Empieza en 9 días la audiencia preparatoria del juicio al expresidente Álvaro Uribe

               En la W, el reporte coronel. A las 7.33, bueno, el reporte tiene Álvaro Uribe, el reporte tiene Procuraduría, el reporte tiene Ecopetrol. Pero el reporte nos hace volver al empresario español que fue invitado de Daniel y me gustaría conocer la opinión de Daniel antes del reporte ¿cómo conecta todo en lo que tiene que ver con esa sociedad que reveló hoy el exgerente de campaña? ¿usted ya ha identificado esa compañía? ¿de quién es? Julio es parte del reporte que estoy trabajando para el próximo lunes No, no, no se lo daño Exactamente, pero pues sí hay unos nombres identificados Los señores Diego Felipe Hernández Sanabria, Adriana Chavarro Álvarez, Andrés David Galindo Larte, Andrés Guillermo Covilla Martínez. Son unos nombres que tienen que ver con la propiedad de esta compañía que ha tenido un manejo especial de una donación que fue polémica de la Federación Colombiana de Educadores. Esa donación por 500 millones de pesos fue la que financió la operación de testigos electorales. Entró a través de un partido político, la Colombia Humana no fue una donación a la campaña formalmente, pero hay una controversia interesante en materia jurídica, si el control de los testigos electorales es un gasto de campaña o no es un gasto de campaña ya que se efectúa después del cierre formal de las campañas para algunos es una leguleyada y desde luego que es un gasto de campaña, ya que se efectúa después del cierre formal de las campañas. Para algunos es una leguleyada y desde luego que es un gasto de campaña, y para otros hay forma de decir que no. De todas maneras, 500 millones de pesos que salieron del principal sindicato del Magisterio vinieron a la campaña de Gustavo Petro, o a la causa de Gustavo Petro o a la causa de Gustavo Petro si la campaña va a generar controversia de todas maneras a la causa de Gustavo Petro y no tiene una explicación satisfactoria a la luz de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral pero tengo que dejar algo para el lunes Vámonos con el juicio al señor presidente Álvaro Uribe Sí señor, el 6 de septiembre, dentro de nueve días, empezará finalmente la audiencia preparatoria del juicio al expresidente Álvaro Uribe por presuntamente haber cometido los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal Tales conductas establecen penas de cárcel entre seis y doce años. Hace cuatro años, en agosto de 2020, este mismo mes, pero hace cuatro años, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y detención domiciliaria del expresidente. El domicilio en el que estaba detenido era la hacienda El Ubérrimo, una extensa propiedad de 1.300 hectáreas, desde la cual el exmandatario se presentó como un mártir y señaló como secuestradores a los magistrados que habían ordenado su cómoda detención en un documento que explica las razones línea por línea en un memorial que tiene más de 1.300 páginas. Desde ese momento, la principal estrategia de su defensa ha sido la dilación. Álvaro Uribe renunció al Senado para escapar de la jurisdicción de la Corte y ponerse en las cómodas manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa. El primer fiscal encargado de investigarlo fue el entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes, quien se empeñó no en acusarlo, sino en defenderlo, en tratar de perseguir a los testigos y desacreditar las pruebas. Gabriel Ramón Jaimes hizo un papelón en el proceso y la señora jueza Carmen Elena Ortiz rechazó su pretensión. A Jaimes le fue mal en el foro, pero bien en la vida. atención. A Jaimes le fue mal en el foro, pero bien en la vida. Su esposa, Rubi Cecilia Durán Maldonado, fue nombrada directora nacional de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo por el defensor uribista Carlos Camargo. Ella hoy sigue en el cargo, a pesar de que su nominador ya se fue para la Universidad Sergio Arboleda. Otro fiscal risible, Javier Fernando Cárdenas, se tomó otros meses para volver a pedir la preclusión. Cuando la jueza Laura Barrera la volvió a negar, el caso retornó a la fiscalía y estuvo meses dormidos en el escritorio de otro fiscal, Andrés Palencia, quien