El estado colombiano ha sido incapaz de solucionar el desplazamiento del Pueblo Emberá

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Una guerra que ha matado ya a muchos hombres y mujeres y niños indígenas en Veras desde que estalló en 1987. Así comienza el libro escrito por uno de los grandes cronistas colombianos, Juan José Hoyos, y que se titula El oro y la sangre, un libro que fue publicado en 1994, cuando todavía el país no había presenciado el desplazamiento del pueblo embera, ni la llegada de familias como las que desde hace unos años vienen llegando sin rumbo a quedarse en los parques de Medellín y en lugares como el Parque Nacional de Bogotá. Juan José Hoyos contó desde antes lo que iba a suceder. Y hay que volver de nuevo a leer este libro para entender de dónde viene el drama y el desplazamiento que no termina para los emberas. La historia es muy larga y muy triste, escribe Juan José en su libro El oro y la sangre, y tiene que ver con una mina de oro que descubrió en 1975 en las montañas de la parte de arriba del resguardo una embera de río Colorado llamado Aníbal Murillo. Y esa es una historia de oro y de sangre. Y lo que pasa es lo que siempre ha sucedido en Colombia, que pensando que se había descubierto una oportunidad para que la comunidad embera saliera de la pobreza, lo que vino fue una guerra, porque esa mina precipitó una legión de aventureros, de comerciantes, de estafadores y de guerrilleros, que por la ambición del oro convirtieron a los emberas en sus víctimas. en sus víctimas. Desde entonces, ese resguardo en Vera es disputado entre los actores violentos que han intervenido en el conflicto en Colombia. Y los Emberas siguen desplazados. Y su mayor desplazamiento se produjo luego del acuerdo de paz firmado en el 2016. Vaya paradoja. Sin embargo, a pesar de que ha habido varios retornos que se han hecho del pueblo embera hacia sus territorios y de muchos de ellos hacia lugares específicos en Bogotá, la verdad es que el problema del desplazamiento en Vera ha atravesado cuatro administraciones en la ciudad de Bogotá y de cerca de tres presidentes de la República. Y nada que se soluciona. Y hoy por hoy, los en Vera están de vuelta otra vez en el Parque Nacional. están de vuelta otra vez en el Parque Nacional. Para que ustedes entiendan cuál es el drama del pueblo embera, hay que entender qué es lo que tiene que hacer o cómo es que opera el Estado y cuáles son los agentes que intervienen cada vez que el pueblo embera invade un parque en Medellín o invade el Parque Nacional en Bogotá. Ahí entran a jugar, en el caso de Bogotá, dos agencias. Una es la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, que pertenece a la Alcaldía de Bogotá. Y la otra es la Unidad para las Víctimas del Orden Nacional y que está adscrita al Ministerio del Interior. Ambas agencias han sido las encargadas de hacer las negociaciones que se han hecho a lo largo de estos 15 años. Negociaciones que, repito, han logrado reubicar a varios grupos del pueblo embera en sus territorios. Sin embargo, por cuenta de que en esos territorios no ha llegado la paz, sino que siguen en guerra, el pueblo embera sigue siendo desplazado de su tierra. sigue siendo desplazado de su tierra. Está con nosotros la alta consejera de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, Isabelita Mercado. Ella es abogada egresada de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado. Ella tiene más de 10 años de experiencia profesional en el sector público. Y durante las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las extintas FARC, Isabelita formó parte del equipo del Alto Comisionado para la Paz como secretaria privada y asesora jurídica del equipo de justicia transicional. Una fecha que, según Isabelita Mercado, es muy importante recordar, es lo que sucedió en la época de la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, en Bogotá, cuando el consejero de Paz y de Reconciliación era el actual secretario de Gobierno de Carlos Fernando Galán. Porque fue precisamente bajo esa alcaldía en el que se logró hacer, junto con la unidad de víctimas del gobierno nacional, el primer gran retorno de cerca de mil personas de la comunidad embera hacia los territorios. Bueno, en la época, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, de hecho, paradójicamente, el consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación era nuestro actual secretario de gobierno, que nos ha servido además como faro de lecciones aprendidas para hoy lo que estamos haciendo y nos ha podido transmitir muchos de esos aprendizajes que ha sido muy importante para poder ver qué ha funcionado y qué no. Y en ese momento tenemos en Veras, en Bogotá, ocupando espacio público en el Parque Bicentenario, pero también un alto número de esta población en pagadiarios y ahí lo que se hace hacia el 2018 es un primer retorno grande entre la unidad y el distrito de cerca de mil personas de la comunidad embera hacia los territorios. Y ahí el distrito, digamos, apoyando toda la parte logística, pero adicionalmente generando que se pudieran llevar materiales o insumos para los temas de generación de ingresos, que si bien están en cabeza de la nación, en ese momento se entregaron botas, palas, alambres y demás para que una vez llegaran