El yin y el yang de la economía cocalera

               Spoiler alert. Una señal de dos palabras que estamos a punto de arruinar el final. Pero a veces, los spoilers pueden ser valiosos. Y así, diseñamos el Lexus NX para revelar muchas cosas. Como tomar el misterio de lo cerca que estás entre las líneas de espacio de parque o el momento en que llegarás a tu reserva de cena. Tecnología diseñada para eliminar los finales sorprendentes. Es solo una mejor historia de esa manera. Experiencia increíble en tu delante de Lexus. Un grupo de investigadores acaban de sacar para el Centro de Estudios sobre Seguridad de Drogas, el CECED, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, una investigación que pone en evidencia el impacto económico que tuvo en la economía colombiana el boom de la coca que el país vivió entre 2014 y 2019. Según ese estudio, aunque esta economía ilícita genera un aumento considerable en el PIB municipal, sus efectos a largo plazo plantean serias dudas sobre la sostenibilidad de los municipios que fueron beneficiados por el boom cocalero. El estudio se titula Crecimiento local basado en la coca y su impacto socioeconómico en Colombia y utilizó un enfoque basado en el análisis de luces nocturnas captadas por satélites para estimar la actividad económica a nivel municipal. Está con nosotros uno de los miembros de ese equipo de investigadores del CESED, Lucas Marín. Lucas Marín, además de ser investigador del CESED, es un estudiante de doctorado en ciencia política de la Universidad de Northwestern y se ha concentrado en estudiar el rol que ha tenido la economía cocalera en el devenir económico del país, sobre todo desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el 2016. El estudio analiza un momento muy especial del país, 2016 y 2019. En ese momento en que se firma el acuerdo de paz, se produce un boom cocalero, derivado de una promesa que le hizo en el 2014 el propio gobierno a las FARC en La Habana. recibir beneficios por parte del Estado, tenían que dejar de sembrar coca. Este anuncio tan aparentemente lógico, paradójicamente lo que hizo fue que en lugar de que dejaran de sembrar coca, se incentivara la siembra y los cultivos de esa hoja de coca, porque precisamente se desató la pelea por esos beneficios en estas poblaciones donde el Estado nunca había ni llegado ni mucho menos hablado de beneficios. El estudio analiza no tanto los problemas que tuvo la política de sustitución de cultivos, que los tuvo todos, sino el impacto que este boom cocalero tuvo en esos territorios y en general en la economía colombiana. Además de Lucas Marín, en esta investigación participaron también Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Edwin Martínez González y Pablo Murillo Sandoval. se inició a mediados del 2021, a raíz de un informe de las Naciones Unidas, que se publica anualmente y en el que se empezó a identificar cómo era evidente que entre esos años se había registrado un incremento ostensible de los cultivos de coca en el país. Mire, este proyecto empezó a mediados del 2021. Llevamos tres años haciendo esta investigación y la historia detrás de la lógica y de la racionalidad para abordar este problema es muy bonita porque empezamos a ver los informes de Naciones Unidas que publican anualmente y empezamos a identificar unos cultivos de coca que crecían en algunas regiones desproporcionalmente frente a los años anteriores y en esos mismos municipios empezamos a ver cambios en la actividad económica muy grandes frente a los años anteriores también. Y entonces empezamos a pensar y a tener varias discusiones con diferentes personas y empezamos pensando realmente que en algunas zonas los cultivos se redujeron por crecimientos en la actividad económica. Y al final cuando empezamos a procesar los datos, a hacer este tipo de análisis, nos llegamos a la conclusión que realmente lo que estaba respondiendo frente al crecimiento en los cultivos de coca era la actividad económica. Y ahí hay una particularidad del estudio, es que en Colombia no tenemos datos del PIB a nivel municipal, no tenemos datos del Producto Interno Bruto, solamente a nivel departamental. a nivel municipal, no tenemos datos del Producto Interno Bruto, solamente a nivel departamental. Entonces empleamos datos satelitales, de información satelital, de luminosidad nocturna, que eso nos captura realmente cómo va variando la economía en estos municipios. Y empezamos a ver que efectivamente a partir del 2014 hay un salto en las luces y en la luminosidad nocturna en los municipios cocaleros. Entonces, como usted bien decía, el acuerdo de paz se firmó hasta el 2016 con las FARC, pero las delegaciones del gobierno y de las extintas FARC anunciaron en mayo del 2014 los beneficios para quienes dejaran de cultivar coca y dejaran de transformar la pasta base. Y a partir de ese anuncio lo que se ha mostrado es que hubo un crecimiento desproporcional en los cultivos de coca en Colombia. Más o menos entre el 2014 y 2017 los cultivos de coca aumentaron en 150%. En este estudio se encontró que en aquellos municipios donde se incrementaron las hectáreas de coca y hubo el boom cocalero, se mejoró la economía. Como bien lo explica aquí Lucas Marín. Exacto, entonces hay ese anuncio en el 2014, hay un crecimiento desproporcional de los cultivos de coca en esos territorios y lo que nosotros hacemos es identificar qué municipios estaban expuestos a ese crecimiento en los cultivos y qué municipios no lo estaban y comparamos la actividad económica entre esos dos grupos. Y lo que encontramos son resultados impresionantes si uno lo analiza en términos de magnitud y de actividad económica, es que el PIB de estos municipios creció en promedio anualmente entre 2.8 y 10.5% por los cultivos de coca. Y eso es, digamos, parte de la metodología estadística que nos permite atribuirle ese crecimiento solamente a los cultivos de coca y aislándolo de los demás factores. Entonces ocurre ese crecimiento desproporcional