renunció argumentando razones personales en vísperas de la fecha que tenía para pronunciarse. Luego le dieron el caso al fiscal Víctor Salcedo. Ustedes recordarán, aquí lo pusimos en evidencia en el reporte, porque se había pronunciado públicamente sobre el proceso antes y tuvo que renunciar por ese impedimento. En fin, las dilaciones de la Fiscalía de Barbosa han estado acompañadas de recursos para demorar y demorar por parte de la defensa. En el Tribunal Superior de Bogotá, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, en todas las instancias ha perdido. Bueno, perdido relativamente. La verdad es que la estrategia ha permitido que el caso se acerque a la prescripción de la acción penal. la estrategia ha permitido que el caso se acerque a la prescripción de la acción penal. Hoy parece casi imposible que en octubre del año entrante haya una sentencia de segunda instancia. Si no la hay, el caso morirá y el expresidente Álvaro Uribe quedará amparado por la prescripción. A esta hora saludamos al abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el proceso. Doctor del Río, buenos días. Daniel, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes, para Julio y la mesa de trabajo también. ¿Qué va a pasar dentro de nueve días cuando empiece la audiencia preparatoria del juicio al expresidente Uribe? Bueno, Daniel, usted ha hecho un muy buen contexto, que tiene una gran conclusión, por lo menos para esta representación de víctimas de seguro para los demás. Y es que evidentemente lo que está buscando Álvaro Uribe Vélez es que prescriba el proceso. Y es evidente también que su defensa ha utilizado pues instrumentos jurídicos legales y legítimos, pero pues evidentemente la la la búsqueda o la gran ambición es esa. Lo que viene próximamente, que entre otras cosas son casi unas 10 fechas establecidas por la juez 44 en la audiencia preparatoria. Esta debe ser la audiencia más importante al interior de un proceso penal porque se debate precisamente lo que va a pasar en juicio. Cuáles son los elementos, materiales probatorios, declaraciones, testimonios? Y seguramente habrá un debate muy fuerte relacionado con el tema de las interceptaciones. Recordemos que la defensa de Álvaro Uribe Vélez desde un principio ha establecido que el tema de las interceptaciones está inmiscuido en un asunto de inicitud. Seguramente ese será un debate muy fuerte al interior de la audiencia preparatoria. Ya la Fiscalía General de la Nación descubrió sus elementos materiales probatorios después de la audiencia de formulación de acusación y le toca ahora entonces a la defensa descubrir cuáles van a ser sus propios elementos en función. A partir de ese momento empieza un debate para establecer cuáles elementos materiales probatorios se inadmiten, se excluyen, se rechazan y seguramente esa decisión también será susceptible de recurso de apelación y será nuevamente el Tribunal Superior de Bogotá el que defina cuáles de esos elementos materiales probatorios irán a juicio. Una etapa, esta etapa preparatoria será larga, difícil, debates muy fuertes y veremos nuevamente tratar de extender en el tiempo ese proceso. Es decir, si en el proceso se declaran válidas las pruebas, por decir algo, las interceptaciones, la defensa necesariamente apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que el tribunal decida y vuelva el proceso a retomar su curso? Esa es una muy buena pregunta porque tenemos a una jueza, la juez 44, que ha sido muy rigurosa con el tiempo y no ha permitido que se extienda. Fíjense que ayer mismo se tomó la decisión y en horas de la tarde ya estaba estableciendo unas fechas. Se tomó la decisión y en horas de la tarde ya estaba estableciendo unas fechas. El Tribunal Superior de Bogotá, quien en principio había establecido con relación a esa apelación que debía cumplir un orden estricto las llegadas de las apelaciones, pues terminó también sacando la decisión muy rápidamente. En este caso, como será un debate muy técnico, pienso que la decisión se demorará un poco más en ser un distancio. Es decir, yo pensaría que de darse todo como está, las audiencias están programadas hasta finales de octubre, yo pensaría que dada una apelación