a territorio pudieran tener mecanismos alternativos de empezar a generar soluciones de ingresos distintos, mientras la nación, digamos, que hacía las inversiones correspondientes del caso. Quien tiene en cabeza los temas de retorno a reubicación es la Unidad para las Víctimas. Entonces Bogotá lo que hace es poner a disposición de la unidad todo el apoyo y el acompañamiento para lograr esos tratados y que sean efectivos. También está con nosotros el jefe de la Unidad para las Víctimas del Ministerio del Interior, el recién posicionado Rafael Romero. Él reemplaza a Gloria Cuartas, que fue hasta hace poco la directora de la Unidad para las Víctimas. Desde que el gobierno de Gustavo Petro llegó al poder, ha habido cuatro directores de la Unidad para las Víctimas. Gloria Cuartas, una líder de izquierda muy importante que muchos conocemos y respetamos, duró muy poco al frente de la Unidad de Víctimas, unos cuantos meses,. Fue la que más duró porque estuvo en ese cargo 20 meses. meses. El nuevo director de la Unidad para las Víctimas, Rafael Romero, nos va a explicar aquí en a fondo cómo es que desde esa unidad se planean los retornos y cuántos retornos se han hecho desde el 2012. Desde el año 2012, la Unidad para las Víctimas tiene 12 fases de retorno. 4,500 personas han sido impactadas y en estos momentos tenemos una caracterización de aproximadamente 1,700 personas. Con la particularidad, hay 100 personas que no se quieren regresar. Algunos han entablado su vida aquí en Bogotá y no se quieren regresar. Algunos han entablado su vida aquí en Bogotá y no se quieren regresar. También tenemos dentro de esas cifras, María Jiménez, 1,213 personas con la intención de regresarse y tenemos 319 personas con la intención de reubicarse. Esas son las cifras que maneja la entidad en estos momentos y dentro de los acuerdos que están, el próximo mes de agosto está realizar ese retorno al territorio. Esperamos que todo salga bien. Hace unos meses después de un acuerdo que ya se había hecho, volvimos a ver en veras en el Parque Nacional. Traen a su familia, levantan sus carpas y en medio de una condición realmente inhumana, se asientan ahí. Y muchos somos los bogotanos que pasamos por ahí. Y su presencia en el Parque Nacional se ha convertido para muchos bogotanos como casi un paisaje que muchos pasan sin mirar. Y desde hace unos meses, otra vez hay carpas y otra vez hay niños en veras, deambulando por el Parque Nacional, como si fueran unos mendigos. Isabelita Mercado nos explica cuántos hay y por qué, si habían hecho un acuerdo con Gloria Cuartas, la anterior directora de la Unidad para las Víctimas, ¿por qué de nuevo están volviendo? Pues el acuerdo que llegamos con Gloria es que adelantamos el retorno de la población de La Rioja y ojalá el grupo pequeño de Florida. En este momento en Bogotá hay cinco lugares donde tenemos a la población en Vera, en la ciudad. Tenemos a la población en la UPI La Rioja, que llegan a ese lugar producto de un acuerdo de la administración de Claudia López y se va un grupo a La Rioja y un grupo a La UP y La Florida, o sea que ahí tenemos dos lugares. Adicionalmente tenemos un grupo en San Cristóbal que lleva muchos años haciendo su vida acá y ya pagan arriendo, o sea desean quedarse en Bogotá y hay más o menos casi 40 personas que quieren quedarse en la ciudad y casi que ya han empezado a reconstruir su proyecto de vida en la ciudad. Tenemos cerca de 100 personas en un albergue que es de amor eficaz, que es de un padre que llegan ahí producto de conflictos interétnicos en La Rioja y se salen de La Rioja y este padre recibe, aparte de esta comunidad, y ahí reciben apoyo del distrito. Y adicionalmente tenemos cerca de 100 personas en albergues del distrito que están esperando una reubicación, que fueron los que salieron de Parque Nacional, que no iban a retornar a sus territorios, pero que estaban a la espera de reubicarse en algún otro lugar del país. En la UPI La Rioja tenemos cuatro liderazgos. De esos cuatro liderazgos, tres salieron al Parque Nacional, pero ahí teníamos uno que había salido antes en la vía de hecho que existió casi que sobre la carrera séptima que luego se trasladó al Ministerio del Interior después de salida de la Minga. Entonces uno de los grupos de La Rioja había salido producto de las manifestaciones luego de la Minga, con esa se llega a un acuerdo porque esa se junta con uno de los grupos que estaba en Pagadiarios, con esa se llega a un acuerdo y pues desafortunadamente producto de que ven que hay un acuerdo porque esa se junta con uno de los grupos que estaba en Pagadiarios, con esa se llega un acuerdo y pues desafortunadamente producto de que ven que hay un acuerdo con uno de los grupos de La Rioja, entonces salen los otros tres grupos a llegar a ubicarse en el costado norte del Parque Nacional en esta vía de hecho. Logramos construir un acuerdo con cada uno de estos tres grupos en un trabajo articulado con la Unidad para las Víctimas y ahí uno de los grupos ya se devolvió a La Rioja, salieron casi 200 personas de vuelta a La Rioja, pero en este momento tenemos dos grupos en el Parque Nacional, que son cerca de 400 personas, casi 500. ¿Y con esos todavía no hay acuerdo? Con esos, pues ahí la mayoría está esperando que se dé el retorno, se dé la