que es muy consistente con la literatura y con investigaciones que han hecho científicos sociales por décadas, Francisco Gutiérrez, Estefanía Ciro, María Clara Torres, todos ellos han documentado la importancia y la relevancia de esta economía en esos municipios, pero el avance que nosotros hacemos es poder probar que efectivamente hay una relación causal entre esas dos variables y cuantificar cuál es el tamaño de esta economía y de la participación de esta economía en estos municipios. Y lo que vemos es que genera unos crecimientos económicos que ningún sector productivo puede generar bajo las condiciones como operan esos municipios. Y adicionalmente, un resultado que es relevante para entender el rol de esta economía, es que uno podría pensar, claro, hay un aumento en los cultivos, eso quiere decir que va a haber más producción directamente, y eso, digamos, explica el crecimiento en el producto, pero adicionalmente, estimamos que por cada peso adicional que se genera en la economía cocalera, el Producto Interno Bruto no crece en uno, sino que crece entre 1.17 y 2.3 pesos más, entonces realmente no es solamente un boom en el sentido de que aumentó la producción, aumentó el producto del municipio, sino que esta economía dinamiza a otros sectores económicos, entonces y esto lo han documentado en la Comisión de la Verdad, cómo se generan comercios, restaurantes, bares, cómo hay como todo un dinamismo alrededor y asociado a la economía cocalera en estos municipios. Ya tenemos claro que fue el anuncio del 2014, antes de la firma del Acuerdo de Paz, cuando se presentó el programa de sustitución de cultivos que finalmente comenzó a implementarse en el 2014 antes de la firma del acuerdo de paz cuando se presentó el programa de sustitución de cultivos que finalmente comenzó a implementarse en el 2017 que llevó a un aumento del 150 por ciento de las hectáreas cultivadas con coca pasamos en el país de 68 mil hectáreas a 171 mil hectáreas en solo un año. Y que como lo dijo muy bien aquí el investigador Lucas Marín, este incremento no solo se tradujo en más cultivos, sino también fue un efecto multiplicador significativo en la economía local, es decir, que mejoró otros sectores de la economía. Lo que dice el estudio es que el aumento de la violencia que se vio en estos territorios fue producto del incumplimiento del Estado a la hora de llevar a cabo el PENIS, que era el Plan de Sustitución de Cultivo de Coca, y que no necesariamente está vinculado al cultivo propio de la hoja de coca. La historia del PENIS, digamos, con el anuncio que ya creó estos incentivos perversos y estos efectos no intencionados, también se asoció con problemas de violencia muy graves en las zonas en las que se implementó. Entonces, la firma de acuerdos colectivos empieza en el 2016 a finales del 2016 y 2017 y en un estudio del 2022 mostramos cómo la firma de estos acuerdos colectivos aumentaron en más de 400% el asesinato de líderes sociales y eso ha generado, digamos, unas consecuencias muy graves. En ese momento de la historia muchos líderes comunitarios, muchos líderes sociales se encargaron de socializar, divulgar, convencer a los hogares que se vincularan a ese programa, aprovecharan el momento histórico de una firma de paz con las FARC y efectivamente como usted dice, esto generó unos incentivos negativos, expuso a los líderes, los, digamos, permitió que los identificaran y de ahí se derivó una violencia selectiva contra estos actores a partir de la firma de los acuerdos. Y adicionalmente, dado el incumplimiento sistemático del Estado, en los programas de sustitución en general, pero con el PENIS también en particular, después de estos incumplimientos, con el PENIS también en particular, después de estos incumplimientos, muchos de esos líderes han sido recriminados por las mismas comunidades, porque fueron quienes adelantaron la socialización, adelantaron el convencimiento, y después el Estado no le cumplió a esos hogares. Entonces el tejido social en estas comunidades se ha visto afectado por estos dos vías, porque primero asesinaron a un montón de personas que lideraron este proceso, pero también porque el Estado incumplió con su palabra y con sus compromisos y no ejecutó los proyectos productivos que debían o generó las transformaciones territoriales a las cuales se comprometió y la confianza de las comunidades en esos líderes que adelantaron esos procesos también se ha visto afectada. ¿Cuáles fueron los municipios que este boom cocalero tocó? ¿Cuáles fueron impactados? Aquí lo explica muy bien Lucas Marín. Nosotros analizamos 192 municipios del país, entonces de los 1.122 municipios del país nos enfocamos en 1.092, que son todos los municipios con menos de 200.000 habitantes, y en nuestra muestra, como le decía ahorita, identificamos en cuáles fue que ocurrió la bonanza cocalera, y eso a través de diferentes estrategias, y más o menos son ciento y pico municipios donde la bonanza cocalera ocurrió. Y comparamos las trayectorias de crecimiento económico en esos ciento y pico municipios frente al resto de municipios de Colombia, y ahí es donde estimamos esos cambios. Y un ejercicio interesante que hacemos, dado que tenemos la información de luminosidad a nivel satelital, es que podemos separar las zonas geográficas de los municipios. Entonces podemos identificar la actividad económica en las cabeceras, la actividad económica en los centros poblados y la actividad económica en las zonas rurales. Y el efecto realmente está concentrado en zonas rurales y centros poblados. Son las zonas más expuestas a estos cambios en actividad económica por la bonanza cocalera. Y la interpretación que le hemos dado a esos resultados es que claramente las zonas rurales son las más cercanas y las más próximas geográficamente a donde se encuentra esta actividad, pero los centros poblados son esos centros de comercio más cercanos y más próximos a donde se realizan estas actividades económicas. Entonces, claramente que hay