir actos de corrupción, y aclaró que, si bien reconoce el valor de las madres comunitarias y sus sindicatos, estas organizaciones no cuentan con facultades jurídicas para elegir operadores, exigir su permanencia o intervenir en los procesos de contratación estatal.
Puntos clave de la controversia
- Las madres comunitarias de Risaralda denuncian falta de transparencia en la elección de un operador del Cesar para administrar los hogares comunitarios de Pereira, ignorando a las asociaciones locales.
- La entidad administradora de servicio se encarga de la nutrición, los componentes pedagógicos, psicosociales y de salud, así como de la contratación y pago de prestaciones de las trabajadoras.
- Yadira Becerra denunció haber recibido intimidaciones y presiones por parte del director regional encargado del ICBF para aceptar la firma de contratos.
- La problemática afecta directamente a 115 madres comunitarias, 18 profesionales de acompañamiento y 1.150 menores en el departamento de Risaralda.
- El ICBF sostiene que los cambios obedecen a una renovación para elevar la calidad y prevenir la corrupción, puntualizando que las madres comunitarias no tienen facultad legal para seleccionar o exigir operadores.