reubicación. Nosotros digamos que estamos buscando un lugar de alojamiento distinto en la ciudad, producto de un fallo de un juez de tutela recientemente que nos notificaron el 28 de mayo. ¿Qué dice qué? Importante en esta historia porque hay un fallo del juez de tutela a Tiquihua por una tutela debido a las condiciones de La Rioja en agosto del 2023. Y en ese fallo del 2023 se le da la orden a la unidad para las víctimas de acelerar los procesos de retorno y reubicación y en 30 días tener una respuesta a un plan de retorno acotado y una respuesta para una reubicación en Bogotá. Adicionalmente encargarse todo el tema de alimentación y el distrito seguir prestando la atención ese fallo nunca se cumplió y llegamos a este año a febrero donde el personero pone una nueva tutela debido a las condiciones de La Rioja y ahí el juez de primera instancia dice esto es cosa juzgada porque ya hay un fallo de 2023 usted lo que tiene que hacer es pedir un desacato porque ese fallo nunca se cumplió. Entonces hay que ver qué pasó con las entidades y cuál es el cumplimiento. La personería impugna ese fallo porque no está de acuerdo con quedarse únicamente con un desacato. Y ahorita nos dan una orden reciente. El 28 de mayo nos notificaron al distrito de que tiene que buscar un nuevo lugar de alojamiento para la población que está en La Rioja. Entonces estamos en ese proceso, digamos que como Bogotá somos absolutamente respetuosos de las decisiones judiciales y haremos todo para cumplir a cabalidad el fallo. Le preguntamos al doctor Romero por qué la unidad para las víctimas no cumplió el fallo? Y esto es lo que nos respondió el recién llegado a ese cargo, Rafael Romero. Me toca revisar, María Gemena, porque dentro de la información que estoy recibiendo en estos momentos, ¿qué pasa cuando se hacen este tipo de empalmes? Muchísimas veces las personas solamente entregan el empalme durante el tiempo que estuvieron en el cargo. Entonces yo en estos momentos estoy recibiendo empalme de la doctora Gloria desde el 6 de marzo al 6 de junio. Entonces no hay un empalme institucional de tiempo atrás, pero me comprometo contigo a revisar el tema, qué pudo haber pasado por el no cumplimiento de este fallo, que entre otras cosas, pues se debe de acatar como tal y se le debe de dar cumplimiento. Y si por alguna circunstancia el Estado colombiano no puede cumplir el fallo, pues es necesario por lo menos impactar de alguna manera en el fallo y de esa manera no dejar el mensaje como que ese fallo no me importó. Pero antes de hacer un poco de historia, Y no dejar el mensaje como que ese fallo no me importó. brindar medidas de inmediatez que logren mitigar el desplazamiento de la población y entonces hay que garantizarles al menos los temas de alojamiento temporal y los temas de alimentación. Lo que pasa es que de ahí no pueden pasar porque le toca a la unidad para las víctimas luego de una revisión de si esas personas desplazadas están o no incluidas en el registro único de víctimas, de empezar a trabajar la ruta para su retorno. Y ahí es donde hay un problema, de acuerdo con lo que dice aquí Isabelita Mercado. La Unidad para las Víctimas, y con todo respeto cuento esta partecita de la historia, la Unidad para las Víctimas ya se encarga ahí de las medidas de lo que se llama la ayuda humanitaria de emergencia o la ayuda humanitaria de transición. La ayuda humanitaria de emergencia y de transición también están pensadas como para contribuir a esa estabilización porque al final los componentes que incluyen es el componente de alimentación, el componente de alojamiento, la ayuda humanitaria de emergencia se da hasta por un año después del hecho victimizante y la ayuda humanitaria de transición hasta por 10 años. Digamos que justamente para ayudar a esa población que está en unas necesidades específicas, unas carencias agravadas y demás, a ayudar a estabilizarse. Entonces nosotros como distrito nos encargamos de toda esa primera parte, luego entra la nación y ya luego Bogotá vuelve a entrar cuando nos dicen esta población tiene la intención de quedarse. Por eso hablamos de la caracterización, que es al final lo que la unidad hace, que es este procedimiento tan importante que le preguntan a cada persona a usted qué quiere, quiere retornar a su territorio, quiere reubicarse en otro lugar del país o quiere integrarse localmente en la ciudad. Entonces, acá es cuando nosotros, digamos, recibimos, listo, cuántos se quieren quedar en Bogotá. Entonces, cuando arrancamos esta conversación, esta es una población que cambia mucho de intencionalidad un poco también dependiendo de los incentivos. Ah, ¿qué les van a dar? Ah, entonces, ¿cómo les van a dar subsidios? Yo me retorno. Ah, pero si veo que les van a dar carro, casa y beca en otro municipio, yo cambio mi intención. Entonces ha sido muy difícil como tener clara cuál es esa intencionalidad, pero desde Bogotá estamos montando justamente esa ruta de integración local para los que quieran quedarse en la ciudad, que eso no se había hecho. Durante la alcaldía de Claudia López las cosas no amainan, porque un grupo más numeroso de desplazados del pueblo Embera llega a sentarse en el Parque Nacional. Después de varias negociaciones se hace un acuerdo y al final de la administración de Claudio