un beneficio directo para quienes participan en la economía y que haya habido una bonanza, pues beneficia a los campesinos cultivadores que participaron en esa expansión de los cultivos, pero también se genera todo un dinamismo a nivel regional, donde se benefician no solamente los campesinos que participan en esa economía, pero se benefician todas las economías locales, como concentrados en los centros poblados. El suroccidente del país es una zona que fue identificada por ellos como de las regiones que fueron impactadas por el boom cocalero. Allí, según Lucas Marín, ocurre un crecimiento desproporcionado de cultivos de uso ilícito y hay toda una franja que se mueve desde Nariño hacia el oriente, que pasa por Putumayo, Guaviare y algunos municipios del Meta, donde también crecieron los cultivos. Hay un mapa muy bueno que tenemos donde identificamos dónde ocurrió la bonanza y dónde no ocurrió y claramente está ubicado en el suroccidente del país, Nariño, en Nariño ocurrió un crecimiento desproporcional de cultivos de uso ilícito y hay toda una franja que se mueve desde Nariño hacia el oriente, que pasa por Putumayo, Guaviare, algunos municipios del Meta, donde también crecieron los cultivos. Catatumbo es otro de esos focos donde a partir del anuncio del PENIS crecieron los cultivos de uso ilícito y sur de Bolívar y el noreste antioqueño, allá hay otro de esos enclaves. Y esos resultados son muy consistentes con lo que se ha documentado y es que la expansión de los cultivos de coca ha seguido un proceso de densificación donde ya había cultivos de coca aumentado la cantidad de hectáreas cultivadas, pero no se ha movido a nuevas zonas. Y eso es algo, digamos, que ha ocurrido desde el 2014 en adelante. Y de esa manera Naciones Unidas ha mostrado cuáles son esos enclaves que perduran durante los últimos 10 años y que cada vez se consolidan más. Y si ese mapa uno lo cruza con el mapa que nosotros construimos, de dónde ocurrió la bonanza cocalera, cuadran casi que perfectamente. de dónde ocurrió la bonanza cocalera cuadran casi que perfectamente. Este boom de la coca no solamente produjo réditos económicos para los territorios, sino que deforestó al país. ¿Y de qué manera? Porque las áreas cultivadas de coca crecieron de manera desorbitada, a costa de nuestros bosques. Miren las cifras. O sea, la cantidad de hectáreas cultivadas de coca creció en el 2013, si no estoy mal, estábamos en 47 mil hectáreas y en el 2017 pasamos a algo más de 150 mil hectáreas. Entonces, ahí ha habido un crecimiento significativo e importante y eso es lo que medimos, el impacto de ese crecimiento en la economía, pero también en otras dinámicas sociales. ¿Y esa cifra sigue hasta hoy así, 150 o más? El 2022, el número de hectáreas cultivadas con coca se hundió a 230 mil hectáreas. El PENIS fue el programa que se creó cuando se firmó el acuerdo con las FARC con el propósito de sustituir los cultivos de coca. La idea era sacar a los campesinos que estaban en la ilegalidad y que cultivaban generalmente hoja de coca, para meterlos en las economías legales. ¿A través de qué? A través de proyectos productivos que el Estado iba a llevar a esos territorios con el propósito de que ellos entraran en la cadena legal de la economía y se beneficiaran los territorios. la economía y se beneficiaran los territorios. Eso no pasó por muchísimas razones que deben ser objeto de otro fondo. Lo que sí es cierto es que además de que muchos campesinos sí creyeron en que esta era la verdadera oportunidad de salir de la ilegalidad y se la jugaron, tratando de convencer a su gente de que era hora de cambiar las prácticas, mientras el Estado incapaz de mantener la ley y el orden en esos territorios veía cómo avanzaban nuevos grupos armados. Lo cierto, repito, es que este proyecto fue un rotundo fracaso. Muchos de esos campesinos que se la jugaron toda están hoy volviendo a cultivar coca porque solo recibieron del Estado unos marranos y unas gallinas para iniciar como proyectos productivos. Y son campesinos que yo conozco de carne y hueso. Aquí Lucas Marín nos va a explicar qué fue lo que pasó con este programa de sustitución, al que se llegó después de haber utilizado la fumigación como arma fundamental para acabar con los cultivos de coca, cosa que tampoco funcionó. La transición, digamos, de la fumigación a la sustitución con fuerza ocurrió en el 2014 sin duda, porque en el 2015 se suspendieron las fumigaciones aéreas con glifosato y a partir de ese momento empieza el diseño y construcción del PENIS, que programas de sustitución en Colombia ha habido desde antes, el PLANTE, el PNR, el Guardabosques, mejor dicho, llevamos intentando esto décadas. ¿Cuál era la particularidad del PENIS? Yo creo que su relevancia política, porque ocurre en un momento político importante, y es un punto de la agenda de las negociaciones con las extintas FARC, pero también la cantidad de familias vinculadas al PENIS es mayor a la de los otros programas. ¿A la de PNR? Mucho mayor. Y es el programa que más familias vinculadas ha tenido en el mundo de desarrollo alternativo. Entonces, digamos, la ambición y la extensión del programa era bastante ambicioso. Nosotros, el año pasado, el CECED, en alianza con el Departamento Nacional de Planeación, y esta es una evaluación que realizó el Departamento Nacional de Planeación Institucional y de impacto del programa de sustitución, pudimos identificar algunas cosas en problemas que ha habido en la implementación, y el Estado ha incumplido de manera sistemática porque este era un programa que se debía implementar en dos años, es decir, del 2018 al 2020 debió haberse terminado la implementación del PENIS y haber entregado todos los componentes de, digamos, de transición de economías ilícitas a lícitas y si uno mira los datos oficiales del gobierno, hasta el 2022 solamente 2.75% de los hogares había recibido todos los componentes. Entonces claramente ahí hay un incumplimiento en la implementación que tiene