por cualquiera de las partes, porque puede apelar la defensa, o podría apelar la fiscalía en la eventualidad que alguna de esas evidencias se les sean negadas, pues entonces yo pienso que esa decisión de segunda instancia la tendremos para el próximo año. Es decir, unos meses más y nos vamos acercando a la fecha de prescripción. ¿Cuál es esa fecha exacta, doctor del Río? La fecha exacta es el 17 de vista procesal de que eso se pueda. de manera realista. ¿Existe algún camino jurídico para evitar que todos estos años todas las pruebas que existen terminen sin ningún resultado en octubre del año entrante? Pues nosotros esperamos que eso no pase, Daniel. Fundamentalmente, repito, por dos consideraciones. La juez ha advertido que ese proceso no va a prescribir en su despacho. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ella sabe que estamos contra reloj. El Tribunal Superior de Bogotá seguramente, entre la eventualidad de cualquier apelación, pues trabajará rápidamente para decidir. El doctor Eduardo Montalegre ha planteado una teoría que podría darle solución a esa eventualidad con relación a intentar conexar esos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal con un proceso madre, un proceso matriz relacionado con la masacre de Laro, la muerte de Jesús María Valle y otras masacres en Antioquia, en la época en el que Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Ese proceso matriz está hoy declarado delito de lesa humanidad, es decir, ese proceso no prescribe. Si consiguiésemos con base en esa tesis del doctor Eduardo Montalegre que de alguna manera tendremos que valorar, pues entonces podríamos intentar conexar esa investigación matriz con estos delitos y en esa eventualidad estos delitos no prescribirían, pero evidentemente es un tema complejo, es un debate profundo para tratar de encontrar el hilo conductor entre esa investigación matriz y estos delitos. Gracias al abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el proceso al expresidente Álvaro Uribe, cuyo final empezamos a ver y advertir. Hay un primer bonus track. Ayer a las cuatro de la tarde se cerró la inscripción de aspirantes a ser nominados por el presidente de la República como integrante de la terna para procurador general de la nación. Una fuente del alto gobierno le confirmó al reporte que 30 personas se inscribieron. Esa misma fuente asegura que el nombre más conocido entre los inscritos es el del exvicefiscal y exfiscal general encargado Jorge Perdomo. Recuerden que el Senado elige procurador entre un candidato al Consejo de Estado, uno de la Corte Suprema de Justicia y uno del presidente. En el Consejo de Estado se abre paso el exministro Luis Felipe Henao, cercano a Germán Vargas Lleras. Y en la Corte Suprema, el exsenador y representante a la Cámara, Germán Barón Cotrino, también de la cuerda de Vargas Lleras. Segundo volustrack, la renuncia de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, dos miembros independientes de la Junta Directiva de Ecopetrol, hizo evidente lo que se sentía ya desde el año pasado. El gobierno tomó el control de Ecopetrol y en las decisiones prevalecen las razones ideológicas sobre las financieras. Y por eso, el presidente de la Comisión de Economía, José Luis Sánchez, en su presentación, mencionó que la economía colombiana es un país que tiene un gran adicionales para la empresa colombiana. Pero el negocio era a través de la explotación de un yacimiento petrolífero en Texas, Estados Unidos, a través de fracking. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dice que el endeudamiento que necesitaría Ecopetrol para efectuar la compra afectaría la calificación crediticia de la compañía. la compra afectaría la calificación crediticia de la compañía. Todos los cálculos financieros muestran que esa operación pagaría la deuda y dejaría grandes utilidades para Colombia. Lo que pasa en realidad es otra cosa. El gobierno considera inconsistente oponerse al fracking y al mismo tiempo extender la propiedad de Ecopetrol en una compañía que deriva sus ingresos de la controvertida técnica del fracking. ¿Consecuente? Sí. ¿Mal negocio? También. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.