López, la Consejería de Paz acompaña casi ocho procesos de retorno, como bien lo recuerda aquí Isabelita Mercado. Pues al final la administración de Claudio López acompaña casi que ocho procesos de retorno. Entonces digamos que en esos procesos de retorno, quien lideraba la estructuración de ese plan era la Unidad para las Víctimas y Bogotá lo que hacía era acompañar y gestionar todos los temas de traslado. Entonces, por ejemplo, coordinar las jornadas de salud previamente al traslado porque cada persona tiene que irse casi que con la autorización de la Secretaría de Salud y hacer un traslado de los procedimientos que son complejos o quien esté actualmente teniendo un tratamiento para que puedan llegar y recibirlos, bien sea en Risaralda o en Chocó, en las respectivas secretarías, a organizar todos los temas de la Secretaría de Educación, porque todo niño en Vera que está en la ciudad tiene un cupo en un colegio del distrito, tiene un cupo en una ruta escolar y tiene un grupo en el programa de alimentación escolar. En la administración de Claudia se llega a un acuerdo y ubicar a parte de la población que estaba ocupando espacio. Con la unidad de víctimas. Sí, de que se fueran a la UPI La Rioja, que era una instalación del Idiprón, y a la UPI La Florida, que también era una instalación del Idiprón. ¿Cuánta gente llegó? Originalmente no sé. Hoy tenemos cerca de 1.100 personas en La Rioja, aunque tenemos casi 400 o 500 en Parque Nacional Y en La Florida no tengo el dato de cuántos llegaron originalmente Pero cuando nosotros iniciamos la administración habían cerca de 600 Hoy podemos estar hablando de cerca de 400 en La Florida Yo me imagino que en su momento se tomó la decisión de ubicarlos en esos espacios Para que no estuvieran ocupando espacio público y pudieran estar en unas mejores condiciones. Ahí de hecho arranca el distrito brindando todos los servicios. Yo quisiera recordar que la población en Vera es la única población en la ciudad que tiene una ambulancia permanente las 24 horas al día, los 7 días a la semana. en la ciudad que tiene una ambulancia permanente las 24 horas al día, los 7 días a la semana, donde se le hace valoraciones a cada una de las personas, se hacen traslados y se le hace seguimiento a los casos especiales, todos los niños y niñas tienen un cupo en un colegio, en una ruta escolar y adicionalmente en el programa de alimentación escolar, tienen un cupo en todos los jardines de integración social y adicionalmente pues la articulación para que puedan ir a los centros, a las casas de juventud, a los centros AMAR y además adicionarle al acompañamiento jurídico, la orientación jurídica y el acompañamiento psicosocial que brindamos. Y fue precisamente por cuenta de lo que pasó en esa UPI de La Rioja en Bogotá que se produjo el fallo de la Corte, en el que ese alto tribunal ordenó la reubicación urgente de la comunidad indígena en Vera, debido a las condiciones peligrosas e insalubres en las que se encontraba ese asentamiento, esa UPI de La Rioja, en Bogotá. Y se le dio un plazo de tres meses para que el distrito realizara la reubeducación, garantizando condiciones dignas y acceso a servicios básicos. Ese fallo en la primera sentencia de la Corte, la primera tutela, la pone a Tiquihua cuando estaba en el Consejo debido a las condiciones de La Rioja. Lo que ocurre en La Rioja es que no me queda muy claro cuál habrá sido la manera o el funcionamiento de la administración interior. Sé que hay un acompañamiento permanente de la Secretaría de Salud, pero no había presencia permanente al interior de La Rioja de funcionarios del distrito, cambiar, que arrancamos con este puesto de mando unificado permanente 24 horas al día, los 7 días de la semana en Parque Nacional que nos permite activar de una mejor manera rutas de prevención y protección porque lo que nos estábamos dando cuenta era que alrededor del parque había muchos riesgos y como no había presencia permanente del distrito pues eso hacía que tuviéramos alertas, bien sea porque salud se enteraba, entonces luego había que articular a la Secretaría de Integración Social, que luego llamaba al ICF, que luego llamaba a una patrulla de infancia y adolescencia, y mientras se lograba activar la ruta, pasaba mucho tiempo. Entonces lo que hicimos fue, busquemos un modelo que nos permita estar permanentemente ahí, para poder ser más eficientes activando rutas, sobre todo para prevenir riesgos y proteger a los niños y niñas en Vera. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que tampoco se cumple lo que dice el fallo. Y entonces, la concejal Atiquigua pone una tutela en el 2023, que llega a la corte y es fallada por ese alto tribunal, corte y es fallada por ese alto tribunal que le ordena de nuevo activar todos los mecanismos para que dejara de estar en ese estado de hacinamiento y de condiciones insalubres. Entonces, Atiquiwa pone una tutela en el 2023, correcto, donde al final se le ordena pues accionan a el Ministerio del Interior, el ICBF, la Alcaldía de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Integración Social, Secretaría de Educación, Salud y DIPRON y la Unidad para las Víctimas. En esa, pues obviamente habla de las condiciones de La Rioja, que es un estado de hacinamiento, condiciones insalubres, preocupación