efectos claramente en los resultados del programa. Pero también el diseño del programa tuvo problemas. También desde que se diseñó y se negoció el programa tuvo algunos problemas. También desde que se diseñó y se negoció el programa tuvo algunos problemas. Estábamos hablando ahorita del anuncio del programa que generó esos incentivos perversos, la firma de acuerdos como expuso y aumentó el asesinato de líderes sociales y otro de los hallazgos que yo creo que es importante resaltar de esa evaluación es que el programa nunca digamos de alguna forma tuvo en cuenta las limitaciones del Estado. Entonces, beneficiar a 99 mil hogares era ideal para permitir que hubiera una transición completa hacia economías lícitas, pero yo creo que antes no hubo la pregunta de ¿el Estado tiene la capacidad operativa, administrativa, financiera de beneficiar a esa cantidad de hogares? Yo creo que la respuesta es que no y eso se ve en las cifras. Solamente el componente individual costaba 4 billones de pesos que se tenían que ejecutar en dos años y no había esos compromisos fiscales para poder cumplir con esas obligaciones. Y eso era solamente la parte individual. Adicionalmente, el Estado con el PENIC se comprometió a hacer unas transformaciones territoriales en términos de vías, educación, infraestructura, salud, programas de primera infancia, de adulto mayor, que en la ejecución de esos programas todavía son más bajitas que las del componente individual. Y sin esas transformaciones territoriales es imposible que haya una economía, que yo creo que esto se conecta con el estudio que acabamos de publicar, que haya una economía que reemplace los beneficios económicos que tiene la producción de coca. Una de las conclusiones de este estudio es que el rol de la economía cocalera es más grande de lo que muchos analistas pensaban, sobre todo en esas regiones del país que han vivido siempre de la coca. sobre todo en esas regiones del país que han vivido siempre de la coca. Para mí y como la forma como con mis coautores hemos interpretado estos resultados, es que claramente el rol de la economía cocalera es más grande de lo que pensábamos en esas regiones del país. Muchos como estábamos diciendo ahora han documentado eso, pero ponerle un número y uno entender que es una economía que puede generar hasta el 10.5% de crecimiento en el PIB anual, es algo que el Estado con ninguna política va a llegar a competir, es una economía que está funcionando, es una economía que está conectada con todas las cadenas de comercialización globales y eso no hay ningún sector agropecuario que lo vaya a lograr hacer en Colombia, pero adicionalmente, como estaba diciendo, ahorita no se benefician solo quienes participan, pero se beneficia toda una economía y toda una zona geográfica por la liquidez, por el dinamismo que implica la producción de coca y la transformación a pasta base. Hay otros resultados muy interesantes, unos ya están en el documento, otros me puedo arriesgar a contarles de otros temas que hemos encontrado. El primero es que no identificamos efectos en violencia. El segundo hallazgo es que esta economía cocalera no se le encuentran efectos en el incremento de los índices de la violencia que hoy desafortunadamente están enfrentando esos territorios. No identificamos y no estamos diciendo que la violencia en ese periodo del tiempo en Colombia no haya crecido. Claro, creció en algunas zonas, pero lo que estamos diciendo es diferencialmente por los cultivos de coca no está aumentando la violencia, ni en presencia de actores armados, ni en tasas de victimización en el registro único de víctimas, ni en homicidios, ni en asesinato de líderes sociales, si uno lo ve solamente para el periodo que crece, que crecen los cultivos. Ese resultado en mi opinión es muy interesante porque siempre hemos planteado, incluso en la academia, una relación intrínseca entre economías ilícitas y violencia y que esa es la única forma que podemos entender ese fenómeno. Y aquí ya de manera sistemática otros autores han mostrado como que esa relación no es tan inherente, que hay unos contextos en los que efectivamente se da, pero hay otros en donde no se da esa relación. Y si un crecimiento tan grande, en una magnitud tan grande de la economía ilícita no está generando violencia, yo creo que eso nos aporta a entender con mayor profundidad y con mayor, digamos, integralidad que estas economías no necesariamente se asocian con formas violentas. Hay una tesis doctoral de Angélica Durán, muy interesante en ciencia política, como ella compara incluso en las mismas ciudades, como en algunos momentos el narcotráfico y la ilegalidad se ha asociado con violencia, y un ejemplo es Medellín, en los años del cartel de Medellín, pero después la misma ciudad, Medellín, en los años 2000, tuvo también un control muy importante de actores armados y de actores, digamos, narcotraficantes, con niveles muy bajos de violencia. Entonces, como no hay una respuesta inmediata en términos de violencia a crecimientos en economías ilícitas, yo creo que ese es un aporte interesante que estamos haciendo y una forma interesante de analizar las nuevas dinámicas de violencia que ocurren en Colombia. Otro hallazgo es que el aumento de cultivos de coca lo que sí afectó fue el uso del suelo, porque incrementó la deforestación y sirvió también para promover la ganadería extensiva. Otros temas que investigamos son los cambios que hay en el uso del suelo. Entonces, uno podría pensar que este aumento en la producción de coca y en aumento económico se traduce en promover otro tipo de actividades agropecuarias. No encontramos que haya ningún efecto en producción agrícola en los municipios donde ocurrió la bonanza cocalera. O sea, no se amplió la frontera agrícola. No se aumentó las hectáreas producidas de todos los sectores agrícolas. Lo que sí encontramos es que hay un aumento en el área transformada de coca a pastos para ganadería. Y ahí empieza uno entonces a decir, bueno, pues