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Colombia ha gastado 57 millones de dólares en sistemas anti-drones en los últimos años

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Contratación de sistemas anti-drones en Colombia

Investigaciones sobre presuntos sobrecostos, adjudicaciones irregulares y falta de transparencia en los contratos celebrados por entidades del orden nacional y territorial en Colombia para adquirir tecnologías y sistemas anti-drones para la fuerza pública.

Una investigación periodística de 6AM de Caracol reveló que entre 2022 y finales de 2026 el Estado colombiano ha comprometido más de 230.000 millones de pesos (alrededor de 57 millones de dólares) en la adquisición exclusiva de sistemas anti-drones a través de al menos trece contratos. La indagación pone de manifiesto presuntos sobrecostos desproporcionados, adjudicaciones a dedo y coincidencias llamativas entre contratistas y evaluadores tanto en el nivel nacional como en administraciones territoriales.
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Una investigación periodística de 6AM de Caracol reveló que entre 2022 y finales de 2026 el Estado colombiano ha comprometido más de 230.000 millones de pesos (alrededor de 57 millones de dólares) en la adquisición exclusiva de sistemas anti-drones a través de al menos trece contratos. La indagación pone de manifiesto presuntos sobrecostos desproporcionados, adjudicaciones a dedo y coincidencias llamativas entre contratistas y evaluadores tanto en el nivel nacional como en administraciones territoriales.

Contratación policial y firmas repetidas en Cúcuta y Popayán

Los periodistas señalaron que varias compras relevantes se tramitaron a nivel territorial para la fuerza pública. En 2025, la Policía Metropolitana de Cúcuta y de Norte de Santander formalizó un contrato por 17.000 millones de pesos con la Unión Temporal G&G de Cúcuta para sistemas de contramedidas aéreas en zonas críticas como el Catatumbo. Paralelamente, en Popayán se firmó otro contrato en diciembre de 2025 por 10.200 millones de pesos para equipos similares destinados al departamento del Cauca. La mesa de trabajo destacó como un hecho llamativo que la misma persona jurídica, Unión Temporal G&G, fuera la beneficiaria en ambos procesos, planteando dudas sobre la transparencia de estos acuerdos y la necesidad de recurrir a derechos de petición para exigir explicaciones a la Policía.

Irregularidades y sobrecostos en la Gobernación del Meta

Uno de los casos más críticos denunciados corresponde a un contrato de 5.000 millones de pesos entregado a dedo por la Gobernación del Meta a la empresa Red Summa. En dicho acuerdo se incluyó la adquisición de una cámara Bosker V300 por un monto facturado de 56.600 dólares, a pesar de que su valor comercial de lista en tiendas minoristas de Estados Unidos oscila entre 199 y 349,99 dólares, lo que representa un sobreprecio superior a 150 veces el costo habitual. Adicionalmente, se reveló una grave anomalía en el archivo digital de la propuesta presentada por Red Summa ante la Secretaría de Gobierno y Seguridad: en los metadatos del documento PDF figuraba como autor Brian Peña Corredor, exactamente el mismo funcionario que evaluaba las propuestas al interior de la entidad territorial.

Megacontrato del Ministerio del Interior y dudas sobre el destino de los equipos

En el orden nacional, la investigación identificó un contrato firmado en diciembre de 2024 por el Ministerio del Interior, valorado en casi 100.000 millones de pesos, con el propósito de desarrollar e implementar un sistema integral anti-drones para el Ejército. Sumando este proceso a los contratos regionales, se totalizan trece contrataciones que equivalen a 57 millones de dólares exclusivamente dirigidos a neutralizar aeronaves no tripuladas. Frente a este panorama, los periodistas cuestionaron de forma reiterada la falta de claridad institucional sobre la ubicación física real y el funcionamiento operativo efectivo de los costosos equipos adquiridos con dineros públicos.

Puntos clave de la investigación

  • Entre 2022 y 2026, diversas entidades estatales en Colombia contrataron más de 230.000 millones de pesos (unos 57 millones de dólares) exclusivamente en sistemas anti-drones mediante al menos trece contratos.
  • La Unión Temporal G&G resultó adjudicataria de contratos multimillonarios para sistemas de contramedidas tanto en la Policía Metropolitana de Cúcuta (17.000 millones de pesos) como en la de Popayán (10.200 millones de pesos).
  • La Gobernación del Meta otorgó a dedo un contrato de 5.000 millones de pesos a la firma Red Summa, incluyendo una cámara Bosker V300 comprada por 56.600 dólares cuando en el mercado estadounidense cuesta menos de 350 dólares.
  • Los metadatos del archivo PDF de la propuesta de Red Summa para la Gobernación del Meta identificaban como creador a Brian Peña Corredor, quien era simultáneamente el funcionario encargado de evaluar las ofertas contractuales.
  • El Ministerio del Interior contrató a finales de 2024 cerca de 100.000 millones de pesos para un sistema integral anti-drones para el Ejército, en medio de cuestionamientos sobre el paradero y operatividad de la tecnología adquirida.