por los temas de seguridad alimentaria y demás. Y al final lo que el juez falla en esa tutela después de escuchar las intervenciones de las partes es, en primer lugar, pues declarar improcedente lo relacionado con las entidades del distrito, que era lo que tenía que ver con integración social con Edipro y demás, porque ya estaban brindando los servicios, digamos que ya eso se estaba haciendo. Y en segundo lugar, sí tutela el derecho, el juez sí tutela el derecho a la alimentación, a la salubridad, a la dignidad humana, y ahí puedo leer exactamente la orden, es que la orden a la unidad para las víctimas, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, para adoptar las medidas necesarias que garantizaran el derecho a la alimentación de la población ubicada en La Rioja por medio de bonos canjeables de comida en cadenas de supermercados para que pudieran ser redimidos a efectos de cumplir con la alimentación que antes estaba haciendo la Secretaría de Integración Social. Entonces le da la orden, la primera orden que le da es a la unidad para las víctimas de asegurarse de cumplir el derecho a la alimentación. Y en ese mismo numeral señala que le ordena a la unidad cumplir con la resolución 0027 del 2022, por la cual se adopta el protocolo de retorno a reubicación para comunidades étnicas, afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, con el fin de que quienes han tomado la decisión de retornarse, reubicarse o integrarse legalmente, lo puedan hacer bajo los principios ahí establecidos, y por ende se le concede a la unidad un término de 30 días para que proceda a dar respuestas claras de reubicación dentro de la ciudad de Bogotá, la población en vera sentada en La Rioja, a efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y demás. Esos 30 días que nosotros como distrito entendemos que la unidad se encargará de la reubicación en la ciudad mientras se daba el proceso de retorno y reubicación, es la orden que no se cumple. Y quien no la cumple es la unidad de víctimas del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Y así hemos llegado hasta el sol de hoy. ¿Y cuál es la posición que ha tomado la administración de Carlos Fernando Galán? Pues lo explica muy bien Isabelita Mercado. Y ahí lo que pasa es que entonces cuando llega la administración de Carlos Fernando Galán, llega Patricia Tobón como directora de la Unidad para las Víctimas, que también es en Vera, a intentar como organizar la casa, organizar la casa en el gobierno nacional y en el gobierno distrital, citando a todas las entidades del gobierno nacional como en unos PMUs para cumplir una serie de compromisos, porque esto no solamente son los planes de retornos vistos de manera individual y el cumplimiento de esos compromisos, sino que adicionalmente es teniendo en cuenta el auto de la Corte Constitucional, el plan de salvaguarda de la población de la comunidad en Vera en general, como articular esto. El director tiene razón en que esto no es la unidad sola. La unidad es la cabeza del Sistema Nacional de Asistencia y Atención a Víctimas del Conflicto Armado, que reúne más de 40 entidades de la nación. Pero la unidad tiene un rol de articular, coordinar, empujar y hacer que las cosas al final se cumplan y funcionen para que efectivamente se le cumpla a la población en esos planes. nos fue muy bien con Patricia. Luego llega Lilia, que no sé si recuerdan, pero Lilia lo primero que intenta hacer es decir, listo, el primer retorno va a ser el 28 de julio y el segundo, y lo que le dice al distrito es, vamos a hacer tres fases de retorno. Vamos a arrancar con Parque Nacional en julio, luego en agosto vamos a hacer Rioja, y luego vamos a hacer el mes siguiente Florida. Yo creo que era un poco sin dimensionar el problema y también entender la complejidad de tener tantos voceros de la población de La Rioja. Y acá hay algo muy importante y es que hay que tener en cuenta que cuando llegan a Bogotá empiezan a consolidarse una serie de vocerías que no son autoridades legítimas del territorio. Las autoridades del territorio son las autoridades que están en los resguardos, los gobernadores, los cabildos y demás. Acá llegan una serie de voceros como organizar un grupo de familias y se van empoderando, se van empoderando. Nosotros, de hecho, le hemos hecho la consulta al Ministerio del Interior de certifíqueme quién es un líder, porque yo al final tengo una responsabilidad con el líder y la autoridad territorial, no con acá el que se llama líder y que se entiende como líder y le parece que está embestido de todas las facultades para hacerlo. Entonces Lilia llega, esos retornos en esas fases no se dan, logramos un primer retorno de la población en el Parque Nacional, que salen del parque el 6 de septiembre, en el parque teníamos cerca de 900 personas. Se retornan 660 territorio en un modelo que nunca se había aplicado y era que por primera vez Bogotá hiciera inversiones en territorio y cerca de 220 se van albergues del distrito y albergues de la unidad para las víctimas esperando un proceso de reubicación que a la fecha no se ha dado siete meses después. Pero cuando llegamos a ese retorno, recogemos las lecciones aprendidas de estos más de 12 retornos anteriores. Y un poco como entender qué pasaba, qué funcionaba bien