entonces esto puede tener un impacto ambiental. Y efectivamente encontramos que la bonanza aumentó la deforestación en 104%. Y ahí digamos como una limitación para interpretar estos resultados, que no estamos diciendo que los cultivos de coca estén causando deforestación, no necesariamente, y eso digamos hay estudios amplios que han documentado esa relación lo que estamos diciendo es la economía cocalera si puede generar y promover otras actividades agropecuarias que tienen consecuencias ambientales, que tienen consecuencias ambientales importantes ganadería extensiva que produce la ampliación de la frontera agrícola, exacto y nuestra digamos, de estudio para el caso de los pastos para ganadería se enfoca en la Amazonía, que ahí es todavía más relevante en términos ambientales estar encontrando este aumento en la transformación para pastos para ganadería. Y otro resultado en esa misma línea que exploramos fue… ¿Y cuántas? ¿Hay alguna cifra? Encontramos que los pastos para ganadería aumentaron en 304%. Entonces es un cambio en una magnitud muy importante, pero no encontramos que haya efectos, por ejemplo, en el hato ganadero, en el número de cabezas de ganado. Entonces este aumento en pastos no se está traduciendo necesariamente en que haya más vacas, sino que se está expandiendo justamente las zonas para tener ganado. Y esto, digamos, de manera especulativa, que eso no lo investigamos en el trabajo, pero sí hemos visto en campo, en algunas zonas del país, cómo se aumenta, digamos, los pastos para ganadería, que tienen como vocación el acaparamiento de tierras y no necesariamente la expansión del acto ganadero. Entonces creo que esto nos da como más luces de cómo interpretar el rol de la coca en el uso del suelo y en los daños ambientales. entre el cultivo de coca, es decir, la economía de la coca y la extracción ilegal de minerales. Nosotros exploramos en este trabajo si el boom cocalero tuvo un efecto mayor en zonas mineras, porque uno podría pensar, claro, estas dos economías en algunos casos son sustitutas, en otros casos son complementarias, y es posible que el efecto de la bonanza fuera mayor en zonas donde había producción minera. Y encontramos que, digamos, en términos generales y en promedio, no hay una diferencia entre el efecto de la coca en zonas donde había minería de oro y en zonas donde no había esa actividad. Entonces, por ese lado estamos, digamos, tranquilos que no estamos confundiendo los dos efectos. Incluso también hacemos una prueba sacando el departamento del Cauca por la producción de marihuana que ocurre en ese departamento y con invernaderos y luces, sacamos ese departamento de nuestros ejercicios y los resultados también se mantienen. Entonces, eso tampoco es algo que esté guiando los resultados. En otras dimensiones que estamos explorando es, por ejemplo, el recaudo de impuestos. Uno podría pensar si la actividad económica está creciendo en esta magnitud, pues seguramente algo tendrá que entrar al sector formal y algo tendrá que aumentar el recaudo tributario. ¿Y si aumenta? Y encontramos que no aumenta en absolutamente nada el recaudo. ¿Porque no se ha actualizado el catastro? Pues el predial seguramente es por ese lado, porque el predial va a depender del catastro y no de la actividad económica que se esté realizando. Exploramos también el efecto, por ejemplo, en el recaudo de sobretasa de gasolina, que es uno de los insumos fundamentales para la producción de pasta base, y tampoco encontramos que haya ningún cambio, ni en el impuesto de industria y comercio. Entonces ahí uno sí puede pensar, oiga, pero si esta actividad está generando tales rendimientos económicos, ¿cómo nada de esto entra al sistema formal grabable? Es una pregunta que es interesante seguir explorando porque esos vínculos no se dan y seguramente es por entra al sector formal que está siendo grabado. Y con eso, un adelanto de unos ejercicios que estamos haciendo adicionales, pensando más en términos socioeconómicos. No vemos que haya aumentos en el acceso a acueducto ni alcantarillado en estos municipios por la bonanza cocalera. Sin embargo, y marcamos de manera muy consistente con el tema de las luces, si hay un aumento en la electricidad. Y también encontramos que hay un aumento en la asistencia escolar de niños menores de 19 años y un aumento en índices de alfabetismo en niños menores de 19 años. Esos resultados son, digamos, muy coherentes con lo que otros investigadores han encontrado, cómo la coca ha servido como fuente para que los niños estudien en zonas cocaleras y Francisco Gutiérrez ha ampliamente documentado esa parte, pero encontramos que la, digamos, la asistencia escolar está disminuyendo en jóvenes mayores de 20 años. Entonces, claro, y aquí uno, y yo creo que eso es lo interesante de este trabajo, y es que no nos planteemos las economías ilícitas de manera lineal. No todas las economías ilícitas de manera lineal, no todas las economías ilícitas han generado cosas negativas, tampoco todo es positivo y es donde, como en esos grises, donde toca interpretar estos resultados y tratar de estudiar las economías ilícitas, porque claro, en unos rangos, en unos grupos etarios se está aumentando la escolaridad, pero en otros la está disminuyendo, porque si hay una bonanza cocalera, si hay más recursos para trabajar en estas regiones del país, pues para un joven de 20 años de pronto es más rentable irse a trabajar, no necesariamente a la economía cocalera, sino trabajar porque está aumentando el comercio y dejar de estudiar. tiene un hallazgo que yo creo que ni siquiera los investigadores se dan cuenta y es que es el primero que analiza qué pasó en los territorios que eran dominados por las FARC luego de que las FARC desaparecieron como tales y empieza a estudiar un territorio que nunca había sido estudiado realmente, sobre todo en materia de recaudo de impuestos, de alcantarillado, de acueducto, de presencia del Estado, de los servicios. ¿Cuál fue la reconfiguración que se sintió en el territorio a partir de la salida de las FARC? De acuerdo. Digamos que esa es una preocupación que tuvimos desde el comienzo del estudio, porque decíamos, está ocurriendo esta bonanza cocalera, pero es que al mismo tiempo están cambiando otras cosas fundamentales como la salida de las FARC y la regulación que las FARC ejercía a nivel político, a nivel social y también en el mercado de coca y pasta base y eso dejó de ocurrir entonces varios ejercicios digamos hicimos en esa línea lo primero era ver por ejemplo algunas variables que le permiten a uno capturar la presencia del Estado, el recaudo de impuestos, alcantarillado, acueducto, y nada de eso está cambiando. Y adicionalmente no estamos encontrando que la violencia esté cambiando diferencialmente. Entonces puede que haya una reconfiguración a partir de la salida de las FARC, pero al menos en nuestros ejercicios no encontramos que la bonanza se esté traduciendo y la bonanza esté explicando esos cambios, sino que eso se debe a otras cosas, que yo creo que es bastante coherente con lo que uno ve en el territorio. Y adicionalmente miramos, un poco parecido a ese ejercicio sobre minería de oro, miramos si los efectos de la bonanza fueron mayores o menores en zonas con antigua presencia de las FARC, y también en zonas no solo con antigua presencia de las FARC, sino de cualquier otro actor armado. Y lo que encontramos es que la bonanza ocurrió y la bonanza tuvo efectos en los dos grupos de municipios, tanto donde había FARC como donde no había. Sin embargo, los efectos sí fueron mayores en municipios con antigua presencia violenta de las FARC. Entonces, yo creo que eso también es bastante coherente porque en el trabajo que hemos hecho en los últimos años hemos documentado como las farc fueron fundamentales en el anuncio y socialización del programa en estas regiones seguramente en esas zonas del país los incentivos para expandir la producción de coca fueron mayores porque las farc estaban presentes porque las farc tenían cierto control cierta regulación sobre esos territorios y si y si eso fue así y los cultivos de coca aumentaron más en esos municipios del país, pues tiene sentido que los efectos económicos hayan sido mayores. Entonces, identificamos que efectivamente el rol de las FARC importó para, digamos, en esos municipios... Generación de expectativas. Generación de expectativas, mayor crecimiento económico, pero incluso en esos municipios donde no había FARC, la bonanza también tuvo un impacto positivo en la actividad económica. Entonces, uno podría decir que marginalmente en los municipios donde había este actor, la bonanza generó mayor actividad económica, pero donde no, también la generó, en menor medida, en menor magnitud, pero igual también la generó. Y en municipios donde había otro tipo de actores armados, encontramos exactamente los mismos resultados. Este estudio se concentra en lo que pasó en este país entre el 2016 y el 2019, en esos territorios abandonados por el Estado, la mayoría de los cuales habían vivido por lo menos 60 o 70 años de gobierno, entre comillas, de las FARC. Lo que descubre ese estudio es que en esos municipios, luego de la firma, hubo este boom que mejoró las finanzas de la gente. Pero vamos a lo que está sucediendo hoy en esos municipios, porque hoy esos municipios no están viviendo ninguna bonanza. Por el contrario, hay una sobreproducción de la base de coca y la gente por primera vez empieza a sentir que las cosas están siendo a otro precio. Esa es una forma, yo creo, de conectar el estudio muy académico, técnico, con la realidad social que está ocurriendo en estas regiones del país. Para nosotros es impresionante cómo, después de un crecimiento en cultivos de coca, de esta magnitud y estos efectos económicos de más del 10% anual en el PIB en algunas zonas del país, como tres años después, estas regiones están atravesando una de las peores crisis alimentarias y humanitarias de las últimas décadas. Entonces, hay indicios de, digamos, cómo esta economía genera unos impactos económicos de corto plazo, cómo permite en algunos niveles y en algunos sectores, temas de movilidad social, cómo aumentar la educación, pero cómo no está cambiando las causas estructurales de vulnerabilidad y marginalidad en estos territorios del país. Y esto también ya ha sido estudiado de manera sistemática. Efectivamente hoy estamos atravesando en algunas zonas, y ya desde hace varios años, una crisis en la compra de pasta base y en los precios de pasta base en las zonas productoras de coca en Colombia. Hay varias hipótesis y yo sería irresponsable de casarme con alguna, pero algunas de las que yo creo que son creíbles. La primera es la sobreproducción. produciendo a unos niveles como los que produjimos entre 2014 y 2022, y de transformación a clorhidrato de cocaína, es difícil que no haya un represamiento en el mercado, dado que el crecimiento en la oferta ha sido mucho más grande que el crecimiento en la demanda. Un segundo tema que usted mencionaba, María Jimena, en mi opinión que es fundamental, es el cambio en la regulación que las FARC ejercían, frente a la regulación que están ejerciendo los actuales actores. Por ejemplo, las FARC, como usted decía, tenían un gramaje, pero también regulaba un poco las relaciones entre compradores y productores. Lo que sabemos hoy es que hay algunas zonas del país donde esa regulación no está funcionando de la misma manera, que hay actores, hay armados que participan directamente en toda la cadena de valor de la producción de cocaína, desde el cultivo, la transformación y la exportación, eso claramente cambia las dinámicas y puede afectar los precios y la compra en estas zonas del país. Y la tercera que yo considero que es creíble, que es necesario probar, pero que es una hipótesis creíble, es el cambio en la configuración del control territorial. Si no hay certidumbre frente a quienes van a ser los compradores, que yo voy a estar protegido por