y qué funcionaba mal. Y ahí la unidad nos dice, yo puedo acompañar a unos, pero hay otros a los que yo no puedo acompañar porque yo ya los acompañé en un retorno. Ahí, como Bogotá, pues nosotros consideramos que esa posición de la unidad es inconstitucional porque la Corte ha dicho que un retorno se entiende fallido si no se dan las transformaciones en territorio. ¿Y quién le dijo eso? ¿Qué directora de la unidad dijo eso? Está en una resolución que la unidad creó. No sé quién fue esta idea maravillosa. Yo creo que tiene sentido en que no podemos quedarnos en unos ciclos eternos de acompañar retornos porque se vuelve un negocio, pero también creo que hay que tener mucho cuidado con las condiciones reales del territorio. Entonces ahí Bogotá dice listo. Debido a esta crisis y esta situación humanitaria, que esto es una emergencia humanitaria en la ciudad, y si esta situación humanitaria, que esto es una emergencia humanitaria en la ciudad, Bogotá va a ser el espejo de la unidad para las víctimas frente a 163 núcleos. Entonces organizamos una estructura de viola de emergencia humanitaria en que Bogotá hacía una serie de transferencias monetarias, espejo de la nación, espejo de la unidad. Y únicamente siete transferencias. Vamos cuartos, cuatro, vamos a pagar la quinta ahorita en el mes de junio. Pero un poco con un mensaje de la nación diciéndoles, nosotros apoyamos este proceso de estabilización mientras ustedes se encargan de hacer las transformaciones que son a mediano y largo plazo. Por ejemplo, generar proyectos productivos, generar soluciones de vivienda. Y la zona de Risaralda, donde está el resguardo Jitó-Cabú. Bogotá asume ese compromiso que nunca se había hecho. Digamos que revisamos además las lecciones aprendidas de Medellín, y Medellín hablamos con distintas personas de la alcaldía, y en Medellín nos decían, nosotros hemos hecho inversiones en territorio porque son problemas que son estructurales, que no se solucionan simplemente con organizando el traslado y poniendo un bulto de arena, no, son temas de fondo, entonces dijimos listo, démosle este compás de espera a la nación para que pueda hacer esas inversiones a largo plazo y acompañamos esas transformaciones. Y ahí en adelante Bogotá ha hecho cinco visitas a territorio, la sexta es mañana, que ya hay un equipo de la consejería del distrito en territorio haciéndole un seguimiento a los compromisos, porque un poco pues lo que ha pasado antes es que no se hacían seguimientos, entonces cuando menos pensaban volvió un grupo gigante y nos quedamos sin saber qué pasó, por qué no se cumplió o qué terminó pasando. ¿Cuántos hay en el Parque Nacional? ¿Cuántos hay en otras localidades de Bogotá? ¿Y en qué estado están sus moradas? Cuando inicia la administración distrital, habían 2.300 en Vera ubicados en Bogotá, que teníamos caracterizados, de los cuales cerca de 800, 900 estaban en Parque Nacional. Los demás estaban en la Upila Rioja, en la Upila Florida y ya, pues que nosotros tuviéramos conocimiento. Se da el retorno de Parque Nacional, donde salen cerca de esos 800, donde 660 son retornados y cerca de 200 están en albergues del Distrito y de la Unidad para las Víctimas, pero nos quedaba la población en La Rioja y la población en La Florida. Y esta es una población que lleva cerca de tres y cuatro años esperando que se dé su proceso de retorno, su proceso de reubicación. De hecho, parte de la población dóvida que está en La Florida, que iban a ser reubicados en un predio en Caparrapí, la unidad hizo toda la gestión y no han podido ser reubicados por resistencia de la gobernación y por resistencia de la alcaldía. De la alcaldía de... De Caparrapí. Yo sí creo que hay una cosa muy importante para decir y es que hoy la población que salió del Parque Nacional, que se retornó, no ha regresado a Bogotá. Los que están en Bogotá hoy es población que ya estaba en Bogotá o otras personas que han llegado del territorio a la ciudad. Pero yo diría que el 95% de los que retornaron siguen en territorio, porque uno de los requisitos que puso Bogotá para hacer las transferencias era que la unidad certificara la permanencia en el territorio. Esta incapacidad del Estado colombiano por orquestar con las entidades de la Alcaldía de Bogotá para que se pueda solucionar el desplazamiento de los emberas y la llegada de emberas ha creado un espacio para que entren a pescar en ese río revuelto los vivos y terminen así beneficiándose de la calamidad y del desastre humanitario que viven los emberas. Según la consejería, a lo largo de estos 15 años hay grupos minoritarios que ven en este drama un negocio, porque por un tiempo tienen asegurado alimentación y vivienda en la capital. Y esa es una de las evidencias que demuestran la urgencia que hay de que el Estado funcione como un todo y de que es necesario que exista una unidad para las víctimas capaz de hacer los traslados y no solamente de llevar a la gente, sino un Estado que permita transformar los territorios a través de obras, a través de carreteras, a través de oportunidades y sobre todo un Estado que esté basado en la construcción de paz y no en la construcción de la guerra. las autoridades, por ejemplo, los temas de venir a Bogotá, a temas de mendicidad infantil y demás, ellos lo ven como un