esos compradores, es muy difícil que los productores, pequeños productores especialmente, vayan al mercado y sientan cierta tranquilidad, confianza y certidumbre en esas transacciones. Entonces, sin duda es una, digamos, es una crisis alimentaria, humanitaria, de unas consecuencias y una magnitud terribles para estas zonas del país. Sin embargo, yo también pienso que esto va a ser un ciclo que eventualmente se estabilizará. Crisis cocaleras y crisis en los mercados de pasta base han ocurrido también en Colombia varias veces en los últimos cuatro o cinco décadas. Esta sin duda es una que ha sido mucho más larga y más profunda en términos de extensión territorial que las anteriores, pero yo pensaría que este va a ser un, digamos que el mercado eventualmente se ajustará, pero sí creo que con unas características distintas. Creo que sigue siendo una pregunta abierta de cómo irá a ser en el largo plazo la regulación de este mercado por parte de los actores. Creo que eso depende del éxito de las negociaciones de paz que se están desarrollando, de qué grupo va a ser superior a otro en algunas zonas del país, qué acuerdos se harán entre esos grupos, y creo que la regulación y el funcionamiento de ese mercado va a depender de esos resultados. Y por último, lo que diría sobre este tema, pensando, digamos, como en la interpretación amplia de los resultados que estamos teniendo en esta investigación, es que, como decía anteriormente, la economía ilícita siempre se ha asociado con violencia y esa ha sido la forma conceptual de analizarla desde la academia y desde la política pública, porque las intervenciones siempre han estado orientadas a eso. economías ilícitas y de competencia con el Estado, porque si hay una economía ilícita que está generando y está produciendo esos resultados económicos, pero también está produciendo oportunidades sociales, ahí hay una competencia que con el Estado no es solo a través de la violencia y del control territorial, sino es una competencia en el sentido que esta economía sí es capaz de proveer lo que el Estado debería, pero que no está proveyendo. Y ahí yo creo que ese entendimiento más amplio de la economía ilícita es hacia donde nos deberíamos mover. Este estudio coincide además con un cambio en la política de drogas, un cambio sustancial, porque Colombia se sale de la política prohibicionista que enmarcó toda la hoja de ruta de la guerra contra el narcotráfico y contra las economías ilícitas que Colombia libró en los últimos 40, 50, 60 años. La nueva política está dirigida a entender el problema de las drogas como un problema de salud pública, primero que todo, que se tiene que solucionar con políticas educativas y no punitivas, que lleven a la cárcel a los consumidores de uso recreativo ni a los campesinos que cultivan la coca. Yo pienso que el estudio y la interpretación de los resultados que estamos teniendo está completamente alineada con la propuesta de política de drogas 2023-2033. Y creo que los insumos no solamente de este estudio, sino de investigaciones académicas de décadas se están teniendo en cuenta y se están recogiendo en esa puesta de política y de política pública que la considero completamente conveniente, necesaria solamente pasar de una discusión sobre las fumigaciones la erradicación manual, todas las medidas violentas contra el campesinado en estas zonas a pensarse en alternativas de desarrollo, creo que es algo conveniente y es algo que toca celebrar. Ahora los retos son enormes, ahora los retos de implementar esa visión son muy grandes, empezando porque la magnitud del problema, que eso es lo que creo que pone el estudio presente, es cuál es la magnitud del problema, y la magnitud del problema es algo que está dinamizando toda la economía y pensar en una actividad productiva, lícita, distinta a eso que lo genere, es muy complejo, bajo las condiciones actuales de desarrollo en estas zonas del país. Entonces, si bien la apuesta política y la apuesta de política pública que se hace en el gobierno Petro es conveniente, es deseable y hay que apoyarla, los problemas de implementación y prácticos son muy grandes. Por ejemplo, hasta el año 2023 los beneficios individuales del PENIS no se habían ejecutado, no se habían cumplido. Entonces empezar por terminar de implementar y de cumplir con la palabra del Estado en esos 99 mil hogares es algo que toca hacer y que es necesario y que no puede postergarse. Y esto ocurrió con compromiso político, con partidas presupuestales asignadas, pero no hemos avanzado en la implementación de eso. Y yo creo que, y es lo que hemos propuesto desde el CCED en los últimos años y en las recomendaciones de la evaluación del DNP, es primero pensar que la cocaína y que los cultivos de coca se van a acabar, es pensar en un objetivo imposible, absurdo, imposible de conseguir. Si uno logra controlar las expectativas y pensar en programas y políticas que mejoren las condiciones de vida, que mejoren la conectividad al comercio, que mejoren el acceso a bienes que mejoren la conectividad al comercio, que mejoren el acceso a bienes públicos en esas zonas del país, eso es un logro que sí podemos cumplir, eso es un logro que sí se puede alcanzar en el corto y mediano plazo. ¿Y será? Incluso, y ya si quiere le digo como nosotros nos hemos imaginado que esto ocurre, e incluso eso puede contribuir a que la coca no se expanda, al menos en zonas ambientales. Si uno logra esas dos cosas, mejorar condiciones de vida y controlar la expansión de los cultivos de coca a zonas ambientales, yo creo que es un muy buen resultado de política pública y que a eso nos deberíamos enfocar. Un error del PENIS, en nuestra opinión y en los análisis que hemos hecho, fue pretender llegar a 56 municipios del país con todo el aparato estatal e institucional y beneficiar a 99 mil hogares. Si uno logra definir cuáles son los recursos que el gobierno va a disponer por 10 años para esta política y a partir de esa definición presupuestal empieza a transformar territorialmente algunos municipios, y yo creo que deben ser tres, porque no hay capacidad para hacer lo demás, y empezar a invertir a través de la política de drogas desproporcionalmente recursos para mejorar las condiciones de vida en estas zonas del país, creo que los efectos sociales y económicos pueden ser convenientes. Y creo que ahí hay, digamos, oportunidades importantes que el gobierno al principio de su mandato exploró, como la inversión de Estados Unidos en programas de desarrollo rural y desarrollo alternativo. Eso creo que son fuentes de financiamiento fundamentales para implementar este tipo de programas, pero la focalización tiene que ser muy limitada, muy consciente de las limitaciones del Estado, y sobre todo pensando en qué equilibrio se van a cambiar con estas intervenciones, que eso fue lo que el PENIS no hizo y por eso expuso a tantos líderes sociales. En esta nueva visión de la política de drogas también se está iniciando una nueva narrativa, una construcción de una nueva narrativa sobre lo que realmente significa, por ejemplo, de una nueva narrativa sobre lo que realmente significa, por ejemplo, la hoja de coca. Hace unos 20 años la hoja de coca era la hoja que mata. Hoy el país está en mora de construir una nueva narrativa para rescatar la hoja de coca, que es parte de nuestro acervo cultural, y verla como una oportunidad, una oportunidad para desarrollar mercados potencialmente benéficos en materia medicinal y de nutrición. De acuerdo, y ahí hay unas oportunidades de desarrollar un mercado con muchos potenciales beneficios nutricionales, médicos, terapéuticos, que no hemos explorado y no hemos desarrollado. Hubo un borrador de decreto en diciembre del 2023 del Ministerio de Justicia que planteaba una regulación para este segmento del mercado y para usos alternativos de la hoja de coca, pero ese borrador de decreto nunca se firmó, nunca se publicó y quedó parado ese proceso. Esa es una oportunidad que ni siquiera necesita ir al Congreso, ni siquiera necesita ser una ley, sino puede ser un decreto reglamentario de cómo va a funcionar ese mercado para usos alternativos y el gobierno tiene esa oportunidad. Si nos vamos, digamos, un poco más allá del estudio y de la visión de política de drogas, sin duda en Colombia hay limitaciones jurídicas internacionales frente a las regulaciones de estos mercados, pero hay muchos temas que se pueden avanzar. Primero, yo creo que el arreglo institucional en temas de drogas en Colombia tiene unos problemas fundamentales, porque esto es un problema integral, esto es un problema que no es solamente un tema criminal, punitivo. Sí, el Ministerio de Justicia y la Com la Comisión de Nacional Estupefaciente. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer institucionalmente es traer al Ministerio de Agricultura, traer al Ministerio de Comercio, traer al Ministerio de Salud, traer a las agencias, digamos, de transformación territorial del Acuerdo de Paz y lograr montar una institucionalidad que realmente permita que en nuestro imaginario y en nuestro sueño en esos tres municipios esa convergencia institucional ocurra. Hoy no hay esas herramientas para hacerlo. En segundo lugar, una apuesta que desafortunadamente no se materializó en este gobierno fue la regulación del mercado de cannabis. Dos veces, ahí la vuelvan a volver a poner. Otra vez el representante Lozada está dando su batalla anual por la regulación, pero en este contexto político es difícil que eso se vaya a materializar, y ese es un logro que si bien no resuelve todos los problemas, pero yo creo que si es un piloto, primero para mostrar cómo realmente el Estado puede entrar a controlar estos mercados, y eso es una discusión digamos con sectores conservadores que se oponen a la regulación que yo creo que es muy interesante pero hay que, necesitamos avanzar porque estas discusiones siempre se han limitado a, bueno, el cannabis genera daños en salud, sí o no, el cannabis genera dependencia, sí o no y efectivamente lo genera y tiene, digamos el consumo de una sustancia psicoactiva tiene riesgos para la salud, eso sobre eso no hay discusión. La pregunta detrás de las regulaciones es quién queremos que regule este mercado. ¿Esos riesgos y esos daños queremos que los sigan regulando y gestionando los actores armados criminales o queremos que sea el Estado y la institucionalidad formal que regule esos riesgos? Entonces ahí hay una oportunidad enorme que el gobierno podría adelantar, no sé si este o ya sea el siguiente, y el tercer punto donde yo creo que hay oportunidades para innovar es justamente en el diseño de estos programas. Si uno piensa en un programa focalizado, en un municipio, en tres municipios, donde se haga una focalización detallada de cómo mejorar las condiciones socioeconómicas, cómo garantizar un presupuesto de inversión, y un componente que ha sido fundamental en otros programas de desarrollo alternativo es la gradualidad, y permitir, justamente pensando en los beneficios económicos y en los impactos económicos que tiene esta economía, permitir que haya una sustitución gradual de los cultivos de coca, eso justamente suaviza el choque que generan estas intervenciones y permite que los efectos económicos y sociales de sustituir esta economía por otras economías lícitas no sea tan grande. Y en Asia, por ejemplo, se ha documentado como la característica fundamental para garantizar el éxito es la gradualidad. Y ahí hay una apuesta de innovación que yo creo que si uno suma todos esos factores que hemos discutido de cómo podría ser el diseño de los programas y adiciona la gradualidad, yo creo que eso podría, digamos, al menos ser un diseño de una política y de un programa que tiene potenciales resultados mejores de lo que hemos hecho antes en Colombia. Muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias a usted, María Jimena, por el espacio. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán. ¡Gracias por ver el video!