negocio, como un trabajo, y ahí incluso en la Asamblea de la Nación en Vera de Junio del año pasado, donde estuvimos con Patricia Tobón, se le ponía la tarea al Ministerio de Justicia, al ICBF y a las autoridades de territorio de construir un protocolo frente a la ilegalidad de ese tipo de comportamientos. Hay una población que efectivamente ve un negocio y ven como una práctica venir a la ciudad, estar acá unos meses y muchos devolverse o muchos incluso pues lucrarse ese tipo de cosas. Ahora muchos también nos dicen pues yo voy a Bogotá porque en Bogotá me atienden en salud y yo estoy en un resguardo donde no llega la salud. Se han muerto cinco niños desde que salieron retornados de Parque Nacional. Pues hay unas condiciones muy complejas. Entonces muchos si vienen a Bogotá a temas de salud, a temas de trabajo y a otro tipo de cosas. Y pues verán además en quedarse de manera permanente pues un negocio para recibir nuevos subsidios. Por eso la unidad un poco dice no acompaño un retorno y no acompaño más. Que yo creo que es una posición que hasta cierto punto pues tiene sentido. Pero hay que revisar al final qué pasa en los territorios. Llegar, por ejemplo, a zona 4 del Alto Andágueda son ocho horas a pie y son caminos reales donde no, pues ni siquiera una mula puede entrar. O sea, el equipo mío que ha entrado me dicen los Emberas está en la cancha del gobierno y específicamente en la unidad para las víctimas, que como ya hemos dicho, pues ha tenido a lo largo de estos tres años y medio de gobierno, pues cerca de cuatro directores. de gobierno, pues cerca de cuatro directores. El último, que está hoy con nosotros, acaba de llegar a ese puesto y aspira a quedarse hasta que termine el gobierno de Gustavo Petro. Y según lo que él ha visto, la dificultad para que la unidad pueda cumplir con lo acordado y con lo pactado con el pueblo embera no es solamente una responsabilidad de la unidad, sino de todas las agencias que tienen presencia en los territorios, que son las que no han cumplido. Así lo explica el recién llegado director de la Unidad para las Víctimas. El día de mañana es muy clave porque ahí se va a poder hacer una radiografía de qué nos queda pendiente. Hay que comprometer mucho a las entidades del Esnaril porque hay entidades que realmente no se han apropiado de esos compromisos que están pendientes del Estado colombiano. Entonces, un ejemplo, en el tema de vivienda, pues nosotros ahí entra el Ministerio de Vivienda, en el tema de educación entra el Ministerio de Educación, etc. Si las entidades estatales trabajan de manera articulada y armónicamente, seguramente esos 388 compromisos que están desde el año 2022 se van a cumplir. Entonces, la unidad tiene la coordinación técnica del EFNARIF y lo que vamos a hacer mañana es invitarlos a que cumplamos, porque lo de mañana es una rendición de cuenta precisamente para evitar que de pronto haya otro desplazamiento hacia la ciudad de Bogotá por incumplimiento de acuerdos. acuerdos. Entonces, yo vengo con toda la disposición de trabajar, de cumplir compromisos y el día viernes lo hicimos con el colectivo Unión Patriótica. Habían unos compromisos muy pequeñitos de cumplir e inmediatamente trabajamos, organizamos y salieron muy satisfechos. Entonces, aquí me toca, y lo hice el fin de semana, llamé al ministro del interior, llamé al DPS, porque allá están esperando a los directivos, a los que toman decisiones, porque casi siempre los ministros siempre delegan a una persona y resulta que los gobernantes como que dicen, no, no, no, necesitamos a los dirigentes que tienen poder de decisión en el momento en que se hagan compromisos. poder de decisión en el momento en que se hagan compromisos. Eso frente a eso, nosotros tenemos ese reto hasta el mes de agosto para acompañar y ayudar. Ojalá, ojalá no lo cambien. Claro, no, no, no. La verdad yo no vengo a ser director por cuatro meses, tengo claro que vengo por los 14 meses que quedan del gobierno y hay que trabajar muchísimo. Hay que llamar a las entidades y decirle, por favor, ayúdeme, porque es muy complejo cuando otra entidad no se pone la camiseta y pues en últimas la unidad es la que tiene la responsabilidad y pues sí, se quedan algunos compromisos sin cumplir. Nosotros le mandamos derechos de petición a todas las entidades que firmaron un acuerdo con la población que salió del Parque Nacional. Ni siquiera nos han respondido. Hemos mandado tres insistencias. Ah, pero un momentico. Entonces, este fallo es por lo de La Rioja. Por La Rioja. Y ahora hay otra que es lo del acuerdo del Parque Nacional. Correcto. ¿Eso tampoco se ha cumplido? No. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Entonces ahí, digamos, cuando sale la población del Parque Nacional. Correcto. ¿Eso tampoco se ha cumplido? No. Entonces, ¿por qué no lo dejamos? Entonces ahí, digamos, cuando sale la población del Parque Nacional, en ese momento en Parque Nacional habían tres liderazgos, tres vocerías distintas. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo entonces ahí que coordinaba la unidad para las víctimas era que en un plazo, frente a los que querían reubicación, que en un plazo de dos meses iban a ser reubicados en otro lugar del país. Por eso digamos que Bogotá accede a brindar albergue a esa población mientras se cumplía ese término de dos meses. Pues han pasado siete meses y eso no ha sido posible. Y en segundo lugar, frente a los que salieron retornados, el compromiso de Bogotá era que asumía las garantías espejo de la Unidad para las Víctimas. Acá hemos cumplido a cabalidad cada uno de los meses las transferencias que nos tocaban. Vamos a hacer la quinta transferencia y nos faltan únicamente dos, pero habían responsabilidades de más de siete entidades de la nación. Por ejemplo, el DPS se encargaba de los proyectos productivos y adicionalmente contribuir a los temas de seguridad alimentaria. El Ministerio de Vivienda se encargaba de los temas de vivienda. Creo que lo máximo que hicieron fue una caracterización porque no lograron comprometerlos a más. En vías tenía que revisar la pavimentación, que son 20 kilómetros, no es más. Es una pavimentación de 20 kilómetros, tanto que desde Bogotá casi que les hacemos los estudios, les hicimos un costeo, le pasamos a la unidad, venga, esto le cuesta tanto, no tiene que ser una pavimentación full pereque, sino que puede ser una casa casi que placa huella, o USAID estaba en ese momento usando como una forma de pavimentar distinta con las mismas personas de la comunidad, que era como unas cosas de cemento mucho más económicas. Hablamos con Colombia Transforma incluso para entender eso, cómo funcionaba, casi que tratando de ayudar a la unidad a hacer la tarea. Venga, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, como gestiónelo así. En vías creo que no ha ido. Y CBF, lo que pasa es que el Alto Andágueda y esos resguardos tienen cuatro zonas. Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Zona 1 y zona 2 son las más fáciles de llegar, porque se puede llegar incluso en jeep. Lo que pasa con zona 3 y zona 4 es que son las más lejanas, ya hay que llegar a pie, entonces los funcionarios de la nación llegan hasta zona 1 y zona 2. Nadie llega hasta zona 4. Por eso se están muriendo los niños. Hay un fallo de tutela que he hablado porque nosotros incluso hemos mantenido conversaciones con esos voceros que retornaron el 29 de enero, yo me senté con ese grupo a recibirlos, a ver en qué iban esos compromisos y también ayudarlos a ver cómo hacemos entre todos pues que la nación cumpla, o sea, a Bogotá les interesa, a ellos les interesa, como que Bogotá no se desentendió. Y ahí lo que ellos me decían es, tenemos incluso un fallo de tutela que ordenaba crear unos puestos de salud en el Alto Andague. Y hoy el puesto de salud está. ¿Cuál es el problema? Que no hay nadie que lo atienda. Entonces es un puesto de salud que permanece cerrado. Y así las problemáticas que al final son estructurales. Y si eso no se resuelve, pues en Bogotá vamos a tener y seguramente en Medellín siempre estos fenómenos de desplazamiento masivos de esta población. En esta historia uno no sabe qué es peor, si la incapacidad del Estado por construir la paz en los territorios que está afectando tremendamente a los pueblos indígenas, como sucede en el caso de los emberas, o la incapacidad del Estado para poder armar equipo y lograr el retorno de los indígenas emberas desplazados de su territorio. En el fondo, si no transformamos los territorios, como dice muy claramente el plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, pues no va a haber ningún cambio y mucho menos se va a asentar la paz. Y la realidad es que Bogotá es una ciudad que alberga cada vez más a un número más grande de representantes del pueblo emberacativo. Según la Unidad para las Víctimas, en un censo que se hizo el 23 de agosto del 2024, en Bogotá estaban asentadas cerca de 2.221 personas de los pueblos emberacativo, emberachamí y emberadovidá, provenientes del Chocó, Rizaralda y Antioquia. Y la mayoría de esos, el 55.1% son mujeres y el 48.3% son hombres. Y ojo, el 56.3% de esa población que está sentada en Bogotá son niños, niñas y adolescentes. No obstante, como nos pasa siempre con las cifras, hay quienes sostienen que la cantidad de personas de la nación embera que viven en Bogotá podría ser mucho mayor y que la cifra real podría estar entre 4.000 y 5.000 emberas, incluyendo a familias que viven en la localidad de Ciudad Bolívar o en Soacha. El problema es que no hemos podido salir de este círculo vicioso. Cada vez hay más presencia de emberas en Bogotá. Las condiciones en las que viven son de hacinamiento. La consejería que se dedica a este tema les puede dar temporalmente alimentación y techo, pero su reubicación depende del gobierno nacional, de la unidad de víctimas. Y lo que está ocurriendo es que cada vez son menos los emberas que quieren volver a sus territorios, porque esos territorios, en lugar de haber recorrido el sendero de la paz, están volviendo a recorrer el sendero de la guerra. El desplazamiento de los indígenas emberas comenzó porque tuvieron que salir de sus territorios debido a que hay grupos armados que respaldaban proyectos económicos, querían controlar esa selva en la que ellos siempre habían vivido. Y desde entonces han estado condenados a un desplazamiento forzoso. Y pasan los años, se hacen acuerdos de paz, se habla de paz total, y la situación de los emberas no solo no mejora, sino que empeora. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán. Gracias por ver el video.